Por Rodrigo Lescano
Nadie los conocía hasta marzo de este año. Era la primera vez que participaban de una reunión paritaria de la industria química pilarense. Un mes antes habían comprado Gases Comprimidos S.A. Ahora compartían mesa con sindicalistas y empresarios para definir cuánto cobrarían los más de 1.500 obreros que trabajan en las cincuenta fábricas del sector.
Cuando la negociación culminó con la firma del acta acuerdo, los representantes de Cascia Gases mantuvieron su primer intercambio con los dirigentes del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQYP). Les aseguraron que tenían una mirada favorable hacia los trabajadores y mencionaron, como muestra de ello, la entrega de productos de merchandising a su personal.
Los gremialistas les pusieron una ficha a los recién llegados. Lo nuevo suele despertar expectativas de cambios favorables. Parecían traer el pan bajo el brazo. Nadie advirtió entonces que, en la otra mano, también cargaban una piedra.
El dueño del aire
“Junto a mi gran equipo, seguimos con nuestro plan de expansión”, publicó hace cuatro meses Marcos Salinas, director de Cascia Gases, en su perfil de LinkedIn para anunciar la compra de la ex Gases Comprimidos, ubicada en el Parque Industrial de Pilar. En su foto de perfil se lo ve sonriente frente a una postal de yates, agua calma y edificios exclusivos. Con los brazos cruzados y traje oscuro, posa con la seguridad de quien parece sentirse cómodo en un mundo de marinas privadas y negocios millonarios.
Bajo el gobierno de Javier Milei, su compañía se convirtió en la tercera productora de gases medicinales e industriales de Argentina. Antes de la operación, la empresa —con sede en Tucumán— concentraba apenas el 2% de la capacidad instalada de producción de oxígeno líquido del país y su actividad se encontraba mayormente limitada al noroeste argentino. Tras la adquisición de activos desprendidos de la fusión entre Linde y Praxair, elevó esa participación al 9,5% y expandió su presencia a distintas regiones del país.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) aprobó que la firma adquiriera parte de los activos que las multinacionales debieron vender para concretar la operación. De ese modo, sumó plantas en Córdoba, Tucumán y Santa Fe, además de cisternas, tanques criogénicos y otros equipos industriales. También incorporó el suministro diario de 75 toneladas de oxígeno medicinal, una cartera de más de cien clientes y contratos de provisión para hospitales y clínicas públicas y privadas.
Esta expansión convirtió a Salinas en uno de los nuevos "dueños del aire". Devoto de la gestión libertaria, su desembarco en Pilar hizo que se esfumaran las expectativas de que los nuevos dueños trajeran mejoras en las condiciones de trabajo.
Cacería de brujas
La era Cascia comenzó en la planta de Pilar con dos despidos en abril. Según el gremio, una trabajadora administrativa y un camionero fueron víctimas de una estrategia de reducción de costos en la que los empleados con afinidades sindicales serían los primeros en ser expulsados.
Esto desencadenó una serie de protestas en los portones de la compañía. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, suspendiendo las cesantías y obligando a las partes a negociar.
Pero el diálogo se rompió. La empresa no ofrecía ninguna solución en las oficinas del ministerio, mientras que, en los pasillos de la fábrica, mostraba su verdadero plan. Sergio González, secretario general del sindicato químico pilarense, comentó a LA PRIMERA que tres trabajadores presentaron su desafiliación luego de recibir indicaciones de la conducción de la planta. A su vez, uno de los delegados renunció a su cargo. Según González, los trabajadores fueron presionados para desafiliarse del sindicato bajo la amenaza de perder sus puestos de trabajo.
La hipótesis de que la discriminación sindical es el motor de los despidos volvió a fortalecerse este lunes, cuando venció la conciliación obligatoria. Un camionero que se había afiliado al sindicato el mes pasado no pudo ingresar a su puesto de trabajo. Las protestas reaparecieron y la única respuesta de la firma fue arriar las banderas ubicadas en la entrada de la planta para evitar que sus marcas aparecieran en las fotografías de prensa.
Las tres cesantías siguen en pie y la situación se agrava porque una de las despedidas fue elegida recientemente como delegada, por lo que la empresa debería respetar su tutela sindical. “Quieren hacer lo que quieran. No respetan el convenio colectivo. La única forma que tenemos de trabajar con una compañía es codo a codo, pero no así”, afirmó González, quien aseguró que las medidas de lucha continuarán si no se abre una mesa de diálogo que despeje la incertidumbre sobre el futuro de los puestos laborales en la planta pilarense.
Según el dirigente, un abogado de Cascia Gases le adelantó que la firma prevé nuevos despidos. No sería la primera vez que una patronal se ensaña con los derechos sindicales de sus operarios.
Sueños
Desde su oficina, Marcos Salinas sueña con convertir a Cascia Gases en una multinacional capaz de competir con gigantes como Linde-Praxair. Aunque todavía está lejos de contar con la infraestructura y los recursos de esas corporaciones, parece haber comprendido una de las reglas que rigen el mercado de los gases industriales, uno de los sectores más concentrados de la economía: el crecimiento empresarial suele ir acompañado de una ofensiva contra la organización de los trabajadores.
A fines de 2024 y comienzos de 2025, Linde-Praxair despidió a varios activistas sindicales de su planta de Pacheco. Junto a sus compañeros, habían construido una organización gremial que les permitió conquistar mejoras salariales y laborales, además de comenzar a coordinar acciones con trabajadores de otras sucursales para extender esos derechos al conjunto de la empresa. Los despedidos denunciaron que las desvinculaciones buscaban frenar ese proceso de organización.
No le será fácil al empresario cumplir su deseo de una fábrica sin activismo sindical. Del otro lado encontrará a un gremio que promete resistir los despidos y una organización obrera que, pese al contexto adverso, busca impedir que la expansión de la compañía se construya sobre la reducción de derechos laborales.
