La disputa entre la provincia de Buenos Aires y la administración de Javier Milei sumó un nuevo capítulo judicial. Tras meses de negociaciones sin resultados concretos, Axel Kicillof anunció que la Provincia abandonará la instancia de conciliación promovida por la Corte Suprema y avanzará con una medida cautelar para exigir el pago de recursos previsionales que, según sostiene, la Nación adeuda a través de la ANSES.
La decisión fue comunicada luego de la tercera audiencia convocada por el máximo tribunal. Allí, el Gobierno bonaerense esperaba recibir una propuesta de adelantos financieros que permitiera aliviar parcialmente el déficit de la caja jubilatoria provincial mientras continuaban las auditorías y verificaciones técnicas. Sin embargo, según explicó Kicillof, los representantes nacionales volvieron a señalar que aún debían completar estudios y cálculos antes de presentar una oferta.
El conflicto tiene una dimensión económica significativa. La demanda impulsada por la Provincia reclama más de $2,3 billones correspondientes a transferencias previsionales que, de acuerdo con la posición bonaerense, dejaron de girarse desde la llegada de la administración libertaria al poder. Se trata de recursos destinados a sostener el funcionamiento del Instituto de Previsión Social (IPS), cuya caja nunca fue transferida al sistema nacional.
Desde la gobernación consideran que la situación excede el debate técnico y forma parte de una estrategia fiscal más amplia del Ejecutivo nacional. Kicillof volvió a cuestionar la política de ajuste de la Casa Rosada y sostuvo que el superávit fiscal se construye, entre otras cosas, mediante la interrupción de transferencias a provincias, universidades y sistemas previsionales.
La tensión adquiere además una dimensión política. Buenos Aires representa cerca del 40% de la población argentina y concentra buena parte de las disputas entre el oficialismo nacional y el principal distrito gobernado por la oposición. En ese contexto, cada discusión presupuestaria se transforma también en una puja por recursos y poder.
El gobernador aseguró que otras provincias ya recibieron adelantos financieros mientras Buenos Aires continúa sin una propuesta concreta. Esa diferencia de trato constituye uno de los argumentos centrales que la administración bonaerense buscará exponer ante la Justicia para respaldar el pedido cautelar.
Según los cálculos oficiales, el impacto económico total de las deudas y recortes que la Provincia atribuye al Gobierno nacional supera los $22 billones. La cifra equivale aproximadamente a la mitad del presupuesto anual bonaerense y se convirtió en uno de los principales ejes discursivos de Kicillof frente a la gestión libertaria.
La etapa de conciliación impulsada por la Corte pretendía abrir una instancia de acuerdo político e institucional antes de profundizar la judicialización. Sin embargo, tras tres audiencias sin avances concretos, la administración provincial considera agotado ese camino y apuesta ahora a obtener una resolución cautelar que obligue a la Nación a comenzar los pagos mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La batalla por los fondos previsionales ya dejó de ser una discusión contable. Se transformó en otro frente de la disputa entre la Casa Rosada y la provincia más grande del país, donde cada peso reclamado también representa una discusión sobre federalismo, ajuste y distribución de recursos. Y todo indica que la próxima respuesta ya no llegará desde una mesa de negociación, sino desde los despachos judiciales.
