Por Rodrigo Lescano
A mediados del año pasado, en la planta de Lustramax del Parque Industrial de Tortuguitas, comenzó a circular el rumor de los despidos. A fines de diciembre, la patronal terminó de despejar las dudas: para no cerrar la empresa, despediría a 29 trabajadores.
El ambiente se volvió irrespirable. La angustia atravesó a cada uno de los 89 trabajadores de esta planta del mayorista dedicado a la distribución de artículos descartables para papeleras, higiene institucional y catering. A esa altura, todavía no habían cobrado una parte del aguinaldo ni un bono, y tampoco estaban al día los aportes a la obra social.
El miedo a perder el trabajo caminaba al lado, pero no marcaba el rumbo de las decisiones. Haciendo honor a la organización gremial construida a lo largo de los últimos cinco años, los trabajadores declararon el estado de alerta y asamblea permanente. A mano alzada, votaron una decisión simple y contundente: defender cada puesto de trabajo. “Si tocan a uno, tocan a todos” se convirtió en un lema de unidad. Nadie debía perder su empleo, sin importar si era efectivo o contratado.
La prueba de fuego
La unión obrera fue puesta a prueba este lunes. Trece trabajadores no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo. No había telegramas de despido. Solo el impedimento de retomar sus tareas. Estaban despedidos de hecho. La bronca estalló y los delegados convocaron a asamblea.
Reunidos en círculo, debatían qué medidas tomar. De repente, dos empleados de recursos humanos y efectivos de la Policía Bonaerense interrumpieron la reunión. Mientras uno les recordaba a los obreros que esa asamblea no estaba permitida, otro les señalaba a los uniformados quiénes eran los despedidos. Los uniformados se limitaron a decir que estaban allí para mantener el “orden”.
Los trabajadores sintieron esa acción como una intimidación. Leandro Gómez, delegado, les recordó a los representantes de la empresa y a la Policía que no podían intervenir en una asamblea y que, además, aún no se habían abonado los montos adeudados. Esa provocación desencadenó un paro total de actividades. Comenzaron una permanencia dentro de la planta por la reincorporación de los despedidos.
Ajustar al menor costo
La empresa de capitales nacionales argumenta que debe despedir trabajadores para evitar su cierre. Las desvinculaciones también alcanzarían al personal de las otras dos firmas del mayorista, Barman y Vymat. Fuentes obreras confirmaron a La Primera que, tras el retiro de uno de los socios, Lustramax inició un proceso de reestructuración que incluyó el cierre de depósitos, retiros voluntarios del personal administrativo y la acumulación de deudas con proveedores.
Para avanzar en ese plan, la firma inició un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) como vía para reducir personal al menor costo posible. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano objetó la presentación por carecer de datos económicos actualizados correspondientes a 2025 y le recordó a la empresa que, mientras dure el procedimiento, no puede avanzar con despidos.
Los trabajadores sostienen que la crisis no es real. Por un lado, remarcan que el nivel de trabajo se mantuvo. Por otro, señalan que, según el PPC presentado, en los últimos tres años Lustramax declaró un patrimonio neto acumulado superior a los $16.000 millones, con ganancias crecientes entre 2022 y 2024.
Denuncian que el PPC constituye una “estafa” en su contra y que el trasfondo sería producir y vender menos, sostener las instalaciones con una dotación mínima de operarios y avanzar en un esquema de flexibilización laboral.
Debilitar la organización
El suelo de hormigón irradiaba una temperatura que hacía más pesada la jornada. Los obreros salieron a los portones y recibieron a las organizaciones que se acercaron a solidarizarse. Momentos después, una escribana se presentó ante ellos y pidió hablar con los despedidos. Los trabajadores se negaron.
Las consecuencias no tardaron en aparecer. El gerente se acercó a los delegados Leandro Gómez y Franco Ferreyra para notificarles que estaban despedidos, sin explicar ningún motivo. Sin embargo, ambos eran conscientes del porqué.
“Todos los despidos son persecutorios y antisindicales”, afirmó Gómez. Junto a sus compañeros, en los últimos años se organizaron en asambleas para conquistar derechos que les eran negados: el pago en tiempo y forma de los salarios, jornadas laborales de ocho horas, cobertura médica, el pase a planta de contratados y la elección de delegados.
“La patronal aprovecha el avance de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei para quitarnos derechos fundamentales. Son una empresa esclavista y quieren volver a un escenario en el que no se reclame nada. De esa manera, pueden tener mayores ganancias”, señaló Gómez, reafirmando la hipótesis de que los despidos buscan debilitar la organización gremial y avanzar sobre las condiciones laborales.
El uno con el otro
Si la patronal tiene la iniciativa, los trabajadores tienen la determinación. El panorama es incierto y son escasas las garantías de que el poder político intervenga en defensa de los puestos de trabajo. Frente a ese vacío, los trabajadores solo cuentan con el uno y el otro.
Por eso, convocan a todo el personal de las otras plantas de Lustramax y al conjunto del movimiento obrero —organizaciones políticas y sociales, estudiantes, organismos de derechos humanos y a toda la comunidad— a rodear esta pelea y a no permitir que avance ningún despido.
