La Casa Rosada quiere sancionar cuanto antes la modificación que otorga el control sobre zonas periglaciares a las provincias y potencia proyectos mineros bajo el RIGI, pero en Diputados no tiene garantizados los 129 votos. La concesión a dialoguistas y un peronismo partido, otra vez.
El Gobierno acelera el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, pero no tiene asegurada su aprobación. Con media sanción del Senado y fuerte presión de gobernadores mineros, La Libertad Avanza puso en marcha el cronograma en Diputados. Sin embargo, ante un escenario de números ajustados y bloques divididos, aceptó habilitar una audiencia pública antes del pase a la firma del dictamen.
La modificación es clave para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que Javier Milei definió ante la Asamblea Legislativa como “la política de desarrollo más eficaz del siglo” y que, según detalló, ya cuenta con proyectos aprobados por u$s 25.000 millones y otros u$s 45.000 millones en estudio. De los 12 emprendimientos ya aprobados, cuatro corresponden a minería en Salta, Catamarca y San Juan.
El cronograma dispuesto por el oficialismo prevé dos jornadas de debate en plenario de comisiones —Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales— los días 4 y 10 de marzo, con la intención de dictaminar el miércoles 11 y llevar el proyecto al recinto el jueves 12.
La presión de los mandatarios provinciales fue determinante. En diciembre, cuando Diego Santilli negoció con gobernadores los votos para la Reforma Laboral y el Presupuesto 2026, el compromiso incluyó acelerar la reforma de la Ley de Glaciares. Con esas iniciativas ya sancionadas, la Casa Rosada retomó el proyecto.
El texto aprobado en el Senado redefine el concepto de glaciar y ambiente periglacial, delega en las provincias la “utilización racional de los recursos naturales” y habilita que, sobre la base de estudios técnico-científicos, registren zonas en el Inventario Nacional de Glaciares. Si un área no cumple funciones hídricas, el IANIGLA podrá excluirla del inventario. Para la oposición ambientalista, ese punto abre la puerta a la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en zonas hoy protegidas.
El problema del oficialismo es aritmético. En el Senado consiguió 40 votos, apenas tres por encima de la mayoría, con el respaldo de los exgobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca), ambos peronistas de provincias mineras.
En Diputados, el escenario es más incierto. La Libertad Avanza cuenta con 95 propios y aspira a sumar radicales, Innovación Federal, el PRO y bloques provinciales. Pero no todos acompañan. En la Cámara Alta, dos de los tres senadores del PRO votaron en contra. También lo hizo Julieta Corroza (Neuquén), alineada con su gobernador, mientras que el mandatario chubutense Ignacio Torres se manifestó públicamente en contra.
El peronismo tampoco exhibe una posición homogénea. En el Senado hubo apoyos desde provincias mineras y rechazos desde sectores alineados con La Cámpora. En Diputados, el bloque que conduce Germán Martínez podría repetir esa fractura. Durante la Asamblea Legislativa, algunos legisladores de Unión por la Patria mostraron carteles con consignas como “sin agua no hay mate” y “sin agua no hay vermut”, anticipando la resistencia interna.
Sin el respaldo de Provincias Unidas y la Coalición Cívica, el oficialismo queda muy justo para alcanzar los 129 votos necesarios.
En ese contexto, el Gobierno aceptó habilitar una audiencia pública no vinculante el martes 10. El planteo fue impulsado por la Coalición Cívica y Provincias Unidas, con una nota encabezada por Maximiliano Ferraro y acompañada por Nicolás Massot, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías y Juan Brügge.
Ferraro sostuvo que “la modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales —más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua— no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”.
Los firmantes invocaron el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar participación pública en decisiones con impacto ambiental significativo. El artículo 20 de la Ley de Ambiente establece la institucionalización de audiencias para actividades que puedan generar efectos negativos sobre el ambiente.
El oficialismo inicialmente no contemplaba esa instancia. Pero ante la fragilidad numérica, resolvió incorporarla antes del dictamen previsto para el 11 de marzo.
La discusión no es solo política. El proyecto reabre la tensión entre el artículo 124 de la Constitución, que otorga a las provincias dominio sobre sus recursos naturales, y el artículo 41, que faculta a la Nación a fijar presupuestos mínimos ambientales.
La reforma aprobada en el Senado prioriza el rol provincial. Para organizaciones ambientalistas, ese cambio erosiona la protección de cursos de agua y podría derivar en planteos judiciales por regresión normativa.
Mientras tanto, la Casa Rosada busca imprimir velocidad. En las comisiones, el oficialismo tiene números para dictaminar, pero en el recinto la historia puede ser distinta. La audiencia pública aparece como un puente para retener apoyos.
El Gobierno confía en que la presión de los gobernadores mineros y el atractivo del RIGI inclinen la balanza. Pero la votación, atravesada por intereses territoriales y divisiones internas, se encamina a una definición ajustada.
