El gobernador bonaerense pidió una audiencia formal al ministro del Interior, Diego Santilli, para discutir la deuda que la Nación mantiene con la provincia y las obras paralizadas desde diciembre de 2023. El reclamo es técnico, pero también político: Buenos Aires concentra el 40% de la población y la mitad del PBI.
Región 13/11/2025
Axel Kicillof no habla al aire. Cuando exige que la Nación se siente a discutir los 13 billones de pesos que la Provincia reclama, lo hace con la precisión de quien conoce cada expediente y, sobre todo, con la conciencia del peso político que representa Buenos Aires. No es un grito, es una advertencia: no se puede gobernar la Argentina ignorando al territorio que produce el 50% de la recaudación nacional y alberga al 40% de la población.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue quien firmó la nota dirigida al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, solicitando una audiencia formal. En ese documento, la Provincia reclama el reintegro de fondos que estaban establecidos por ley, no por discrecionalidad, y la reanudación de más de mil obras paralizadas en todo el territorio bonaerense.
La carta, que Bianco difundió en sus redes, tiene el tono de una gestión institucional, pero la lectura política es inevitable. Santilli asume como operador clave del Gobierno nacional para tejer acuerdos con las provincias y, a la vez, garantizar la viabilidad de las reformas estructurales que Javier Milei quiere imponer en el Congreso. El problema es que esas reformas necesitan de los votos de gobernadores que hoy no figuran en la lista de “aliados”.
Santilli, el operador del presidente no mira a PBA
En su nueva etapa, Santilli debutó con una consigna: negociar sí, pero solo con los que acompañan el programa libertario. La moderación que mostró durante su paso por la política bonaerense se diluye frente a su nuevo rol de “mediador condicionado”. Antes de asumir ya había deslizado su postura: la relación con Kicillof dependerá de cuánto acompañe las reformas laborales, fiscales y penales de Milei. En criollo, si no votás conmigo, ni sueñes con fondos.
El bonaerense no tardó en responder. “No vamos a acompañar leyes espantosas”, dijo Kicillof, en referencia directa a los paquetes de reformas que el oficialismo pretende llevar al Congreso antes de fin de año. En su entorno lo resumen con una frase que mezcla pragmatismo y advertencia: “Negociar sí, entregar la Provincia no”.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior se reconfigura. Santilli busca recuperar áreas que antes dependían de Jefatura de Gabinete y de Seguridad, en una jugada que lo devuelve al centro del tablero. El control del RENAPER volvería a su órbita, mientras Migraciones permanecerá bajo la conducción de Patricia Bullrich, su vieja rival interna en el PRO. La escena es reveladora: el Gobierno nacional intenta centralizar poder mientras mantiene viva la interna amarilla.
Las primeras giras de Santilli serán con gobernadores afines. Entre Ríos, Mendoza y Corrientes ya figuran en la agenda de su “tour del consenso”, aunque se trata de acuerdos previsibles. Lo que todavía no está claro es cuándo se animará a encarar la foto con Kicillof, un interlocutor inevitable para cualquier intento serio de estabilizar el país.
En la lógica de Milei, el diálogo con la Provincia se mira como un costo político, no como una necesidad. Pero los números no mienten: Buenos Aires concentra casi la mitad de las industrias activas del país y más del 45% del consumo interno. Si la Casa Rosada decide ignorar ese dato, el ajuste se convertirá en asfixia.
Detrás del reclamo bonaerense también hay algo más profundo. Kicillof busca posicionarse como el contrapeso institucional de Milei: un gobernador que defiende la gestión, los recursos y la infraestructura frente a un gobierno que hizo bandera del recorte. Es una pulseada entre la lógica del Excel y la del territorio.
Las obras que quedaron en pausa
Entre los proyectos detenidos hay rutas, hospitales, redes de agua potable, viviendas y escuelas. Mil obras en distintos grados de ejecución que quedaron abandonadas en diciembre de 2023, cuando Milei frenó la inversión pública. La mayoría, conveniadas entre Nación y Provincia, tienen financiamiento internacional vigente y podrían reactivarse sin costo adicional para el Tesoro.
El caso más emblemático es el Sistema Agua Sur, que debería mejorar el abastecimiento de agua en el Conurbano. La obra está financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), pero el Gobierno nacional interrumpió las transferencias. Kicillof quiere que, si la Nación no la ejecuta, al menos autorice a la Provincia a hacerlo con los fondos disponibles.
El reclamo bonaerense no es aislado. Intendentes de distintos signos políticos se suman a la presión. En los distritos del sur del Conurbano, donde el acceso al agua y al saneamiento sigue siendo una deuda estructural, cada obra frenada es un problema social y sanitario.
En paralelo, Santilli intenta mostrarse como un interlocutor racional. Promete diálogo y se saca fotos con gobernadores aliados, pero la política no se mide en sonrisas: se mide en transferencias. Y mientras el ministro recorre provincias con la libreta de acuerdos en la mano, Kicillof acumula facturas pendientes.
En la práctica, el enfrentamiento entre ambos sintetiza el dilema de Milei. El presidente necesita un operador capaz de construir consensos, pero su programa económico los destruye. Y ahí aparece el punto ciego: no hay ingeniería política posible que sostenga un modelo que deja a la mitad del país fuera de la ecuación.
La pulseada recién empieza. Bianco seguirá insistiendo con la reunión, y Santilli medirá los tiempos de la respuesta. En los pasillos de Gobernación lo tienen claro: si el Gobierno nacional no habilita la negociación, la batalla se mudará a la Corte.
Y en ese escenario, el costo ya no será solo económico. Será político. Ignorar a Buenos Aires sería como intentar sostener una mesa con una pata menos. Y la historia argentina tiene suficientes ejemplos de lo que pasa cuando el poder central decide hacerse el sordo con la provincia más grande del país.
GRAY Y LAS OBRAS ESTRATÉGICAS EN EL CONURBANO
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se sumó al reclamo bonaerense con una advertencia concreta: muchas de las obras frenadas son “estratégicas y de alto impacto social”, entre ellas el Sistema Agua Sur, que debía abastecer a millones de vecinos del Conurbano Sur.
“El Gobierno nacional debe traspasar la obra pública que ellos mismos paralizaron, para que la Provincia pueda terminarla”, señaló Gray, visiblemente molesto por el freno que dejó inconclusas tareas de AySA en la región.
El Sistema Agua Sur —una obra de ingeniería financiada por la CAF— permitiría que el agua del Río de la Plata llegue a Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría, a través de un acueducto subterráneo que ya está construido en un 60%.
Gray subrayó que el crédito internacional sigue vigente y puede ser utilizado. “Si Milei insiste en no retomar los trabajos, aún con el crédito disponible, que al menos permita que lo haga la Provincia”, insistió.
La posición del jefe comunal no es aislada. Otros intendentes del Gran Buenos Aires comparten el diagnóstico: cada obra frenada no solo corta empleo local, sino que interrumpe servicios básicos. En zonas donde el acceso al agua y al saneamiento todavía son un lujo, detener el Sistema Agua Sur equivale a desandar una década de avances. Gray cerró su reclamo con una frase que resonó en los pasillos bonaerenses: “No se puede hablar de eficiencia mientras se deja sin agua a medio Conurbano”.
La Provincia reclama 13 billones de pesos en fondos paralizados por la Nación y la reactivación de mil obras en todo el territorio bonaerense.
Santilli, flamante ministro del Interior, deberá decidir si juega al diálogo o a la obediencia ciega con Milei. Ignorar a Buenos Aires no es opción.
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