Desde el Congreso, buscan delimitar las facultades del Ejecutivo. También se incluyó en el temario revertir un decreto que habilita el libre canje de deuda.
Política 07/11/2024
En menos de un mes, y al interpretar que distintos artículos removidos de la ley Bases fueron posteriormente decretados por el Gobierno de Javier Milei, diputados de la oposición lograron consensuar un proyecto que reforma el actual régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que se votará en el Congreso de la Nación.
La sesión fue convocada para el próximo martes 12 de noviembre a las 15 horas y contaría con los acompañamientos de los bloques Encuentro Federal, Unión por la Patria, Democracia para siempre (radicales disidentes) y el Frente de Izquierda: si no tienen ausencias y se posicionan de forma unánime, conseguirían la mayoría parlamentaria para modificar el régimen de DNU establecido en la ley 26.122, promovida por el kirchnerismo en el 2006. Se desconoce la postura de Innovación Federal y el PRO, mientras que La Libertad Avanza rechazará la iniciativa, pero analiza pedir una sesión para el miércoles 13 con reformas electorales.
La iniciativa que obtuvo dictamen tiene tres puntos concretos: esclarecer la definición de necesidad y urgencia, que el rechazo de una de las dos cámaras resulte suficiente para revocar un DNU y establecer un período de vigencia de los decretos de hasta 90 días. Pasado ese tiempo, el Congreso deberá votar para aprobar la continuidad de las políticas y ya no para derogarlas, como ocurre en la actualidad. Este último punto es la única variación de las propuestas de los diputados Karina Banfi (UCR) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), que por el momento no se pronunciaron a favor del proyecto mayoritario.
Según un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Javier Milei es el cuarto presidente con mayor cantidad de DNUs en sus primeros nueve meses de gestión con 39 decretos, detrás de Eduardo Duhalde (78), Alberto Fernández (60) y Néstor Kirchner (51). Asimismo, fue el primer presidente al que ambas cámaras del Congreso de la Nación le derogaron un DNU: el 656/24, de fondos reservados para el Servicio de Inteligencia. La situación se podría reiterar si se avanza con la iniciativa de revocar el DNU 846/2024 de libre canje de deuda.
El 20 de septiembre, el Gobierno nacional publicó el DNU 846/2024 que flexibiliza los requisitos para realizar canje de deuda que involucren los títulos nominados en dólares con vencimientos de corto plazo. "Las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago", señala la publicación en el Boletín Oficial, que además aporta reformas en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS).
La iniciativa provocó la reacción inmediata de todo el arco peronista, que incluso convocó a una conferencia de prensa cinco días después para anoticiar su rechazo al decreto. La prioridad incluso fue expresada por Cristina Fernández de Kirchner, con terminales concretas en los dos titulares de los bloques legislativos: Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado) integraban su lista en la interna del Partido Justicialista. Incluso la estrategia para derogar el decreto fue el principal tema de agenda que tuvieron los senadores peronistas en una reunión de la bancada el pasado miércoles.
El rechazo del DNU 846/2024 fue incluido en el temario de la sesión del próximo martes y contaría también con respaldos radicales y provincialistas. Desde la oposición también buscan incluir el dictamen para tipificar casos de acoso sexual en el ámbito laboral, mientras que el oficialismo tiene tres proyectos dictaminados que desea aprobar antes de fin de año: Presupuesto 2025, Ficha Limpia y la privatización de Aerolíneas Argentinas. Sin los consensos suficientes, negocian voto por voto con los gobernadores.
Mientras el gobierno recibe respaldo financiero del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent para cumplir con el FMI, se posterga la nueva medición de inflación tras la salida de Marcos Lavagna del INDEC y avanza en el Senado un proyecto de “modernización laboral” que incluye un paquete fiscal con fuerte impacto en provincias y jubilados.
El Ejecutivo publicó el Decreto 84/2026 y puso en marcha un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, luego de que la Justicia invalidara el intento oficial de suspender la ley. La norma, firmada por Javier Milei, unifica prestaciones y fija criterios de acceso y control.
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