Las empresas argentinas enfrentan un escenario marcado por una demanda que se mantiene débil, una mayor competencia derivada de la apertura de las importaciones y una recuperación económica heterogénea entre sectores. El Gobierno de Javier Milei logró ordenar algunas variables macroeconómicas clave, pero ese proceso todavía no se tradujo en una cancha más nivelada para las empresas locales. En los hechos, la economía comenzó a moverse a dos velocidades: mientras algunos sectores avanzan con fuerza, otros —más ligados al mercado interno— continúan rezagados.
En ese contexto, la estructura impositiva que enfrentan las pymes permanece prácticamente inalterada, parte del denominado “costo argentino”, aun cuando el entorno en el que operan se volvió más exigente.
Es sobre ese telón de fondo que cobra relevancia un nuevo informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El Vademécum tributario argentino de pymes 2025 corrió el foco de la discusión tradicional sobre presión fiscal y puso el acento en la cantidad y complejidad de las obligaciones que debe administrar una empresa promedio.
El relevamiento muestra que una pyme argentina enfrentó el año pasado al menos 67 impuestos y regímenes a lo largo de un año. El número surge de la combinación de 37 tributos —18 nacionales, 8 provinciales y 11 municipales— y 30 regímenes de retención, percepción e información. Desde el IARAF aclaran que el estudio no mide cuánto se paga, sino cuántas obligaciones deben gestionarse, y advierten que, pese a la eliminación del impuesto PAIS en 2025, el entramado general prácticamente no se modificó.
Para el análisis, el instituto construyó una pyme modelo, organizada como sociedad de responsabilidad limitada (SRL), con empleados en relación de dependencia, establecimiento propio, flota de vehículos, consumo de servicios públicos, uso del sistema financiero y operaciones tanto en el mercado interno como en el comercio exterior. A partir de ese perfil, el informe detalla cómo la operatoria cotidiana activa múltiples tributos y regímenes administrativos.
Así, por ejemplo, la compra de insumos, la venta de productos en el mercado local y el uso de servicios básicos como electricidad, gas, agua, internet o telefonía involucran combinaciones de IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, impuesto al cheque y distintos fondos fiduciarios. A su vez, la importación de insumos y la exportación de bienes finales incorporan derechos específicos y tasas estadísticas, mientras que la tenencia de inmuebles y vehículos suma gravámenes provinciales y municipales adicionales.
La relevancia de este entramado se amplifica por el peso del segmento pyme en la economía. Según datos de Ucema, en la Argentina existen más de 515.000 pymes, que representan el 98% de las firmas empleadoras del sector formal. Estas empresas generan el 50% del empleo asalariado registrado y explican alrededor del 35% de la masa salarial formal, lo que las convierte en el principal sostén del mercado laboral privado.
