La discusión por la nueva Ley de Biocombustibles dejó de ser un debate técnico para convertirse en una pulseada por el modelo productivo. Mientras el Gobierno nacional busca avanzar con una mayor desregulación del mercado, varias provincias comenzaron a cerrar filas ante el temor de que la reforma termine desplazando a las pymes que durante años sostuvieron la producción regional de biodiésel.
El proyecto promovido por el oficialismo modifica el régimen vigente hasta 2030 y propone extenderlo por quince años. Entre los principales cambios plantea elevar el corte obligatorio del biodiésel en el gasoil del actual nivel al 10% y aumentar el bioetanol al 15%, distribuyendo un 6% para la caña de azúcar y otro 6% para el maíz dentro del cupo inicial. Sin embargo, el punto que concentra la mayor resistencia no está en esos porcentajes, sino en la apertura del mercado a las grandes empresas integradas, capaces de producir aceite, procesarlo y comercializar el combustible dentro de una misma estructura.
La disputa por el corazón del interior productivo
Hasta ahora, el régimen había reservado un espacio para pequeñas y medianas plantas instaladas en distintas regiones agrícolas del país, favoreciendo la industrialización en origen y la generación de empleo fuera de los grandes puertos exportadores. Esa lógica podría modificarse si prospera la iniciativa oficial.
En la provincia de Buenos Aires funcionan once pymes dedicadas al biodiésel. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario advirtieron que la competencia directa con grandes aceiteras integradas podría comprometer la continuidad de esas inversiones y acelerar una mayor concentración del mercado. La preocupación no pasa únicamente por la producción de combustible: detrás de cada planta existe una red de proveedores, transportistas, talleres, comercios y empleo local que depende de esa actividad.
El mismo diagnóstico aparece en otras provincias. En San Luis, el Gobierno provincial alertó que la industria sostiene de manera directa el trabajo de más de 250 familias y dinamiza numerosas actividades complementarias. Según la administración puntana, si las nuevas reglas eliminan la protección para las plantas regionales, muchas quedarían fuera de competencia frente a empresas con mayor escala, financiamiento y capacidad exportadora.
La Pampa también expresó reparos. Allí se estima que unas 25 pequeñas empresas podrían quedar expuestas a un escenario que pondría en riesgo alrededor de cien puestos de trabajo directos e indirectos. El planteo de legisladores pampeanos apunta a establecer segmentos diferenciados para que las pymes compitan entre actores de características similares y no contra gigantes del complejo agroexportador.
En paralelo, los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora comenzaron a coordinar posiciones. Ambos acompañan la idea de ampliar el uso de biocombustibles, pero reclaman modificaciones para evitar que la apertura termine consolidando posiciones dominantes. Entre las propuestas sobresale elevar el corte del biodiésel al 15%, reservar un 40% del mercado para productores no integrados e incorporar mecanismos permanentes de control que permitan detectar prácticas anticompetitivas.
El trasfondo del debate excede largamente al biodiésel. Lo que está en discusión es qué tipo de desarrollo industrial pretende consolidar la Argentina. Si el mercado queda exclusivamente en manos de los actores con mayor capacidad económica, las pequeñas plantas del interior perderán una herramienta que durante años permitió agregar valor donde se produce la materia prima.
La paradoja es evidente. Un proyecto pensado para ampliar la competencia podría terminar reduciendo la cantidad de competidores. Y cuando eso ocurre, la discusión deja de ser energética para transformarse en una disputa mucho más profunda: quién produce, quién invierte y quién conserva el trabajo en las economías regionales.
