Por Rodrigo Lescano
Un centro de salud insignia de Zona Oeste
En el Hospital Nacional Posadas no solo conviven la vida y la muerte; también se vive con el miedo a perder el trabajo. Este mes, el Gobierno nacional lanzó la licitación del servicio de vigilancia del nosocomio y encendió la alarma por posibles nuevos despidos.
Mirtha Jaime, presidenta de la seccional Posadas de CICOP, confirmó a LA PRIMERA que estarían en riesgo alrededor de 125 puestos de trabajo: “Murata S.A., la empresa de seguridad que podría quedarse con el servicio, traería a su propio personal. El hospital podría absorber parte de los trabajadores actuales, pero no a todos. Quienes queden afuera son potenciales despedidos”.
A diferencia de la Policía Federal, que se encarga del cuidado patrimonial del hospital, los vigiladores deben controlar el ingreso y egreso de pacientes, además de monitorear la seguridad e integridad de los profesionales de la salud. Al igual que el 85 % del personal hospitalario, estos trabajadores están bajo contratos que se renuevan trimestralmente, lo que implica que pueden ser desvinculados en cualquier momento, sin causa ni indemnización.
Ante la posible privatización del servicio de vigilancia, Jaime recalcó que desde CICOP se encuentran en “estado de alerta, movilización y asamblea permanente”. El sindicato, que representa a técnicos y profesionales del equipo de salud, sostiene que el cese masivo de contratos constituye una forma de “fraude laboral”, mediante la cual el Estado aplicaría una “reforma laboral de hecho” al despedir sin aviso previo ni indemnización.
Cronología del vaciamiento
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, se han despedido más de 250 profesionales en el Hospital Posadas. Entre junio y octubre de 2024 hubo 120 despidos, que incluyeron enfermeros, médicos, técnicos radiólogos, kinesiólogos y administrativos. También fueron cesanteados trabajadores que habían protestado contra esas desvinculaciones.
Los despedidos conformaron una comisión para impulsar un plan de acción propio y exigir a los gremios mayoritarios del hospital que tomen en sus manos la pelea por la reincorporación, apostando además a la unidad con los residentes que luchaban por salario. Con el apoyo de organizaciones sociales y políticas, realizaron movilizaciones, festivales solidarios y acciones conjuntas con diversos conflictos obreros y sociales. Esa lucha logró que más de veinte trabajadores recuperaran sus empleos.
En junio del año siguiente, el Ministerio de Salud anunció la baja de 110 trabajadores bajo el argumento de “ordenamiento institucional” y supuestas inasistencias injustificadas, calificando a los afectados como “ñoquis” o “acomodados”. Las desvinculaciones alcanzaron a enfermeros, administrativos, secretarios y personal que estaba próximo a jubilarse o bajo licencia médica.
Las cesantías continuaron en octubre y la gestión volvió a despedir activistas. Ese fue el caso de Agata Elsseser, delegada de CICOP y trabajadora de la guardia, quien había sido reincorporada luego de una desvinculación previa por haber apoyado a sus compañeros despedidos.
A fines de enero de este año, la gestión dio de baja a 84 trabajadores mediante cartas documento. Entre ellos había enfermeros, técnicos y personal administrativo. Una serie de asambleas y protestas logró la reincorporación de algunos.
A las puertas de la privatización
El Hospital Posadas es uno de los centros de salud integral público y gratuito más importantes del país. Es un centro de referencia que cuenta actualmente con más de sesenta especialidades y brinda atención de alta complejidad a una población de 6 millones de personas, principalmente del oeste del conurbano bonaerense.
Sin embargo, ese desarrollo contrasta con la precariedad a la que están expuestos sus 4.500 trabajadores. A la pérdida salarial se suman el pluriempleo y la sobrecarga laboral. Desde el gobierno de Mauricio Macri, el turno noche funciona con jornadas de 12 horas, superando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que establece entre 35 y 40 horas semanales para el personal sanitario. En áreas críticas, además, la jornada supera las 6 horas diarias o 36 semanales que fija la legislación laboral.
Estos factores desembocan en la renuncia y migración al sector privado de profesionales especializados en oncología, traumatología, neurología pediátrica y de adultos, poniendo en riesgo la atención de miles de pacientes.
Para CICOP, detrás de este diagnóstico se encuentra una “política de ajuste” que buscaría “naturalizar la inestabilidad, el miedo y la precarización como forma de disciplinamiento laboral”.
Para Jaime, médica clínica del hospital desde hace 30 años, la tercerización del servicio de vigilancia responde a la intención del gobierno libertario de avanzar en la transformación de los centros de salud que dependen del Estado nacional hacia un modelo SAMIC.
“Este modelo implica un esquema autárquico, con autogestión y participación del Estado nacional o provincial, que abre la puerta a privatizaciones y tercerizaciones bajo el argumento de abaratar costos. Eso puede derivar en prestaciones aranceladas y, en una región con bajo poder adquisitivo, impacta directamente en la calidad de atención, la eficiencia y la capacidad de respuesta para pacientes y usuarios”, advirtió.
