La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, consideró que la edad de imputabilidad legal debería estar "alrededor de los 12 o 13 años". Entrevistada por Paulo Vilouta en Radio La Red, aseguró que la Argentina está "rezagada" en la discusión sobre desde qué momento los niños pueden ser juzgados por sus actos, y celebró que el proyecto de ley sobre Régimen de Justicia Penal Juvenil esté en el temario de las sesiones extraordinarias que el Congreso tratará durante febrero de 2026.
La iniciativa, redactada por los ministerios de Seguridad y Justicia bajo la gestión de Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años para reemplazar la normativa vigente desde 1980, que establece que los menores solo pueden ser juzgados desde los 16. La propuesta ya tiene dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados, lo que permite su debate inmediato en el recinto tras la habilitación del Poder Ejecutivo.
"Por fin el tema de la baja de la edad de imputabilidad va a estar incluido para ser debatido; ojalá podamos lograr esa reducción, porque Argentina está rezagada en esta discusión", dijo la ministra durante la entrevista. "Excepto Brasil, que tiene prácticamente el mismo rango que nosotros, todos los demás países de la región y de Europa están entre los 12, 13 y 14 años". En ese sentido, consideró: "Ojalá logremos los 13 o 14 años como se viene planteando, aunque si me pregunta a mí, creo que debería ser incluso un poquito menos; actualmente la discusión se centra más bien alrededor de los 12 y 13 años"
La ministra argumentó que la ley actual no se ajusta a las necesidades de la época. "Nuestra normativa es de 1980 y las organizaciones criminales han mutado: hoy reclutan niños y no hemos dimensionado el impacto de esto, ya que los menores funcionan como el 'combustible' de estas bandas" , aseguró.
Y agregó: "No se trata únicamente de bajar una edad, sino de un cambio de sistema. El proyecto contempla trabajar sobre la prevención, la respuesta institucional de contención y el acompañamiento educativo obligatorio, incluyendo figuras como la del supervisor". Destacó que es un trabajo que requiere la articulación de las provincias, con el fin de desactivar organizaciones delictivas. "Vemos chicos de muy corta edad involucrados en hechos de violencia terrible", lamentó.
El Peronismo también tiene su línea dura
ergio Berni volvió a plantear una de las posiciones más controvertidas del debate penal argentino: la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, aunque no a partir de un número fijo. “Si un chico sabe lo que estaba haciendo y comprendía la criminalidad del acto, tiene que comenzar su proceso penal, independientemente de su edad”, sostuvo el senador bonaerense, quien remarcó que el objetivo tiene un solo fin: “Empezar los mecanismos de resocialización de ese menor que cayó en la criminalidad”. "Sino ese chico va a terminar matando, o va a terminar muerto en un enfrentamiento policial", advirtió
Sergio Berni es un médico, abogado y político. Fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desde 2019 hasta 2023. También fue secretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el período 2012–2015. Actualmente se desempeña como senador de la provincia de Buenos Aires por la Segunda Sección Electoral. Además de su banca en el Senado bonaerense, ejerce como rector del Instituto Universitario Politécnico Juan Vucetich.
“Mi reflexión es que hace más de 15 años que vengo pidiéndole a nuestros legisladores que es una necesidad imperiosa bajar la edad de imputabilidad. No solamente lo vengo reclamando hace más de 15 años, sino que, a partir de la incorporación de una diputada nacional de nuestro espacio político, Agustina Propato, en el 2023 ya presentamos un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. Un proyecto de ley que se caracterizó como 33-27-23. Y no solamente lo hicimos en el 2023, sino que volvimos a insistir en el 2025”, expresó.
Agrgegó, “stamos absolutamente convencidos de que hay que bajar la ley de imputabilidad. ¿Por qué hay que bajar la edad de imputabilidad? Primero, para que la gente entienda, me parece que lo importante es saber qué es la imputabilidad. La imputabilidad es la capacidad que tiene una persona de presentarse en un proceso judicial, o sea, un juicio y una sentencia. Para que eso se lleve a cabo, la persona debe comprender la criminalidad de la ley”.
Además ejemplificó que “así como un asesino serial que tiene alteraciones mentales mata 10 personas y, al momento de ser capturado, no es sometido a un proceso penal porque tiene una enajenación mental y se sobreentiende que no comprendió la criminalidad del acto, por las mismas circunstancias los menores de 18 años no atraviesan un proceso penal”.
“Entonces, punto número uno: estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad absolutamente. No solamente estoy de acuerdo, sino que ya presentamos un proyecto, no una vez, sino dos veces. pero esto no se puede llevar adelante si usted piensa que detiene un menor, lo procesa y lo deposita en la cárcel de Batán. Lejos de generar un beneficio, estamos generando más problemas. Un problema que deberíamos haber solucionado hace mucho tiempo. Entonces, a este programa o a esta ley se le corresponde también los mecanismos de resocialización que va a llevar adelante”, meditó.
El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 53/2026 la inclusión del Régimen de Justicia Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias, habilitando su tratamiento parlamentario entre el 2 y el 27 de febrero de 2026. El proyecto se diferencia del dictamen de mayoría de 2024 que fijaba el límite en 14 años, ya que propone bajar la edad de imputabilidad legal de los 16 a los 13 años. La iniciativa propone eliminar el sistema tutelar de la Ley 22.278 y establecer un proceso penal con garantías para menores, con penas máximas de 20 años y la prohibición de la reclusión perpetua.
El cronograma legislativo prevé que el debate comience en la Cámara de Diputados durante la primera semana de febrero, con la intención del oficialismo de obtener la media sanción alrededor del 19 de febrero, para luego trasladar la discusión al Senado antes del cierre del período extraordinario.
