El Ejecutivo anunció la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina, operadora de Atucha I, Atucha II y Embalse. Una compañía sin déficit, clave en proyectos de avanzada mundial, será entregada al capital privado en nombre del equilibrio fiscal.
Actualidad16/09/2025
No da perdida y genera desarrollo de vanguardia
Argentina, que supo estar entre las potencias nucleares no armamentistas, pierde autonomía en un área estratégica. En los 90 el modelo era conocido: vender activos estratégicos bajo el argumento de “atraer inversiones”.
Hoy, Milei repite la fórmula con Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa que opera las centrales nucleares del país. El plan oficial contempla licitar el 44% de las acciones y reservar un 5% para los trabajadores, mientras el Estado conservará el 51% y el control formal. En los papeles, el Gobierno habla de “capital mixto”. En los hechos, significa abrir una puerta peligrosa en un área donde la Argentina es referencia mundial.
Porque Nucleoeléctrica no es Aerolíneas ni Ferrocarriles: no arrastra déficit multimillonario, no depende de subsidios crecientes ni es una caja negra. Al contrario: impulsa proyectos de vanguardia reconocidos internacionalmente, con técnicos argentinos en organismos de primer nivel y una trayectoria que colocó al país entre las principales potencias nucleares civiles del planeta.
Números maquillados, intereses reales
El relato oficial habla de “necesidad de fondos frescos” y “diversificación de riesgos”. La realidad es otra: en 2024, Nucleoeléctrica no recibió transferencias del Tesoro, a diferencia de 2023.
No es un agujero fiscal, sino una empresa que opera con cuentas equilibradas. ¿Por qué entonces privatizar? Porque en la lógica mileísta, todo lo que pueda convertirse en negocio privado debe hacerlo, incluso si eso significa entregar soberanía tecnológica.
Los recursos que se obtengan se destinarán a extender la vida útil de Atucha I y al desarrollo del Almacenamiento en Seco II, dos proyectos fundamentales. La trampa es evidente: se venden acciones de la empresa para financiar proyectos que la propia empresa podría sostener con planificación estatal. Pan para hoy, hambre para mañana.
Una joya estratégica en liquidación
El sector nuclear argentino es uno de los pocos que nos ubica en la liga mayor. No hablamos de armas, sino de capacidad científica, tecnológica e industrial. Conicet, Invap, CNEA y Nucleoeléctrica conforman un entramado que permitió diseñar y exportar reactores de investigación, formar generaciones de científicos y mantener independencia en un área crítica: la energía.
La privatización parcial de NASA implica dejar ese entramado a merced de capitales cuyo interés es la rentabilidad inmediata, no el desarrollo nacional. En paralelo, se elimina el discurso de “empresa deficitaria” como excusa: acá no hay pérdida, hay ideología de ajuste.
Vender futuro al precio de saldo
El Gobierno intenta vestir la decisión como modernización y apertura. Pero la venta del 44% de Nucleoeléctrica no es otra cosa que un retroceso histórico: se entrega participación en una empresa que no sangra fondos públicos, que es reconocida globalmente y que nos ubica entre las pocas naciones capaces de operar y desarrollar tecnología nuclear civil.
En nombre del equilibrio fiscal, Milei sacrifica una de las pocas áreas donde la Argentina no está condenada a ser “país bananero”. La paradoja es brutal: mientras repite que sueña con convertirnos en potencia mundial en 30 años, empieza liquidando una de las palancas que podrían acercarnos a ese objetivo.
La política puede tolerar ajustes, vetos y ATN. Lo que no tiene retorno es entregar soberanía tecnológica. Privatizar Nucleoeléctrica es como vender la llave de la casa para pagar la luz del mes. Un negocio inmediato, una pérdida estratégica que el país recordará por décadas.
El gobierno de Axel Kicillof anunció que puso fin a los juicios de acreedores en Nueva York y Alemania, replicando el canje de 2021. Con este paso, Buenos Aires despeja el frente judicial, refuerza su imagen de “buen pagador” y envía una señal directa a la City.
La secretaria general de la Presidencia retiró la medida que prohibía difundir audios atribuidos a su entorno, tras las críticas internacionales por censura previa. Sin embargo, aclaró que la causa penal contra periodistas por “espionaje ilegal” sigue en pie.
Con $12.500 millones en ATN girados a cuatro provincias y Martín Menem presionando a diputados díscolos, el Gobierno busca sostener los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la Emergencia Pediátrica. Afuera del Congreso, se espera una movilización multitudinaria que pondrá más fuego a la sesión.
Sin inversiones en la red en los últimos dos años, la Secretaría de Energía impulsa un plan insólito: que usuarios comerciales y residenciales ofrezcan energía de grupos electrógenos a la red y cobren por ello. Una salida “cooperativa” que expone la fragilidad estructural del sistema eléctrico.
La canasta de crianza del INDEC mostró en agosto un piso de $432.000 y un techo de $542.000 mensuales, según la edad del niño. En paralelo, en los barrios populares más de 5 millones de personas viven con agua y electricidad precarias, garrafas para cocinar y sin internet.
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La fábrica de neumáticos Pirelli ubicada en el oeste del conurbano avanzó con la reducción del 50% de uno de los tres grupos de trabajo que quedan en pie.
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La Provincia lanzó una nueva etapa de inmunización gratuita contra el dengue destinada a personas de entre 15 y 59 años, hayan tenido o no la enfermedad. En un verano que se anticipa con alta circulación del virus, el objetivo es fortalecer la prevención junto al descacharrado y la preparación del sistema de salud.