El Colegio Profesional que agrupa a los sociólogos en el ámbito de la Provincia, con sede en La Plata se reunieron para realizar una dura resolución contra las políticas educativas del Gobierno Nacional que amenazan con el cierre inmediato de las mismas.
Actualidad19/03/2024A través de una dura resolución el Consejo Directivo del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, entidad que guía la conducta y los lineamientos de sus actividades profesionales según la Ley 10.307, en su sesión ordinaria del 16 de marzo pasado “manifestó su enérgico repudio a todo tipo de políticas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional que pretendan desfinanciar, recortar y ajustar el presupuesto destinado a las universidades nacionales de la República Argentina.
La resolución lleva la firma del Lic. Alejandro Aníbal Terriles, presidente de la entidad y de su secretario el Lic. Juan Pablo Monje.
RESOLUCION CD NRO 1_2024
En efecto, la reunión del Consejo aseguró que “en vistas a que el Poder Ejecutivo Nacional ha formulado una brutal política dirigida a desfinanciar y ahogar presupuestariamente al Sistema Universitario de Gestión Estatal y que está política pone en grave peligro el pleno funcionamiento de las universidades”, manifestaron “su enérgico repudio a todo tipo de políticas implementadas desde el Poder Ejecutivo Nacional que pretendan desfinanciar, recortar y ajustar el presupuesto destinado a las universidades Nacionales de la República Argentina para el presente año”.
Además, suscribieron “adherir a todas las medidas que convoquen a la comunidad universitaria, a la defensa irrestricta de la Universidad Pública, gratuita, laica e inclusiva, formuladas desde las entidades gremiales de la docencia universitaria sin distinción alguna, así como también “apoyar y suscribir el contenido de la Declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) del 21/02/24”.
Finalmente, expresaron su “compromiso inclaudicable con los principios de autonomía universitaria, democratización del acceso a la educación superior y compromiso social y político hacia los graves problemas de la sociedad argentina”.
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La iniciativa invierte la carga de la prueba, eleva los umbrales de evasión penal y transforma el esquema tributario argentino. El oficialismo lo presenta como un acto de justicia liberal, pero la medida también reconfigura el tablero de poder entre Estado, contribuyentes y grandes evasores.
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