A 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, este martes comenzó el Juicio por la Verdad que busca reconstruir lo ocurrido durante la noche del 9 de junio de 1956, cuando un grupo de civiles fue detenido y posteriormente ejecutado en un basural de esa localidad de San Martín por fuerzas de la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu.
La primera audiencia se desarrolló en el Auditorio Hugo del Carril, un espacio cargado de simbolismo. Allí donde hoy funcionan también el Natatorio Municipal y la Escuela Municipal de Danza se encontraba el predio donde ocurrieron aquellos hechos que décadas más tarde serían reconstruidos por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, a partir del testimonio de Juan Carlos Livraga, conocido como “el fusilado que vive”.
La jornada contó con la presencia de familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos, estudiantes de escuelas secundarias del distrito y dirigentes políticos. Entre los asistentes estuvieron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis; el intendente Fernando Moreira; el diputado Rubén Eslaiman; la concejala Nancy Cappelloni y el ex diputado nacional Leonardo Grosso.
La audiencia fue encabezada por la jueza federal Alicia Vence, titular del Juzgado Federal N°2 de San Martín, quien explicó la importancia de los Juicios por la Verdad como herramientas para reconstruir hechos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos. Este tipo de procesos no tienen como finalidad dictar condenas penales, sino establecer y documentar la verdad histórica cuando ya no es posible avanzar judicialmente contra los responsables.
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la exposición del abogado querellante Alberto Pepe Palacios, representante de familiares de las víctimas y de la Comisión por la Memoria de San Martín. En su presentación sostuvo que los fusilamientos reúnen las características necesarias para ser considerados crímenes de lesa humanidad, al tratarse de acciones ilegales ejecutadas por el Estado con el objetivo de perseguir y eliminar a un sector político determinado, en este caso el peronismo. Como antecedente mencionó la Masacre de Napalpí, cuyos hechos fueron reconocidos judicialmente como crímenes de lesa humanidad en 2022.
Antes del inicio de los testimonios, Palacios dedicó unas palabras a recordar a Taty Almeida, recientemente fallecida. Según señaló, la histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo tenía previsto asistir al comienzo de las audiencias. El recuerdo fue acompañado por un prolongado aplauso de los presentes.
La primera prueba testimonial incorporada al juicio fue la de Juan Carlos Livraga. Debido a que reside fuera del país desde hace años, se proyectaron registros audiovisuales de entrevistas realizadas en los últimos años, entre ellas material producido por la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas de la provincia de Buenos Aires. Su relato constituye una pieza clave para reconstruir los acontecimientos que permitieron revelar al país la existencia de aquellos fusilamientos clandestinos.
También comenzaron a escucharse las voces de familiares de las víctimas. Alicia Rodríguez, hija de Vicente Rodríguez, recordó el impacto que aquellos hechos tuvieron en su vida y afirmó que “fue un momento que me quedó grabado para toda la vida. Espero que termine esta historia, me costó mucho. Tuve mi niñez fusilada y mi juventud fusilada”. En la misma línea, Berta Carranza, hija de Nicolás Carranza, reclamó que los hechos sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad y sostuvo que, aunque hayan pasado siete décadas, es necesario que la historia siga siendo transmitida en las escuelas y en distintos ámbitos de la sociedad para que no quede reducida al olvido.
Tras la audiencia, Katopodis destacó que “aquellos compañeros fueron asesinados por defender un proyecto de país. Pero no pudieron borrar sus ideas ni la memoria de nuestro pueblo”, y consideró que el avance del proceso judicial constituye un paso importante para seguir construyendo verdad y reparación. “Cada generación tiene la responsabilidad de defender la democracia y la justicia. Ese sigue siendo nuestro compromiso”, agregó.
Por su parte, Moreira sostuvo que “que hechos tan aberrantes sean declarados imprescriptibles es fundamental para la construcción de Memoria, Verdad y Justicia”, mientras que Leonardo Grosso señaló que los fusilados de José León Suárez “son parte de la memoria viva del pueblo peronista y de la resistencia popular”. El ex diputado afirmó que fueron perseguidos y asesinados por una dictadura que buscó disciplinar a los trabajadores y proscribir al peronismo, y consideró que, setenta años después, el juicio representa una victoria para las familias, la militancia y quienes sostuvieron durante décadas el reclamo de verdad y justicia.
Las audiencias continuarán durante los próximos días con nuevos testimonios y la incorporación de pruebas destinadas a reconstruir uno de los episodios más emblemáticos de la historia argentina. A siete décadas de aquellos hechos, el proceso judicial vuelve a poner en el centro de la escena la búsqueda de verdad, memoria y reparación para las víctimas y sus familias.
