El ajuste sobre el sistema científico-tecnológico argentino sigue avanzando y ahora tiene como uno de sus principales blancos al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una de las instituciones más emblemáticas en materia de investigación, innovación y asistencia técnica para el sector productivo. Mientras el Gobierno nacional profundiza su estrategia de reducción del Estado, organismos históricos como el INTA y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) enfrentan una progresiva pérdida de personal, recursos y capacidades operativas que durante décadas funcionaron como soporte técnico para el desarrollo agropecuario e industrial del país.
La nueva etapa del plan de retiros voluntarios impulsado por la administración de Javier Milei ya provocó la salida de cientos de trabajadores especializados y acerca al organismo a una reducción cercana al 20% de su planta. La medida genera preocupación entre sectores productivos, investigadores y trabajadores, que advierten sobre el impacto que podría tener en áreas clave vinculadas a transferencia tecnológica, innovación, extensión rural, agregado de valor y acompañamiento técnico a productores de todo el territorio nacional. En un contexto de creciente competencia internacional y transformación tecnológica acelerada, el debate ya no gira solamente sobre el tamaño del Estado, sino sobre el futuro de instituciones que históricamente actuaron como puentes entre el conocimiento científico y la producción nacional.
El Gobierno nacional avanza con un nuevo plan de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el objetivo de reducir en un 20% su planta de personal. La iniciativa apunta a alcanzar unas 950 desvinculaciones, aunque desde esta semana ya llegó a 757 personas, con algunas dudas sobre las condiciones ofrecidas.
A la lista de 377 trabajadores que se conoció días atrás, ahora se sumaron otros 380 nombres que desde esta semana no serán parte del INTA, en medio del fuerte plan de ajuste que lleva adelante la administración de Nicolás Bronzovich.
Según la normativa vigente, quienes resulten aceptados cesarán su relación laboral este lunes 15 de junio y percibirán el pago en una única cuota dentro de los 30 días posteriores a la adhesión. Además, no podrán reingresar a la administración pública nacional durante cinco años.
El INTA tenía hasta principios de este año 5750 trabajadores activos, mientras que su plan era que el número quedara en los 4500, en promedio. Y si bien el objetivo era que los retiros voluntarios lleguen a 1200 sobre el total de la planta, hasta el momento se llegó a 757. Aunque hay otros 150 que estarían terminando los papeles, bajo el análisis particular del Consejo Directivo.
El punto más sensible está relacionado con los años trabajados bajo la modalidad de planta no permanente. Es que el Ministerio de Economía financia exclusivamente la antigüedad reconocida como personal permanente. En cambio, los períodos desempeñados como personal transitorio quedaron fuera del esquema principal y debían canalizarse mediante observaciones incorporadas por los agentes en el formulario de adhesión.
El plan de retiros voluntarios contempla una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 salarios por cada año de servicio, con topes diferenciados según la edad del agente. El costo total estimado del programa asciende a $101.717 millones, que saldría de los fondos del Ministerio de Economía.
