El fallo confirmó que el ex presidente favoreció a su amigo Héctor Martínez Sosa con un esquema que concentró comisiones millonarias gracias a un decreto presidencial.
Actualidad19/11/2025
La Cámara Federal lo dejó a un paso del juicio oral
La relación personal, los mensajes privados y las pruebas económicas sostienen la acusación por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes.
La causa de los seguros volvió a colocar a Alberto Fernández en el centro de la escena, pero esta vez no desde la política, sino desde Comodoro Py. La Cámara Federal confirmó su procesamiento y lo dejó en condiciones de enfrentar un juicio oral por una maniobra que mezcló poder político, relaciones personales y negocios privados. El fallo deja escrito algo que en la rosca se comentaba en voz baja: el presidente no solo firmó un decreto cuestionado, también habilitó un circuito de favores que benefició directamente a su amigo, el broker Héctor Martínez Sosa.
El corazón del caso es el decreto 823 del 2021, mediante el cual todos los organismos estatales quedaron obligados a contratar seguros con Nación Seguros. Ese movimiento administrativo, aparentemente técnico, abrió una puerta gigantesca. Martínez Sosa terminó recibiendo casi el sesenta por ciento de las comisiones pagadas por la aseguradora estatal. Más de dos mil doscientos millones de pesos que se repartieron en un esquema que la Cámara describe como un incremento abrupto y directamente vinculado al ascenso político de Fernández.
Los jueces Irurzun, Boico y Farah destacaron que el mecanismo no surgió de un día para otro. Identificaron vínculos previos entre el broker, su esposa María Cantero y el presidente. Cantero, secretaria privada de Alberto, aparece en mensajes donde habla de tranquilidad porque tenían un amigo en la Casa Rosada. No se trata solo de una frase cariñosa. Es una ventana al modo en que esa relación impactaba en decisiones públicas.
El fallo señala actividad comercial compartida, deudas personales, favores y un acceso privilegiado a la estructura presidencial que permitió gestionar reuniones, acelerar trámites y multiplicar contratos. Para los jueces, esa combinación demuestra que el presidente cumplió un rol activo y decisivo en la maniobra. No fue omisión, fue intervención.
La defensa intentó frenar el avance del expediente argumentando que faltaban pruebas y que era necesario ampliar la investigación. La fiscalía de Casación pidió revocar el procesamiento. Pero la Cámara rechazó el planteo. Consideró que la evidencia ya es suficiente y que la etapa de instrucción está terminada. Ahora la pelota queda en manos del juez Casanello y del fiscal Rívolo, quienes deberán decidir si elevan la causa a juicio oral.
El fallo también ratifica los procesamientos del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y de una veintena de empresarios que integraron el esquema. La trama describe un mecanismo clásico de intermediación con beneficios concentrados, pero ejecutado desde el corazón del poder político.
La lectura política es inevitable. El procesamiento de un ex presidente siempre deja una marca. Pero en este caso, la ironía es evidente. Alberto Fernández llegó al poder prometiendo transparencia y terminó enfrentando una causa donde su entorno, sus decisiones y sus vínculos personales terminaron siendo la prueba central en su contra.
El próximo capítulo será el juicio oral, si finalmente se eleva la causa. Lo único claro es que la Cámara dejó asentado algo que trasciende lo judicial. Cuando el poder se mezcla con los afectos y los negocios personales, la línea que separa lo público de lo privado desaparece. Y cuando esa línea se borra, siempre queda una huella que la política no puede ocultar.
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