Investigación en marcha y daño político abierto
La crisis de Manuel Adorni no pasó: sigue activa, acumulando pruebas y rebotando en la agenda como un misil iraní que no para de impactar, pero tampoco se desactiva. Mientras el Gobierno intenta encapsular el daño, la investigación avanza y empieza a perforar el núcleo más sensible del oficialismo: el relato de austeridad que construyó Javier Milei como bandera.
El diputado nacional Esteban Paulón aseguró que la investigación judicial contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni avanza con nuevas medidas de prueba y advirtió que las sospechas sobre financiamiento de viajes y evolución patrimonial “golpean el corazón del discurso de austeridad” del Gobierno de Javier Milei.
El legislador socialista, uno de los denunciantes, explicó que la causa se originó a partir de “la investigación de cómo se había pagado el viaje de Adorni a Punta del Este” y señaló que en los últimos días se registraron allanamientos y declaraciones que contradicen la versión oficial.
“El piloto del vuelo de regreso declaró que Marcelo Grandío fue el que pagó los viajes, contradiciendo al propio Adorni, que había establecido que los había pagado él”, afirmó por Splendid AM 990.
Según Paulón, la pesquisa comenzó a “tirar del cordel” y podría ampliarse a otros aspectos. “La jueza María Servini decidió ceder la investigación de la denuncia por enriquecimiento ilícito al juez Ariel Lijo para acumular las causas, que ya están en la fiscalía que interviene en nuestra presentación”, detalló. También mencionó que la denuncia impulsada por Marcela Pagano se integró al expediente.
El diputado indicó que el eje inicial apunta al posible delito de dádivas. “Se investiga si aceptó el pago de pasajes y alojamiento. Él mismo dijo públicamente: ‘Me quedé en la casa de Marcelo Grandío’”, remarcó. En ese sentido, sostuvo que la ley de ética pública prohíbe a los funcionarios aceptar regalos o viajes de personas o empresas con contratos con áreas bajo su órbita.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Paulón también puso el foco en el nivel de vida del funcionario. “Creemos que es importante saber cómo una persona que declaraba que su único ingreso era el de funcionario adquirió varias propiedades, no se desprendió de ninguna, realizó viajes en aviones privados y compró pasajes en primera clase. Es bastante difícil de explicar”, expresó.
Más allá del aspecto judicial, el legislador consideró que el caso impacta en el plano político. “Es el peor daño que le podía ocurrir al Gobierno porque Adorni era la principal cara del discurso moral de austeridad”, afirmó. Y agregó: “Cuando uno contrasta ese relato con el nivel de vida y los bienes que tiene, queda al desnudo la hipocresía y la dificultad para sostener esa narrativa”.
El diputado también cuestionó la conferencia de prensa del funcionario. “No aportó ninguna prueba, no despejó dudas y hasta admitió que vive en un departamento que no había declarado. Con tres o cuatro datos podría haber aclarado la situación”, sostuvo.
Para Paulón, la situación podría afectar la continuidad del jefe de Gabinete. “Pierde la naturaleza de su rol porque el jefe de Gabinete es el fusible del presidente. Cuando no tenés autoridad para dar explicaciones, se vuelve muy difícil sostenerse”, señaló, y consideró que el Gobierno “debe estar evaluando un reemplazo”.
Finalmente, el legislador vinculó la causa con un contexto más amplio. “Se juntan denuncias de corrupción con un momento económico complejo y eso genera un escenario de debilidad institucional”, afirmó, y concluyó que el impacto “pega directamente en el relato libertario y en la autoridad política del funcionario”.
