El reciente operativo de control migratorio llevado a cabo en Villa Celina, partido de La Matanza que se mostró con orgullo por redes sociales ya levantó polémicas durante el fin de semana y preocupaciones respecto a la política migratoria estigmatizante en el país gobernado por Javier Milei que avanzó con la ultraderecha como bandera.
Con un saldo de 16 ciudadanos extranjeros detectados en situación migratoria irregular, la intervención, liderada por la Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección Nacional de Migraciones, fue presentada por el gobierno de Milei como parte de su política de "endurecimiento migratorio y de seguridad". Sin embargo, las similitudes con los procedimientos del controvertido ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) de Estados Unidos despiertan angustia y preocupación.
El procedimiento en La Matanza se realizó con el uso de equipos biométricos portátiles (MorphoRapID) para la identificación rápida de personas. Según un comunicado oficial, se controlaron a 385 ciudadanos extranjeros, detectándose 16 casos de irregularidad migratoria. Estas personas fueron intimadas a regularizar su situación bajo amenaza de expulsión del país.
"Controles firmes y reglas claras: sin documentos, no hay permanencia", afirmaron desde el Ministerio de Seguridad conducido por Alejandra Monteoliva, justificando la medida como una acción necesaria para "garantizar el orden y combatir el delito" en uno de los distritos más poblados del conurbano bonaerense.
Estas acciones fueron comparadas con las políticas migratorias implementadas en Estados Unidos durante la administración Trump, donde los operativos del ICE son sistemáticamente denunciados por múltiples violaciones a los derechos humanos que además se cargaron a dos ciudadanos de manera completamente injusta y disparando a sangre fría: Renée Good y Alex Pretti murieron en manos del operativo de seguridad desmedido en Mineápolis.
En el país norteamericano, estos procedimientos han incluido redadas masivas, separación de familias y deportaciones sumarias, generando un clima de miedo y desconfianza en las comunidades inmigrantes.
Si bien desde el oficialismo aseguran que no se busca replicar las prácticas más extremas del ICE, la utilización de controles masivos y la amenaza de expulsión inmediata evocan un sistema que prioriza la exclusión y criminalización de los inmigrantes por sobre la protección de sus derechos fundamentales.
Organismos internacionales como Naciones Unidas advierten que las políticas migratorias restrictivas deben respetar los principios básicos del derecho internacional, incluyendo el derecho al debido proceso, la protección contra la detención arbitraria y la garantía de no devolución (non-refoulement) para quienes puedan enfrentar riesgos en sus países de origen. En este sentido, las medidas anunciadas por el gobierno argentino podrían contradecir estos estándares.
En paralelo a estos operativos, el gobierno avanza con la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, un organismo que se encargará del control fronterizo y la regulación de flujos migratorios. Según fuentes oficiales, esta agencia tendrá como objetivo central intensificar las deportaciones de extranjeros que cometan delitos y reforzar la lucha contra el crimen organizado.
El ex intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela aparece como el candidato más firme para liderar esta nueva entidad. Aunque aún se desconocen detalles sobre su estructura operativa, algunos sectores ya comparan esta iniciativa con una suerte de "ICE argentino", lo que genera preocupación por el posible establecimiento de políticas migratorias más restrictivas y represivas.
