Hay lugares que no olvidan. Calles, comisarías, predios militares que hoy conviven con la vida cotidiana del conurbano norte y oeste, pero que guardan marcas profundas. Esta semana, la Justicia volvió a ponerle nombre y responsabilidad a parte de esa historia: cuatro exintegrantes de la Fuerza Aérea fueron condenados a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
El fallo del Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín no es solo una resolución judicial. Es también una escena que dialoga con el territorio. Porque los hechos juzgados no ocurrieron en abstracto. Pasaron en circuitos represivos que atravesaron barrios enteros: desde la Mansión Seré hasta dependencias policiales y brigadas aéreas ubicadas en Morón, Moreno y alrededores. Lugares que hoy siguen habitados, transitados, resignificados por la comunidad.
Los condenados, Julio César Leston, Juan Carlos Herrera, Juan José Zyska y Ernesto Rafael Lynch, fueron considerados responsables por secuestros y tormentos contra más de un centenar de personas. El tribunal también incorporó las violencias sexuales sufridas por mujeres, ampliando el reconocimiento de lo ocurrido en aquellos años.
Detrás de cada número hay historias concretas. El proceso judicial reunió 127 casos de privaciones ilegales de la libertad, además de tres homicidios. Fueron dos años de audiencias, testimonios y reconstrucciones que volvieron a poner en circulación memorias que nunca se fueron del todo. En el conurbano, esos relatos no son solo parte del pasado. Son parte de la identidad.
Uno de los aspectos más significativos del fallo es que ordena revisar los beneficios previsionales de los condenados y avanzar en su exoneración. También incluye una reparación simbólica: la reconstrucción del legajo laboral de un médico de Moreno que había sido apartado de su cargo en ese contexto. Son gestos que, aunque tardíos, buscan recomponer parte del daño.
El juicio dejó además una puerta abierta. Un imputado clave murió antes de ser juzgado, pero se avanzará en un proceso para esclarecer su rol. En paralelo, se volvió a poner en discusión el lugar de las infancias en estos procesos, a partir del testimonio de quienes atravesaron esas experiencias siendo niños.
En el conurbano norte y oeste, la memoria no es un ejercicio abstracto. Se construye en clubes, en escuelas, en espacios comunitarios que sostienen la transmisión de lo ocurrido. Cada fallo judicial no solo cierra una etapa procesal, también refuerza esa trama colectiva que insiste en recordar para entender.
Porque en estos territorios, donde la vida sigue con su ritmo propio, la memoria no es solo pasado. Es una forma de cuidar el presente. Y también de marcar un límite: hay cosas que no pueden volver a pasar.
