Hay historias que sobreviven a las generaciones porque nunca terminan de irse. Permanecen en las conversaciones familiares, en los libros, en los barrios y en las preguntas que siguen buscando respuestas décadas después. Los fusilamientos de José León Suárez son una de esas historias. Setenta años después de aquella madrugada que marcó para siempre a una comunidad entera, la Justicia Federal de San Martín dio un paso que excede lo jurídico: reconoció que aquellos asesinatos cometidos en 1956 fueron crímenes de lesa humanidad.
La decisión no modificará condenas ni llevará responsables a prisión. Todos los autores materiales y políticos murieron hace tiempo. Sin embargo, el fallo tiene un valor profundo porque pone nombre, contexto y responsabilidad sobre hechos que durante años fueron discutidos, negados o minimizados. Y porque confirma algo que familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos sostuvieron durante décadas: no se trató de excesos aislados, sino de una acción organizada desde el aparato estatal.
Los hechos ocurrieron en el contexto de la resistencia al gobierno de facto encabezado por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas. Tras una serie de detenciones ilegales realizadas en una vivienda de Florida, un grupo de hombres fue trasladado a los basurales de José León Suárez. Allí se ejecutó una orden que terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política argentina.
Cinco personas fueron asesinadas y otras siete lograron sobrevivir a los disparos. Entre ellas se encontraba Juan Carlos Livraga, cuya historia sería inmortalizada años más tarde por Rodolfo Walsh en una investigación que cambiaría para siempre la manera de entender el periodismo argentino. Aquella frase que anunciaba la existencia de "un fusilado que vive" abrió una puerta que nunca volvió a cerrarse.
De los basurales a la memoria colectiva
El reciente Juicio por la Verdad no tuvo un objetivo penal sino histórico. Buscó reconstruir los hechos, escuchar testimonios, reunir documentación y ofrecer una verdad institucional sobre lo ocurrido. El tribunal concluyó que existieron allanamientos ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios agravados cometidos bajo responsabilidad estatal.
La resolución también dispuso medidas concretas para preservar la memoria de las víctimas. Entre ellas, la incorporación de estos acontecimientos a contenidos educativos, la instalación de señalización conmemorativa y el impulso de un espacio de memoria en el predio donde ocurrieron los fusilamientos.
La decisión adquiere una dimensión especial en San Martín y en toda la región norte del conurbano bonaerense. Allí, donde los hechos ocurrieron y donde durante décadas familiares y vecinos sostuvieron el recuerdo, la sentencia representa una forma de reparación que trasciende los tribunales.
Porque la memoria no es solamente un ejercicio sobre el pasado. También es una herramienta para comprender el presente y construir ciudadanía. Saber qué ocurrió en José León Suárez ayuda a entender cómo funciona la violencia estatal cuando desaparecen los límites institucionales y por qué las garantías democráticas no son una formalidad sino una conquista social.
Setenta años después, los nombres de aquellas víctimas vuelven a ocupar el lugar que nunca debieron perder. La Justicia llegó tarde para castigar a los responsables, pero llegó a tiempo para algo igual de importante: impedir que el silencio termine ganando. Y en una comunidad que durante décadas cargó con esa herida, reconocer la verdad también es una forma de empezar a cerrarla.
