Choque de poderes y ajuste social
Después de la sentencia que hizo ejecutar el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para que el Poder Ejecutivo cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad dentro de las próximas dos semanas, en Casa Rosada dicen que no cumplirán con la Justicia porque “los fondos totales no están”.
En la resolución, González Charvay ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad a que, en un plazo de cinco días, “informen y acrediten con la documentación correspondiente el avance de los trámites destinados al cumplimiento de la sentencia, todo ello bajo apercibimiento de sanciones”.
Este jueves, en tanto, el ministro de Salud Mario Lugones estuvo reunido con el jefe de Gabinete Manuel Adorni en Casa Rosada por más de una hora. Si bien el titular de la cartera entró y se fue de la Casa de Gobierno sin hacer declaraciones a la prensa, cerca del Presidente aseguraron a este diario que en caso de tener que acatar sí o sí con la medida judicial lo harán con “las herramientas que tengamos”.
Es decir que están pensando, en última instancia, en “maquillar” el cumplimiento de los fallos, pero no en hacerlo como corresponde y de manera completa porque repiten como un mantra la frase: “No hay plata”. En esa línea, argumentan que también están evaluando enviar al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley para modificar la norma que ya salió y que los obliga a pagar.
Si bien el oficialismo intentó dejar sin efecto la Ley de emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario cuando el Congreso trató el Presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre, la oposición no lo permitió y excluyó el capítulo que derogaba ambas leyes aprobadas en el recinto. “En ese caso fue complejo porque se trataba de una derogación”, indican en el oficialismo y, por eso, dicen que ahora intentarían avanzar con una ley nueva.
Según la sentencia que hizo ejecutar González Charvay, si el Poder Ejecutivo no cumple con la ley que votó el Congreso en las próximas dos semanas, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y represalias judiciales.
Eso, sin embargo, no parece preocupar a los funcionarios. “Como mucho se quedarán con parte del salario de algunos funcionarios”, opinan en Balcarce 50 en un intento de restarle importancia a la decisión del Poder Judicial.
Tal como contó este diario en la nota de tapa del miércoles, la medida dictada por el magistrado indica el Gobierno deberá presentar, entre otros requerimientos: la resolución que actualiza los aranceles a los centros prestadores desde enero de 2025, el plan de pago de la compensación adeudada a los prestadores, la apertura del plan ARCA para refinanciar deudas, los nuevos valores de las prestaciones y el decreto que reglamente la Ley 27.793, que ya lleva tres meses de retraso.
Desde las organizaciones que representan a las personas con discapacidad se anticiparon a la respuesta del Gobierno y pusieron en duda que Milei vaya a respetar los fallos judiciales. Están en lo cierto, por ahora, en la Casa Rosada siguen firmes con la idea de no cumplir con lo que exigen los otros dos poderes del Estado. Y también siguen firmes con la idea de no escuchar el reclamo de las miles de familias a lo largo y ancho del país que están cobrando pensiones de menos de 300 mil pesos y necesitan de la ayuda del estado para pagar tratamientos y poder llevar adelante una vida digna.
La orden judicial
A pesar de la resistencia de Javier Milei, la Ley de Emergencia en Discapacidad deberá entrar en plena vigencia en los próximos diez días hábiles. Ese es el plazo máximo que la Justicia le impuso al Gobierno nacional para implementar la normativa que fue aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación durante el año pasado. “El 4 de febrero tiene que estar todo cumplido; si no, comenzarán a aplicarse multas diarias a los funcionarios o, incluso, podrán iniciarse causas penales por desobediencia”, destacan las familias del colectivo que presentó el amparo.
En plena feria judicial, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo ejecutar una sentencia que había dictado a fines de diciembre e intimó al Poder Ejecutivo a poner la ley en funcionamiento dentro de las próximas dos semanas. En la misma resolución, además, ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que, en un plazo de cinco días, “informen y acrediten con la documentación correspondiente el avance de los trámites destinados al cumplimiento de la sentencia, todo ello bajo apercibimiento de sanciones”. De no cumplirse, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y represalias judiciales.
“La Justicia le puso un ultimátum al Gobierno: el 4 de febrero la ley tiene que estar funcionando sí o sí, al cien por ciento. Ya llevamos más de 130 días desde que está vigente y no se cumple”, manifestó la actriz Lola Berthet, referente del colectivo, y exigió al Ejecutivo que ponga fin a las “dilaciones y las excusas”. “Ya no se aceptan más informes técnicos, como los que venían presentando hasta ahora. Esta es una intimación final”, celebró la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista.
De acuerdo con la medida dictada por González Charvay, el Gobierno deberá presentar, entre otros requerimientos: la resolución que actualiza los aranceles a los centros prestadores desde enero de 2025, el plan de pago de la compensación adeudada a los prestadores, la apertura del plan ARCA para refinanciar deudas, los nuevos valores de las prestaciones y el decreto que reglamente la Ley 27.793, que ya lleva tres meses de retraso.
Desde las organizaciones, sin embargo, ponen en duda que Milei vaya a respetar los fallos judiciales. “Va a dilatar su implementación todo lo que pueda”, advierte Lorena Aguirre, abogada y referente de la Asamblea Discas en Lucha, y anticipa que están evaluando presentar amparos colectivos en cada jurisdicción del país. “Necesitamos que todos los jueces federales cumplan con sus funciones, se expidan y sancionen al Gobierno, porque no se están respetando los compromisos internacionales. Existe un principio de no regresividad y de no discriminación que está siendo tolerado”, añade Aguirre y solicita una mayor participación de la dirigencia opositora.
