Milei le cierra la deuda a Kicillof pero Provincia es el 40% del PBI

La Casa Rosada a latigazos

La secuencia está pensada al detalle. Axel Kicillof consigue en la Legislatura bonaerense una ley de endeudamiento por hasta US$ 3.000 millones. Dentro del paquete, unos US$ 2.500 millones se destinan a refinanciar vencimientos ya existentes y un tramo adicional, de unos US$ 500 millones, apunta a obras y a darle aire financiero a la provincia en los próximos años. Para lograrlo, el gobernador negocia con radicales, sectores del PRO e intendentes de distintos espacios. Acepta la creación de nuevos cargos en el Banco Provincia y un fondo de 350.000 millones de pesos de libre disponibilidad para los municipios. Cuando la tinta de la ley todavía está fresca, llega la respuesta de la Casa Rosada: el Gobierno nacional avalará solo el roll over y bloqueará el tramo nuevo.

El Ministerio de Economía sostiene que Buenos Aires no cumple con las condiciones del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y que la provincia incrementó su gasto corriente 2,1 por ciento en términos reales en el primer semestre. Sobre esa base, Caputo argumenta que no puede permitir endeudamiento adicional porque parte de esos fondos se usarían, de manera indirecta, para financiar gastos operativos vedados por la ley. Desde La Plata retrucan con otros números. Señalan que el servicio de deuda representa alrededor del 7 por ciento de los recursos corrientes, cuando la normativa admite hasta el 15 por ciento. Aseguran que el financiamiento extra se orienta a infraestructura y que la acusación sobre sueldos del directorio del Banco y rescate de déficits municipales forma parte de una operación discursiva para justificar una decisión política ya tomada.

Lo relevante no es solo quién tenga razón en el cálculo fino. Es la lectura de poder que deja el episodio. El Gobierno nacional deja en claro que la mayoría especial que Kicillof obtuvo en la Legislatura no alcanza para garantizarle recursos. La llave final de la caja permanece en la Casa Rosada. El mensaje hacia el resto de los gobernadores también es nítido: aun con respaldo parlamentario propio, los márgenes de autonomía están condicionados por la voluntad del Ejecutivo nacional.

Una dureza fiscal que solo vale para Buenos Aires

El argumento de la responsabilidad fiscal se vuelve frágil cuando se compara a Buenos Aires con el resto del mapa provincial. El propio Ministerio de Economía elaboró un tablero donde se observa que Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut o Entre Ríos incrementaron su gasto corriente en términos reales mucho más que la provincia gobernada por Kicillof. Las subas van desde el 7,9 hasta el 32 por ciento. Todas esas jurisdicciones fueron autorizadas a tomar deuda en dólares bajo ley extranjera en los últimos meses. Ninguna recibió el bloqueo que hoy enfrenta Buenos Aires.

La asimetría es difícil de justificar en términos puramente técnicos. Si el problema fuera el crecimiento del gasto, deberían estar cuestionadas, al menos, las provincias que superan con amplitud el 2,1 por ciento bonaerense. Tampoco cierra por el lado de la sostenibilidad de la deuda. Con un ratio de servicio del 7 por ciento sobre recursos corrientes, Buenos Aires se mantiene holgadamente dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Aun así, se la somete a un filtro excepcional. La ecuación deja un resultado obvio: la dureza fiscal funciona como herramienta política sobre el distrito que pesa el 40 por ciento del PBI y cerca del 38 por ciento de la población.

En ese marco, el bloqueo del tramo adicional de endeudamiento tiene un efecto concreto. Le niega a la provincia la posibilidad de garantizarse recursos para 2026 y 2027 sin volver a la mesa de la Nación. La ley votada en La Plata preveía que una parte de los fondos pudiera ejecutarse más adelante, lo que le otorgaba a Kicillof un margen estratégico en un escenario de recesión, caída de la recaudación y conflicto social. El veto parcial recorta ese horizonte. La mecánica es simple: la Casa Rosada no discute solo cuánto puede endeudarse Buenos Aires, discute cuándo y bajo qué condiciones lo hará.

Una sociedad forzada entre Caputo y Kicillof

Detrás del intercambio de comunicados y entrevistas hay una tensión que ninguna de las partes puede llevar al extremo. Si Buenos Aires entrara en una crisis de pagos, el impacto sería inmediato sobre la reputación del país ante los mercados justo cuando Milei intenta reabrir el acceso al crédito externo. Ningún fondo distinguiría entre deuda nacional o provincial. La señal sería que la principal economía subnacional de la Argentina perdió capacidad de pago. Caputo lo sabe y por eso su presión tiene límites. Puede condicionar, puede demorar, puede recortar, pero no puede empujar al abismo a la provincia sin arrastrar consigo al propio Gobierno nacional.

Kicillof también conoce esa frontera. Por eso combina la denuncia política con la búsqueda de alternativas dentro del sistema. En público, acusa a Milei de hipócrita, señala que la administración libertaria tomó deuda con el Fondo Monetario para pagar gastos corrientes y califica al Gobierno como “endeudador serial”. Habla de “naftalina” para referirse al paquete laboral y advierte que las medidas llevan a una “metralleta de cierres y despidos”. Al mismo tiempo, evita quedar pegado a una imagen de descontrol provincial. Insiste en que su programa de endeudamiento se ajusta a la ley y se muestra dispuesto a seguir negociando.

En esa relación se configura una sociedad incómoda. El ministro de Economía y el gobernador se necesitan para evitar una crisis sistémica, pero compiten por el relato y por el control del tablero. Caputo utiliza la botonera fiscal para marcar que la última palabra siempre será suya. Kicillof intenta capitalizar la dureza selectiva para instalar la idea de que Buenos Aires es víctima de un trato discriminatorio. Ambos asumen que la disputa es de largo plazo y que se jugará, además, en el terreno electoral.

Legislaturas partidas y territorios en disputa

La historia de este conflicto no se explica solo desde los números. También se cocina en la política pura. La ley de endeudamiento dejó un dato significativo: La Libertad Avanza quedó aislada en la Legislatura bonaerense. El PRO y la UCR acompañaron el proyecto de Kicillof, luego de negociar lugares en organismos clave y un fondo para intendentes que se convierte en una herramienta electoral de primera línea. La foto de Milei, con su fuerza sola en la votación, obliga a la Casa Rosada a recuperar iniciativa por otro carril. La negativa a habilitar el tramo adicional de la deuda opera como un modo de compensar esa derrota en el plano parlamentario.

El oficialismo bonaerense, por su parte, logró sostener una unidad frágil entre camporistas, massistas y sectores propios que no siempre comparten métodos ni objetivos. Todos entendieron que el endeudamiento era una pieza central para administrar una provincia golpeada por la recesión y con demandas crecientes en seguridad, salud, infraestructura y asistencia social. La creación de nuevos cargos en el Banco Provincia irritó a una parte de la opinión pública, pero garantizó al gobernador el control de un resorte financiero clave. La Nación interpretó ese movimiento como una señal de que Kicillof no está dispuesto a resignar poder interno, aun a costa de pagar costos de imagen.

El fondo de 350.000 millones de pesos para municipios, de uso flexible, es otra variable que explica la obsesión de la Casa Rosada con el endeudamiento bonaerense. En un año donde la obra pública nacional está prácticamente paralizada, ese dinero se convierte en una rareza: recursos frescos para asfaltos, luminarias, cordones, pequeñas intervenciones que los intendentes pueden mostrar en campaña. En la mirada del equipo de Milei, cada peso que llega a los jefes comunales por la vía de la provincia alimenta una estructura política que no le responde. La austeridad se aplica, entonces, con lupa política.

El resultado es una relación atravesada por la desconfianza mutua. La Nación construye un discurso de orden fiscal que se relaja en otras provincias, pero se mantiene inflexible en Buenos Aires. La gobernación exhibe esa inconsistencia y la transforma en argumento para denunciar un hostigamiento selectivo. En el medio, millones de bonaerenses dependen de que la pulseada no cruce ciertas líneas. Ninguno de los dos jugadores principales puede admitirlo abiertamente, pero ambos saben que el margen de error es acotado.

La disputa por los US$ 500 millones vetados funciona, en esta trama, como un símbolo. Si la Nación logra mantener bloqueado ese tramo, habrá demostrado que puede recortar la autonomía financiera de la provincia aun cuando esta cumpla con los márgenes legales. Si la provincia consigue destrabarlo más adelante, habrá probado que puede construir poder pese al cerco fiscal. En cualquier caso, el episodio deja a la vista algo que excede a los nombres propios: en la Argentina actual, la discusión sobre deuda y responsabilidad fiscal se convirtió en un instrumento privilegiado para ordenar el tablero político. Y Buenos Aires, una vez más, es el escenario principal donde se dirime quién manda de verdad.

La Nación habilita solo el roll over de unos US$ 2.500 millones y bloquea el tramo extra, aun cuando el servicio de deuda bonaerense ronda el 7 por ciento de sus recursos corrientes, muy por debajo del tope legal del 15 por ciento.

Provincias con aumentos de gasto corriente de hasta 32 por ciento en términos reales accedieron a nueva deuda, mientras Buenos Aires, con una suba del 2,1 por ciento, queda sometida a un régimen de condicionalidad especial que combina disciplina fiscal y cálculo político.