Llegó con custodia cerrada y silencio pesado. Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, fue extraditado a la Argentina y quedó detenido a disposición de la Justicia Federal. Para los investigadores, no es un nombre más: es quien habría diseñado uno de los crímenes más brutales que atravesaron el conurbano en 2025.
La historia empieza en el oeste y termina en el sur. Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo fueron engañadas en Ciudad Evita, en La Matanza. Les prometieron una salida, una fiesta. Nada que encendiera alarmas. Subieron a una camioneta sin saber que ese viaje las llevaba directo a una casa en Florencio Varela, en la calle Chañar al 700. Ahí cambió todo.
Del engaño al infierno
En esa vivienda, según la reconstrucción judicial, las tres jóvenes fueron privadas de su libertad, atadas, golpeadas y sometidas a torturas. La violencia no fue improvisada. Respondía a una lógica. Una represalia vinculada al narcotráfico, ejecutada con frialdad y coordinación. El objetivo era recuperar droga presuntamente robada a la organización. El método, dejar un mensaje.
Los cuerpos fueron enterrados en el patio. La camioneta usada para el traslado apareció incendiada horas después. Pero no alcanzó. Las cámaras de seguridad siguieron el rastro. Y lo que parecía un golpe perfecto empezó a desarmarse.
La causa fue creciendo como una red. Once personas quedaron identificadas. Víctor Sotacuro Lázaro, con un rol clave en el traslado. Milagros Ibáñez, su sobrina, como apoyo. Maximiliano Parra e Iara Ibarra, señalados por limpiar la escena. Miguel Villanueva Silva, involucrado en la filmación del crimen. Matías Ozorio, mano derecha del líder. Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa. Celeste González, vinculada al alquiler de la casa. Mónica Mujica, por encubrimiento. Bernabé Mallón, alias “El Tío”, en la planificación. Y Joseph Cubas Zavaleta, con una situación judicial aún abierta. En el centro de ese entramado aparece “Pequeño J”. El que, según la hipótesis más firme, ordenó y organizó todo.
Cuando la investigación lo señaló, escapó. Cruzó fronteras, se escondió como pudo. Lo encontraron en Perú, oculto dentro de un camión de pescado, después de una comunicación que lo delató. La captura fue apenas el comienzo. Lo difícil vino después: sostener una extradición, coordinar sistemas judiciales, traerlo de vuelta.
Ahora está acá. Bajo custodia de la Policía Federal, alojado en un penal y a la espera de declarar ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón. Su indagatoria puede ordenar piezas, pero también abrir otras incógnitas. Porque la causa todavía no está cerrada y los investigadores no descartan más implicados.
El caso no es solo un expediente. Es una postal cruda del conurbano fragmentado. Un recorrido que va de La Matanza a Varela, de la promesa al horror, de la calle a una estructura criminal que opera con códigos propios. También es una pregunta abierta sobre cómo estas redes crecen, se sostienen y penetran en territorios donde el Estado llega tarde o llega mal.
La extradición de “Pequeño J” no repara nada. Pero marca un límite. Al menos, esta vez, el hilo no se cortó en la frontera. Y eso, en un escenario donde tantas veces todo queda en la nada, no es un dato menor.
