El Gobierno libertario activó una carrera contra el calendario para aprobar antes de Navidad el Presupuesto 2026 y una reforma laboral de alto impacto. Con números ajustados pero favorables.
Actualidad14/12/2025
Congreso a contrarreloj
En el Congreso ya no se discuten tanto los contenidos como los tiempos. El oficialismo entendió que, en política, el reloj también es una herramienta de poder. Javier Milei decidió jugar fuerte las sesiones extraordinarias y convertir diciembre en una pista de aterrizaje exprés para dos piezas centrales de su programa: el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. La estrategia es clara: aprovechar el recambio legislativo, cerrar acuerdos con gobernadores y llegar a la sanción antes de que la conflictividad social gane volumen en la calle.
La hoja de ruta está definida. El lunes 15 de diciembre arrancan las comisiones en Diputados, con Presupuesto bajo la conducción de José Luis “Bertie” Benegas Lynch y Legislación Penal en manos de Laura Rodríguez Machado. El debate se concentrará en apenas tres días, con dictamen veloz y sesión prevista para el jueves 18. Ese mismo día, mientras la CGT convoca a movilizar a Plaza de Mayo, el oficialismo buscará mostrar orden institucional y disciplina parlamentaria.
En paralelo, el Senado ya tiene su propio cronograma. El martes 16 se reúne Labor Parlamentaria para definir comisiones y, si no hay sorpresas, el jueves la Cámara alta tratará tanto el Presupuesto como la ley de “Presunción de Inocencia Fiscal”, que eleva de manera drástica los montos a declarar para evitar delitos de evasión. El mensaje es doble: equilibrio fiscal hacia afuera y alivio impositivo hacia adentro, especialmente para grandes contribuyentes.
El dogma del superávit y el corazón de la reforma laboral
El Presupuesto 2026 mantiene la lógica presentada por Milei en septiembre. Superávit fiscal como principio rector, acumulación de reservas como exigencia internacional y concesiones puntuales a las provincias para asegurar votos. Lo que no aparece es igual de relevante: no hay fondos adicionales para universidades, salud pediátrica ni discapacidad, temas que la oposición buscará incorporar en dictámenes propios. El Gobierno apuesta a que la aritmética cierre antes de que el costo político escale.
Pero el núcleo del conflicto está en la reforma laboral. El proyecto no introduce retoques menores, sino una reconfiguración profunda del vínculo entre capital y trabajo. Habilita salarios en dólares y pagos a través de billeteras virtuales, incorpora la “negociación dinámica” atada a productividad, reduce el cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios, fija topes de actualización y permite el pago en cuotas. A esto se suma la creación del Fondo de Asistencia Laboral, financiado con un aporte del 3% del salario, compensado con menores cargas patronales.
Aquí aparece una de las contradicciones más señaladas por la oposición. Mientras el Gobierno defiende el superávit como dogma, estimaciones privadas advierten que la reasignación de aportes hacia el FAL implicaría un costo fiscal cercano a los 2.500 millones de dólares. El ajuste, en este caso, no desaparece: se desplaza.
La reforma avanza además sobre la organización del tiempo de trabajo. Se crea un banco de horas, se habilita la extensión de la jornada hasta 12 horas mediante acuerdos y se permite fraccionar vacaciones en períodos mínimos de siete días. En negociación colectiva, se elimina la ultraactividad y se establece la primacía de convenios de empresa por sobre los sectoriales, incluso si son menos favorables para el trabajador.
El capítulo sindical no es menor. Se amplía el listado de servicios esenciales y “de importancia trascendental”, restringiendo el derecho a huelga con pisos de funcionamiento del 75% y 50% respectivamente, e incluye a la educación no universitaria. Las asambleas pasan a requerir autorización del empleador y no se pagan. Los bloqueos se tipifican como infracciones muy graves. El mensaje es inequívoco: disciplinar la conflictividad antes de que escale.
La oposición, la CGT y la apuesta a dilatar
Del otro lado, Fuerza Patria entendió que no tiene margen para frenar el avance solo con votos. Su estrategia combina tres planos. Primero, dilatar el tratamiento todo lo posible para modificar la esencia de la reforma. Segundo, sensibilizar a la opinión pública y a los gobernadores, mostrando el impacto social de los cambios. Tercero, mantener abierta la vía judicial, con el antecedente fresco de la cautelar que frenó el DNU 70.
La CGT aparece como un actor renovado. Tras meses de bajo perfil, la nueva conducción decidió plantarse. Reunión de Consejo Directivo, plenario de regionales y movilización el 18 de diciembre. Para el peronismo legislativo, esa foto es clave. “Es importante que la gente vea una reacción sindical”, admiten sin rodeos. La calle funciona como argumento político para incomodar a los aliados provinciales del oficialismo.
A la vez, la oposición presentó una contra-propuesta de ocho puntos que funciona más como bandera que como proyecto viable en el corto plazo: reducción de la jornada laboral, recomposición salarial, garantías para trabajadores de plataformas, participación en las ganancias, derecho a la desconexión digital, comités de salud y seguridad y ampliación de licencias parentales. La intención es marcar contraste y correr el debate del eje costos empresariales hacia derechos laborales.
Los números, sin embargo, siguen favoreciendo a La Libertad Avanza. En el Senado, el oficialismo está a cuatro votos de la sanción. En Diputados, a dieciséis, que podría conseguir a través de alianzas provinciales.
Milei apuesta a llegar a Navidad con leyes sancionadas y el mensaje de orden cumplido. La oposición apuesta a que el tiempo juegue a su favor y que la calle haga el resto. Entre el apuro oficial y la dilación opositora se juega algo más que un paquete de leyes. Se juega la capacidad del Gobierno de imponer su agenda sin pagar un costo social inmediato. Y también la capacidad de la oposición de demostrar que todavía puede torcer, aunque sea parcialmente, el rumbo de un poder que hoy confía demasiado en el reloj y demasiado poco en el clima social que se está gestando para 2026.
La reforma laboral incluye salarios en dólares, en alimentos, indemnizaciones más bajas, banco de horas, fin de la ultraactividad y mayores límites al derecho de huelga. El oficialismo busca sanción exprés antes de fin de año.
La CGT vuelve a la calle el 18 de diciembre y la oposición evalúa judicializar la ley. Los números alcanzan a Milei, pero el riesgo es político: más flexibilización con empleo en caída.
Las compras de argentinos al exterior vía courier crecieron casi 300% en 2025 y ya suman US$694 millones. Con un tipo de cambio atrasado y controles desmantelados, el boom del comercio digital beneficia al sistema industrial extranjero, con China como principal ganadora.
El IPC de noviembre volvió a ubicarse en 2,5% y el Gobierno lo exhibe como señal de control. Sin embargo, detrás del dato conviven seis meses de aceleración inflacionaria, una industria que opera al 61% de su capacidad, 126.000 empleos fabriles perdidos y una pobreza multidimensional que ya alcanza al 67% de la población.
La cifra fue dada a conocer por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). A causa del cierre de empresas, más de 260.000 trabajadores fueron despedidos en ese período. Estos son los rubros más afectados.
De acuerdo con el informe del Centro de Economía Política Argentina, los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo revelaron un deterioro progresivo del entramado de trabajo y productivo durante los primeros dieciocho meses del gobierno actual.
El proyecto declara que los trabajadores de apps no tienen relación de dependencia. Las plataformas aplauden; los repartidores preparan la guerra. También beneficia a UBER.
En el cierre de Propymes, el CEO de Techint cuestionó con dureza la ofensiva importadora china y advirtió que la industria vive un “clima de angustia”. Mientras Milei sostiene que abrir importaciones sirve para “achatar precios”, Rocca recordó que esa apertura beneficia más al Partido Comunista Chino que a las fábricas argentinas.
El Municipio de Vicente López anunció que el próximo 15 de diciembre los trabajadores municipales cobrarán el medio aguinaldo, y junto con él recibirán un bono extraordinario de fin de año destinado a reforzar el ingreso en un contexto económico complejo.
La escena política de Tres de Febrero volvió a encenderse en los últimos días por un dato que circula con fuerza en despachos provinciales y conversaciones reservadas del PRO: la preocupación del exintendente Diego Valenzuela por la indefinición en torno al cargo nacional que —según trascendidos— le habrían prometido tras dejar su gestión local y tomar licencia en la Legislatura bonaerense.
Milei exhibe la inflación de noviembre como trofeo político, aunque el dato convive con una canasta básica que se disparó, servicios más caros y un salto en alimentos que erosiona a los sectores populares. El contraste más brutal llega por la medición multidimensional: mientras el INDEC marca 31,6% de pobres, equipos académicos advierten que la cifra real es cercana al 67%.
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Un fuerte rechazo por parte de supermercadistas, comerciantes y consumidores se desató en Pilar tras la modificación de la Tasa de Protección Ambiental, que pasó de ser un monto fijo por transacción a un recargo del 2% sobre el total de cada compra.