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Abuso sexual en San Isidro: concejal libertario deberá pagar $12 millones mientras avanza la causa penal
Alberto Montes, concejal de La Libertad Avanza en San Isidro, acordó una indemnización millonaria con una trabajadora municipal que lo denunció por abuso sexual. El expediente penal sigue abierto, podría llegar a juicio oral y reabre una incómoda discusión sobre los límites de la representación política, la responsabilidad institucional y los silencios del poder.
La política suele ser experta en una disciplina poco reconocida: administrar problemas hasta que dejen de ocupar los titulares. Pero hay casos que vuelven. Y cuando vuelven, suelen hacerlo peor.
Eso ocurre hoy en San Isidro con la situación del concejal libertario Alberto Montes, quien deberá afrontar el pago de 12 millones de pesos a una empleada municipal que lo denunció por abuso sexual. Lo que parecía un expediente destinado a transitar discretamente los pasillos judiciales regresó al centro de la escena tras la difusión de las imágenes registradas por una cámara de seguridad y el conocimiento público del acuerdo económico firmado entre las partes.
La secuencia ocurrió durante la madrugada de octubre de 2023 en una dependencia municipal de Boulogne. Montes todavía no había asumido como concejal, aunque ya había sido electo por La Libertad Avanza. Trabajaba entonces como inspector de tránsito. Según la denuncia, se acercó a una compañera de trabajo y la tocó sin consentimiento. La reacción de la mujer fue inmediata.
La historia judicial posterior tuvo dos carriles. Uno civil y otro penal.
Por el primero transitó el acuerdo económico. Montes aceptó resarcir a la denunciante mediante un esquema de pagos que suma 12 millones de pesos. Sin embargo, la situación volvió a tensarse cuando trascendió que existirían demoras en el cumplimiento de algunas cuotas, lo que derivó en nuevas intimaciones judiciales.
Pero el dato verdaderamente relevante para la política local es otro: el acuerdo económico no extingue la causa penal.
Porque mientras los abogados discuten montos y plazos, el expediente por abuso sexual sigue avanzando en los tribunales. La defensa intentó cerrar el caso mediante distintos planteos procesales, pero no obtuvo el resultado esperado. El proceso continúa abierto y la posibilidad de un juicio oral aparece cada vez más cerca.
El problema ya no es judicial, es político
En cualquier manual básico de supervivencia política existe una regla elemental: cuando un dirigente se convierte en noticia por razones judiciales, el problema deja de pertenecerle exclusivamente a él.
Empieza a contaminar a todo el sistema que lo rodea.
Eso es exactamente lo que ocurre en San Isidro.
La permanencia de Montes en su banca abrió una discusión incómoda para todos los espacios políticos. No solamente para La Libertad Avanza. También para el oficialismo local y para el resto de las fuerzas que integran el Concejo Deliberante.
La pregunta que empezó a circular en voz baja es sencilla: ¿cuál es el límite institucional cuando un representante electo enfrenta una causa de estas características?
Por ahora nadie parece tener una respuesta definitiva.
La oposición intentó instalar el debate sobre una eventual remoción, aunque los números del recinto muestran que ese camino aparece políticamente bloqueado. Mientras tanto, el edil continúa ocupando su banca y participando de la vida legislativa local.
La paradoja es evidente. Montes sostiene públicamente que todo derivó de una situación que intentó minimizar como una broma desafortunada. Pero las imágenes, la denuncia, el acuerdo económico y el avance judicial construyen un escenario mucho más complejo que cualquier explicación defensiva.
Cuando el costo supera a la condena
En política existe una diferencia fundamental entre inocencia judicial y costo político.
La primera la define un juez.
La segunda la define la realidad.
Y la realidad es que hoy el caso ya se transformó en un problema para el ecosistema político que rodea al concejal. Porque cada nuevo movimiento judicial reabre una discusión incómoda sobre responsabilidad institucional, coherencia discursiva y estándares éticos.
El expediente todavía no tiene sentencia. Pero la política ya empezó a emitir su propio veredicto.
Después de todo, en los territorios donde el poder se construye hablando de transparencia, mérito y ejemplaridad, hay algo particularmente difícil de explicar: por qué alguien que acordó pagar 12 millones de pesos en una denuncia por abuso sexual sigue sentado en una banca pública esperando que la tormenta pase. Y a veces la tormenta no pasa. Simplemente vuelve.
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