La narrativa oficial sostiene que la economía argentina atraviesa un proceso de transformación donde las empresas menos eficientes dejan lugar a nuevas inversiones. Sin embargo, los números empiezan a mostrar un fenómeno muy distinto. No aparecen firmas nuevas que ocupen ese espacio. Por el contrario, cada vez nacen menos empresas y cada vez cierran más. El resultado es una economía que se achica en lugar de renovarse.
Menos empresas, menos empleo y menos incentivos para invertir
El dato surge de un informe elaborado por C-P Consultores, que ubica la tasa de creación de nuevas empresas en niveles comparables con los registrados durante la crisis de 2001-2002. Lejos de un escenario de expansión del sector privado, el indicador refleja un deterioro de las expectativas empresariales y una marcada ausencia de nuevos proyectos de inversión.
La otra cara del problema tampoco ofrece alivio. La tasa de cierre de compañías ronda el 3,8%, un registro similar al observado durante la pandemia de 2020. Es decir, mientras cada vez menos empresarios deciden iniciar una actividad, los cierres continúan acelerándose.
Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran la magnitud del proceso. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei desaparecieron 28.262 empresas con al menos un trabajador registrado, equivalente a una caída del 5,5% del universo empresario. En paralelo se perdieron 341.396 puestos de trabajo formal.
Para C-P Consultores, estos números contradicen la idea de la denominada "destrucción creativa", el concepto desarrollado por Joseph Schumpeter según el cual las empresas menos competitivas son reemplazadas por nuevas iniciativas más eficientes. Eso hoy no ocurre. Las firmas cierran, pero no aparecen otras que ocupen ese lugar.
El fenómeno atraviesa prácticamente toda la economía. Industria, comercio, transporte, hoteles, restaurantes y servicios muestran un denominador común: menos empresas, menos inversión y menor capacidad para generar empleo registrado.
La consultora agrega otro dato relevante. Cerca del 75% del empleo formal depende de empresas que continúan operando. Sin embargo, esas mismas compañías también comenzaron a reducir personal para sostener su actividad frente a una demanda debilitada y márgenes cada vez más estrechos. El ajuste ya no pasa únicamente por el cierre de establecimientos; también ocurre dentro de las empresas que sobreviven.
La desaceleración de la inflación tampoco logró modificar este panorama. Los ingresos reales permanecen estancados, el consumo interno sigue deprimido y las expectativas de rentabilidad continúan siendo insuficientes para justificar nuevas inversiones productivas.
En ese contexto aparece otra discusión. Buena parte de la estrategia oficial descansa sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pensado para atraer proyectos de gran escala en minería, energía e infraestructura. El problema es que esas inversiones, aun cuando se concreten, difícilmente compensen el deterioro cotidiano del entramado PyME, que sigue siendo el principal generador de empleo privado del país.
La pregunta empieza a imponerse sola. Si el supuesto paraíso para la actividad privada debía traducirse en una explosión de nuevas empresas, los indicadores muestran exactamente lo contrario. Cuando abrir una empresa vuelve a parecerse al clima económico de 2001 y las persianas bajan más rápido de lo que nacen nuevos proyectos, el desafío deja de ser atraer inversiones extraordinarias. Empieza por evitar que siga desapareciendo la economía que ya existe.
