La política económica de Javier Milei exhibe una paradoja que empieza a romper varios lugares comunes del debate argentino. Mientras el Gobierno sostiene una narrativa de ajuste, desregulación y reducción del Estado, las estadísticas muestran que el mayor crecimiento dentro del gasto social se produjo justamente en las transferencias directas a los sectores más vulnerables. Lejos de desaparecer, los subsidios sociales se fortalecieron y hoy constituyen uno de los principales amortiguadores del ajuste sobre salarios, jubilaciones y empleo.
El ajuste cambió de destinatario, no eliminó la asistencia
La evidencia disponible revela que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar fueron prácticamente las únicas prestaciones que lograron crecer por encima de la inflación durante los primeros dos años de gestión libertaria. Estudios de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI) y del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) estiman que la AUH registró una mejora real cercana al 100% entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Incluso quedó un 23% por encima del poder adquisitivo que tenía al finalizar la gestión de Alberto Fernández y alrededor de un 10% por encima del nivel alcanzado durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Ese desempeño contrasta con el resto de la economía. Mientras la asistencia social mejoró, los salarios reales perdieron capacidad de compra, las jubilaciones quedaron rezagadas frente a la inflación y el empleo formal sufrió una contracción estimada en unos 180.000 puestos durante los primeros dos años de gestión.
En 2026, la AUH ronda entre $113.000 y $141.000 por hijo, según retenciones y actualizaciones, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene valores cercanos a los $52.250 para hogares con un hijo. Ninguno de esos montos alcanza para cubrir una Canasta Básica Total, pero sí funcionan como un sostén para evitar que millones de familias caigan por debajo del umbral alimentario.
El cambio más profundo, sin embargo, no fue solamente económico sino institucional. El Gobierno avanzó en la eliminación de intermediaciones políticas, reduciendo el peso de organizaciones sociales mediante la reformulación de programas como Potenciar Trabajo y privilegiando depósitos automáticos directamente en las cuentas de los beneficiarios. Es decir, modificó la arquitectura del sistema, pero no su existencia.
La historia reciente ayuda a poner el fenómeno en perspectiva. Desde el Plan Jefes y Jefas de Hogar implementado tras la crisis de 2001, pasando por la creación de la AUH en 2009, la expansión de programas durante el gobierno de Mauricio Macri y el salto que produjo la pandemia bajo Alberto Fernández, la asistencia social nunca dejó de crecer. Lo que cambió fueron sus formatos y su volumen.
Con Milei, lejos de revertirse esa tendencia, el sistema alcanzó su mayor cobertura histórica, superando los seis millones de prestaciones. La diferencia es que ahora convive con un severo ajuste fiscal, una caída del salario real y un mercado laboral que continúa mostrando dificultades para absorber trabajadores en empleos registrados.
En términos de economía política, el Gobierno parece haber reemplazado un modelo de gasto social diversificado por otro mucho más focalizado. Reduce subsidios económicos, obra pública y programas de empleo, pero preserva e incluso fortalece las transferencias monetarias destinadas a evitar un deterioro social aún mayor.
La paradoja resulta difícil de ignorar. El mismo gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con los planes sociales administra hoy el mayor esquema de asistencia directa de la historia argentina.
