El juez Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de bienes y criptoactivos del empresario Hayden Davis, creador de $Libra, y de sus presuntos intermediarios. Las pruebas avanzan, la investigación en Estados Unidos se reactiva y el caso amenaza con convertirse en un nuevo frente judicial para Javier Milei.
Actualidad11/11/2025
El universo libertario tiene una máxima: “el mercado se regula solo”. Pero el mercado, cuando huele sangre, no perdona. Y esta vez la justicia tampoco. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el congelamiento total de los activos del empresario cripto Hayden Davis, cerebro detrás del token $Libra, y de sus socios operativos, Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. La medida golpea de lleno al corazón del proyecto cripto que el propio Javier Milei promocionó en sus redes, y que hoy está bajo sospecha de haber sido una estafa de más de 120 millones de dólares.
La cautelar, solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, fue respaldada por un informe técnico del Ministerio Público Fiscal que rastreó movimientos de billeteras virtuales, transferencias y conversiones a dinero fiduciario en distintos exchanges internacionales. El circuito es tan claro como incómodo: Davis y sus intermediarios habrían actuado como “rampas de salida”, transformando criptoactivos en efectivo y girando fondos a cuentas asociadas a los primeros imputados, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos nombres con terminal política y presencia en los eventos tecnológicos donde el Presidente hizo su desembarco digital.
La traza digital, en este caso, no deja lugar a metáforas: 42 minutos después de que Milei publicara su selfie con Davis en la Casa Rosada, se registró una transferencia de 507.500 dólares en la plataforma Bitget. No fue una coincidencia temporal: fue un movimiento financiero sincronizado con una foto política.
De la selfie al expediente
La justicia argentina avanza, pero el frente más peligroso para el Presidente se cocina fuera del país. En Nueva York, los abogados de los inversores estafados ampliaron la demanda colectiva contra Davis y su entorno, acusados de montar una “fábrica de fraude” que sedujo a miles de pequeños inversores con promesas de rentabilidad y respaldo estatal.
El giro político lo aportó el contexto: el nuevo alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, no tiene vínculos con el trumpismo y podría dejar correr la investigación sin los blindajes que solían frenar las causas con resonancia política internacional. En el tablero norteamericano, golpear a Davis implica dañar, indirectamente, la credibilidad de Donald Trump, que había respaldado públicamente el proyecto. Por extensión, también salpica a Milei, su aliado ideológico y fotográfico.
El escenario judicial se endurece. La Comisión Investigadora del Congreso argentino incorporó pruebas sobre el flujo de fondos entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. Se detectaron transferencias por más de 4 millones de dólares a cuentas vinculadas a los operadores locales del token, y un contrato preliminar que otorgaba a Davis la representación “exclusiva” del Estado argentino en temas de blockchain e inteligencia artificial.
Las coincidencias temporales entre los desembolsos, los viajes de Davis a Buenos Aires y las reuniones oficiales con el entorno presidencial son, para los fiscales, algo más que una serie de casualidades. El informe preliminar habla de “movimientos sistemáticos orientados a eludir el control estatal y consolidar beneficios económicos indebidos bajo apariencia de cooperación tecnológica”.
Cuando el mercado se regula con esposas
El caso Libra desnuda una ironía estructural: la estafa libertaria, financiada por quienes creyeron en la utopía del mercado sin Estado. La caída del token, que arrastró los ahorros de más de 140 mil usuarios, mostró que incluso las promesas de descentralización terminan pidiendo auxilio a los tribunales. La tecnología blockchain no elimina la política: la vuelve rastreable.
En el Congreso, la tensión crece. La oposición impulsa una ampliación del expediente para determinar si existió mal desempeño presidencial en el aval público a Davis. El oficialismo intenta desactivar la ofensiva calificándola de persecución ideológica, pero la estrategia se complica cuando las pruebas viajan encriptadas y aparecen en exchanges extranjeros.
En el Palacio de Tribunales, la sensación es que el caso dejó de ser una curiosidad tecnológica. Lo que empezó como una estafa cripto se convirtió en una trama de poder, dinero y vínculos presidenciales. Y si algo enseña la historia argentina es que los experimentos financieros, cuando estallan, no lo hacen en la nube: caen sobre la política.
La justicia avanza, el mercado observa y el Gobierno guarda silencio. Quizás porque en este capítulo del liberalismo criollo, el “no innovar” judicial suena demasiado parecido a un “no escapar”.
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