Avanza la privatización del agua en el Conurbano

El Ejecutivo ultima los detalles del llamado a licitación para vender el paquete accionario mayoritario de Agua y Saneamientos Argentinos. El proceso, habilitado por la Ley Bases, podría activarse en febrero y abrir la puerta al ingreso de empresas privadas en un servicio.
Actualidad16/01/2026
NOTA

Adiós AYSA

El Gobierno avanza en el proceso para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y ya ultima los detalles del pliego que habilitará a empresas privadas a competir por el paquete accionario mayoritario de la compañía. Según fuentes oficiales, el pliego de licitación estaría listo para publicarse en el Boletín Oficial en las próximas semanas, con el objetivo de concretar la convocatoria antes del fin del primer trimestre de 2026, y algunos funcionarios señalan que podría salir incluso en febrero.

AySA, empresa estatal creada en 2006 tras la rescisión de la concesión de Aguas Argentinas, presta servicios de agua potable y cloacas a más de 11 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y numerosos partidos del Gran Buenos Aires.

La privatización forma parte de las medidas impulsadas bajo la ley de Bases (Ley 27.742), sancionada en 2024. Esta norma declaró a AySA —junto con otras empresas públicas como Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos Operaciones y Yacimientos Carboníferos Río Turbio— como “sujetas a privatización”.

En ese contexto, el Decreto 494/2025 habilitó formalmente la venta del 90% de las acciones que el Estado nacional posee en AySA, mientras que el 10% restante permanece dentro del Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.

Como parte del proceso preparatorio, el Gobierno publicó el Decreto 805/2025, que actualiza el marco regulatorio de AySA y, entre otras cosas, habilita la posibilidad de cortar el suministro por falta de pago, una medida que hasta ahora no estaba permitida en la legislación anterior.

También hay un plan de transición 2024–2026 que contempló inversiones estatales por más de $753.900 millones para dejar la compañía en condiciones operativas para la futura gestión privada.

El Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) son las autoridades encargadas de supervisar que el proceso cumpla con las condiciones legales y de mercado.

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