Mientras la política se esfuerza por remarcar sus diferencias ideológicas, los jubilados del oeste del Conurbano empiezan a encontrar una incómoda coincidencia.
En Tres de Febrero, gobernado por el oficialismo libertario, y en Hurlingham, administrado por La Cámpora, las decisiones vinculadas al PAMI terminan recorriendo un mismo camino: menos servicios cerca del barrio y más obstáculos para acceder a prestaciones básicas.
El cierre de la UDAI de Ciudadela representa el último capítulo de esa estrategia. La oficina de ANSES dejará de funcionar y los beneficiarios deberán trasladarse hasta Caseros para realizar gestiones que hasta ahora resolvían en su propia localidad. La medida impacta especialmente sobre personas con movilidad reducida, que muchas veces dependen del transporte privado o de familiares para concretar un trámite administrativo.
La situación no ocurre en un vacío político. El distrito está gobernado por Rodrigo Aybar, dirigente alineado con La Libertad Avanza y hombre de confianza de Diego Valenzuela. Hasta el momento, desde el Municipio no surgieron gestiones públicas para evitar el cierre de la dependencia nacional ni para amortiguar el impacto que tendrá sobre miles de adultos mayores.
Dos gobiernos distintos, una misma consecuencia
A pocos kilómetros, el escenario presenta otro color partidario, pero resultados similares. En Hurlingham continúa el proceso de desarticulación del Hospital PAMI inaugurado parcialmente durante la gestión local de Damián Selci. Las prestaciones comenzaron a derivarse hacia el Hospital de Ituzaingó, obligando a numerosos afiliados a trasladarse fuera de su distrito para recibir atención.
El cuadro se agrava con problemas que vienen denunciando pacientes y trabajadores. Médicos de cabecera que abandonan el sistema por demoras en los pagos, profesionales que pierden parte de su cartera de afiliados, prestadores que suspenden la atención y turnos otorgados con meses de anticipación que terminan cancelándose sin una nueva fecha disponible.
El dato político resulta llamativo. Selci construyó buena parte de su discurso sobre la ampliación de derechos sociales y mantiene vínculos con el liderazgo de Máximo Kirchner, mientras que referentes nacionales del PAMI durante la gestión anterior, como Luana Volnovich y Martín Rodríguez, también quedaron asociados a la estructura del organismo. Sin embargo, frente al deterioro de las prestaciones, las respuestas públicas aparecen escasas y el conflicto permanece abierto.
Las organizaciones de jubilados vienen denunciando este escenario desde hace meses. Reclaman el fin de la intervención permanente del PAMI, vigente desde hace casi cinco décadas, y proponen recuperar un esquema de conducción con representación directa de jubilados y trabajadores. También advierten sobre despidos, reducción de personal y un progresivo vaciamiento administrativo que, sostienen, termina deteriorando la calidad del servicio.
Más allá de las responsabilidades nacionales, el caso deja una enseñanza incómoda para la política territorial. En Tres de Febrero y Hurlingham gobiernan espacios que construyen buena parte de su identidad enfrentándose entre sí. Pero cuando el problema llega al PAMI, las diferencias discursivas parecen diluirse frente a un mismo silencio institucional.
La política vuelve a ofrecer una de esas paradojas que incomodan. Libertarios y camporistas se presentan como adversarios irreconciliables, pero cuando el ajuste golpea sobre el PAMI, los resultados terminan pareciéndose demasiado. ¿No será que, en los hechos, hay más puntos de coincidencia entre La Libertad Avanza y La Cámpora que en los discursos pirotécnicos con los que se enfrentan todos los días? Para los jubilados, la respuesta no está en los actos partidarios ni en los estudios de televisión.
Se mide en oficinas que cierran, hospitales que pierden prestaciones, médicos que dejan de atender y kilómetros extra para acceder a un derecho por el que aportaron durante toda una vida.
