La Justicia investiga a un laboratorio de San Isidro por falsificar documentos para importar fentanilo que terminó matando.
Región 06/08/2025
El silencio en las terapias intensivas pesa más que el bip del monitor. Pero cuando un medicamento destinado a calmar el dolor se vuelve veneno, ni el silencio alcanza para tapar la tragedia. El fentanilo contaminado ya se cobró 74 vidas en hospitales públicos y privados del país. Detrás de esas muertes hay algo más: un laboratorio en el conurbano, documentación trucha y un sistema de control que falló donde más debía estar.
La mayoría de los casos se registraron en Buenos Aires y Córdoba, pero hay víctimas que todavía no aparecen en los registros. La cifra negra —lo no denunciado, lo no ingresado al sistema— empieza a emerger. El Juzgado Federal N°3 de La Plata sumó 20 muertes más a la causa, todas vinculadas al mismo lote de ampollas fabricadas en diciembre.
El lote contaminado, identificado como 31.202, contenía 154.530 ampollas. Hasta ahora, unas 64.000 fueron localizadas y bloqueadas. Pero más de 90.000 dosis siguen sin rastro claro. El Ministerio de Seguridad y la ANMAT activaron protocolos para evitar nuevos casos, pero la pregunta es si no llegaron tarde.
La investigación apunta a HLB Pharma Group, cuya sede está en San Isidro. Desde allí se fabricó y distribuyó el fentanilo a través de la planta Ramallo S.A. y la droguería Alfarma. El empresario Ariel García Furfaro fue denunciado por presentar documentación falsa para renovar el permiso de importación del opioide. El certificado de habilitación municipal, clave en el trámite, era trucho.
La causa quedó en manos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuan. Hay 24 personas bajo investigación, entre directivos, familiares y personas cercanas al empresario. Tienen bienes embargados y prohibición de salir del país. El eje es determinar si hubo dolo, negligencia o encubrimiento.
Mientras tanto, la muerte avanza por los márgenes. Giovanni, un bebé de tres meses, fue sedado con fentanilo contaminado en Córdoba y hoy pelea por su vida. Una médica denunció que se sabía del peligro desde mayo. Que nadie escuchó. Que los controles fallaron.
Este caso expone algo más profundo que una cadena de errores. Muestra cómo la desigualdad atraviesa hasta el último resorte del sistema. En los barrios, nadie pregunta de qué laboratorio es un medicamento. Se confía, se espera lo mejor, se reza. Pero si lo que debía calmar el dolor termina sembrando muerte, el problema no es solo una ampolla: es todo lo que la rodea.
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