Por Lucila Romo *
El proyecto de desregulación impulsado por la diputada libertaria Marcela Pagano no es una iniciativa técnica ni un intento inocente de “simplificar estructuras”. Es una avanzada política que busca vaciar de legitimidad y autonomía a los colegios profesionales, en nombre de una libertad que no se sostiene ni en la práctica ni en la Constitución.
El Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Alejandro Terriles, no tardó en encender la alarma: “Estamos categóricamente repudiando esta cuestión porque es una avanzada contra el control que ejercen los colegios profesionales, creados por ley para garantizar la idoneidad en el ejercicio de las disciplinas”.
La propuesta de Pagano pretende reemplazar décadas de construcción institucional con un simple registro centralizado bajo el Ministerio de Capital Humano. Y en esa jugada, lo que se ataca no es solo la organización administrativa, sino el corazón simbólico de las profesiones: la responsabilidad social, la ética, la autonomía del saber.
“No sé si esta diputada lo conoce, si ha leído en profundidad, pero el régimen colegiado está consagrado en las legislaciones provinciales”, advierte Terriles. Y con eso, pone en evidencia algo más profundo: este intento de recentralización no solo contradice la prédica privatizadora del gobierno, sino que revela su lógica autoritaria. Porque mientras repiten mantras sobre libertad y competencia, cuando se trata del ejercicio profesional, proponen un modelo donde todo queda bajo el arbitrio de un ministerio.
Terriles lo pone en palabras concretas: “Imaginémonos este registro hipotético, alojado en un ministerio. Se le quita autonomía a las profesiones y se las somete a un control estatal centralizado”. Frente a eso, la defensa no es meramente técnica: es profundamente política.
Porque cuando se borra la figura del colegio, lo que se borra es la capacidad de regularnos con criterios éticos propios, de establecer códigos entre pares, de actuar con responsabilidad ante una sociedad que necesita saberes comprometidos. “Nuestra función principal es resguardar el ejercicio profesional con idoneidad, responsabilidad social y prácticas reguladas por los códigos de ética de cada disciplina”.
Esa es la trinchera que no estamos dispuestos a ceder. Esa es la palabra que no se entrega, porque no es decorado ni burocracia: es bien público. La contradicción más grotesca del oficialismo queda al desnudo en este punto. “Promueven la gestión privada en casi todos los ámbitos, pero aquí proponen lo contrario: recentralizar el control en el Estado”, dice Terriles, y deja a la vista el verdadero plan: debilitar a los que aún piensan por fuera de la lógica del capital.
Ni lentos ni solos, los colegios de distintas disciplinas salieron a marcar el límite. “Este proyecto ha logrado unificar a colegios profesionales, disciplinas académicas y científicas en un extraordinario posicionamiento de oposición y repudio”. Y en esa unión, en esa defensa coral, aparece lo más poderoso: la conciencia de que sin marco ético, sin comunidad profesional organizada, no hay ciencia que resista, no hay intervención que se legitime, no hay palabra que pese. Por eso este no es un debate administrativo. Es una advertencia. Es un acto de defensa civil. Porque si dejamos caer esto, lo que viene no es libertad. Es silencio. Y nosotros —los profesionales sociales— trabajamos con la palabra. Y no la vamos a entregar.
Lic en Comunicación Social.
