La otra inflación: las tarifas subieron 54% y vuelven a comerse los ingresos en el Conurbano

La canasta de servicios públicos volvió a ganarle al IPC y acumula un salto del 944% desde diciembre de 2023. Transporte, luz, gas y agua presionan sobre salarios familiares, pero también sobre los costos de comercios y pequeñas empresas bonaerenses.
Región 21/08/2026

NOTA 2La economía puede estabilizarse en las planillas y seguir crujiendo en la mesa familiar. En el Conurbano bonaerense, donde millones de personas combinan salarios, changas, jubilaciones, pequeños comercios y actividades independientes para sostener sus hogares, hay un número que explica buena parte de esa contradicción: mantener encendidos los servicios básicos y poder trasladarse cuesta cada vez más. En agosto, la canasta de servicios públicos aumentó 54% interanual, veinte puntos por encima de la inflación estimada para el mismo período.

El dato surge del Reporte de Tarifas y Subsidios N°41 del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la UBA y el Conicet. Para un hogar promedio del AMBA sin subsidios, pagar electricidad, gas, agua y transporte demandó $289.622 mensuales. No hablamos de vacaciones, restaurantes o consumo suntuario. Hablamos de prender la luz, cocinar, abrir una canilla y viajar para trabajar.

La cifra ayuda a explicar por qué la denominada "microeconomía" continúa sin despegar pese a la desaceleración inflacionaria. Porque para una familia la economía no está dividida entre macro y micro: existe un único ingreso y varias manos intentando llevárselo antes de fin de mes.

La comparación desde diciembre de 2023 resulta todavía más contundente. Según el IIEP, la canasta de servicios acumuló un incremento del 944%, frente a un avance estimado del nivel general de precios del 249%. El gas natural encabezó esa carrera con 2.071%, seguido por el transporte con 1.442%, el agua con 544% y la electricidad con 501%.

Puede discutirse que las tarifas partían de valores atrasados. Es cierto. Lo que no puede omitirse es la velocidad con la que esa corrección fue descargada sobre hogares y actividades económicas cuyos ingresos no recorrieron el mismo camino.

 

El boleto se convirtió en otra tarifa pesada

El transporte explica buena parte del fenómeno. Durante agosto demandó unos $123.726 mensuales para el hogar tomado como referencia y representó el 43% de toda la canasta de servicios. En doce meses aumentó 69%, convirtiéndose en el componente que más empujó el incremento general.

En el Conurbano ese número tiene una dimensión territorial particular. Viajar no suele ser optativo. La distancia entre vivienda y empleo convierte al colectivo, el tren y las combinaciones entre distintos medios en parte del costo de trabajar. Antes de producir un peso, una porción del ingreso ya quedó comprometida simplemente para llegar.

La electricidad tampoco dio tregua: la factura estimada para un usuario N1 alcanzó $61.308 y aumentó 50% interanual. El gas llegó a $61.613, con una suba del 43%, mientras el agua representó otros $42.975 y avanzó 38%.

En agosto hubo, paradójicamente, una reducción mensual del 2,1% en la canasta. Pero no fue producto de un retroceso estructural de las tarifas, sino fundamentalmente del menor consumo estacional de gas y electricidad después del invierno. La foto mensual mejora mientras la película continúa mostrando otra cosa.

En los primeros ocho meses de 2026, los servicios públicos acumularon una suba del 57,9%, frente a una inflación estimada del 21,7%. La diferencia es demasiado grande para esconderla detrás de unas décimas del IPC.

Y existe una característica que vuelve especialmente duro este ajuste: son consumos con muy poca elasticidad doméstica. Una familia puede dejar para más adelante la compra de ropa, cancelar una salida o postergar el cambio del televisor. Tiene bastante menos margen para prescindir del agua, dejar de viajar al trabajo o vivir permanentemente sin electricidad.

 

Cuando la tarifa también entra al comercio y la pyme

El problema no termina en las viviendas. La recomposición tarifaria atraviesa la estructura productiva del Conurbano porque electricidad, gas, agua y transporte también forman parte de los costos de comercios, talleres y pequeñas empresas. Allí la factura tiene una segunda vida: primero afecta al propietario del negocio y después reaparece en precios, márgenes, decisiones de inversión o capacidad para sostener empleo.

Un almacén necesita heladeras. Una panadería necesita gas y electricidad. Un taller necesita máquinas funcionando. Una pyme industrial consume energía antes de vender su primera unidad. Cuando esos costos crecen más rápido que la demanda, la rentabilidad queda atrapada entre dos límites: trasladarlos al precio y arriesgar ventas, o absorberlos hasta donde alcance el margen.

Por eso la discusión tarifaria no puede reducirse a una pelea infantil entre "tarifas regaladas" y "precios reales". El precio económico de un servicio importa, pero también importa quién puede pagarlo, con qué ingreso y dentro de qué estructura productiva.

El propio informe del IIEP permite medir el deterioro desde otro ángulo. Los servicios representan aproximadamente el 15% de un salario registrado promedio estimado en $1.993.280. Con ese ingreso hoy pueden comprarse 6,9 canastas de servicios, cuando un año atrás alcanzaba para 8,1. Traducido del economés: las tarifas ganaron terreno frente al salario.

Actualmente los usuarios cubren, en promedio, alrededor del 55% del costo de los servicios residenciales relevados y el Estado sostiene mediante subsidios el 45% restante, aunque la cobertura varía según servicio y segmento. El ajuste, por lo tanto, tampoco terminó.

Ahí aparece el verdadero examen del programa económico. Bajar la inflación es indispensable, pero estabilizar precios después de modificar violentamente los precios relativos no devuelve por sí mismo el poder adquisitivo perdido. Para que exista recuperación, los ingresos deben volver a correr delante de los gastos indispensables y el aparato productivo necesita demanda suficiente para respirar.

En el Conurbano esa discusión no ocurre en un seminario. Ocurre cuando llega la factura, cuando se carga la SUBE, cuando un comerciante calcula cuánto necesita vender para abrir mañana y cuando una familia vuelve a decidir qué gasto puede esperar.

La macroeconomía puede exhibir orden. Pero si mantener una casa funcionando cuesta 54% más que hace un año mientras el nivel general de precios avanzó 34%, queda una cuenta pendiente. Y esa cuenta tiene una particularidad incómoda: todos los meses vuelve a vencer.

 

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