La secuencia fue rápida y sin margen de reversa: tres ciudadanos chilenos fueron detenidos en Villa Adelina mientras intentaban robar viviendas, condenados en un juicio abreviado y expulsados del país en cuestión de días. El caso expone un esquema de respuesta coordinada entre seguridad, Justicia y Migraciones que apunta a cortar de raíz este tipo de delitos.
Luego de que tres ciudadanos chilenos fueran detenidos tras intentar cometer robos en viviendas de la localidad de Villa Adelina, ubicada en el partido de San Isidro, la Justicia resolvió que fueran expulsados del país. Tras ser sometidos a un juicio abreviado y confirmarse que su situación migratoria era irregular, los acusados fueron deportados esta semana.
Como resultado de un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Justicia y el Municipio de San Isidro, los hombres fueron echados del país apenas fueron condenados por los delitos de “tentativa de robo agravado por ser perpetrado con escalamiento y efracción”.
Los extranjeros deportados fueron identificados como Valentino Jastin Alanías González Sepúlveda, Juan Luis Wladimir López Troncoso y Byron Alexis Gallegos González, después de que fueran detenidos a mediados de febrero bajo la acusación de que intentaban robar en varias viviendas ubicadas en la zona de Villa Adelina.
A mediados de ese mes, un vecino advirtió la presencia de varias personas intentando ingresar a domicilios mediante el programa municipal “Ojos en Alerta”. Tras notificar a las autoridades, las patrullas municipales acudieron rápidamente y lograron interceptar a los sospechosos antes de que concretaran el delito.
Al momento de revisar las pertenencias de los sospechosos, las autoridades indicaron que habían secuestrado varios celulares, guantes de trabajo, un alicate y precintos, es decir, una serie de elementos que se habrían utilizado en la tentativa de robo.
A raíz de las detenciones, el Municipio de San Isidro solicitó formalmente la expulsión de los tres imputados y trabajó en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones, que emitió las órdenes correspondientes y notificó a la Justicia.
En la causa intervino el Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro, bajo la titularidad del juez Esteban Rossignoli, que calificó el expediente como “tentativa de robo agravado por ser perpetrado con escalamiento y efracción”. Durante las averiguaciones, también se constató que la situación migratoria de los tres era irregular, ya que no había registros de su ingreso al país.
Desde que fueron arrestados, los tres permanecieron bajo prisión preventiva, alojados en distintas dependencias. Según informaron las autoridades, uno de ellos estuvo en la Unidad Penitenciaria N.º 45, otro en la Unidad Penitenciaria N.º 23, y el restante en la Comisaría 1.ª de San Isidro.
La investigación fue inicialmente impulsada por la fiscal Natalia Castronovo y, posteriormente, derivada a la Fiscalía de Flagrancia, donde el fiscal Orduna solicitó la prisión preventiva y la elevación a juicio de los detenidos. Así, el pasado 4 de marzo, el fiscal Osores instó a avanzar con un juicio abreviado, solicitando una pena de un año y seis meses de prisión para cada uno de los imputados.
