La detención de una ex integrante de la Policía Bonaerense acusada de participar en una red dedicada al reclutamiento de argentinos para combatir como mercenarios en la guerra entre Rusia y Ucrania volvió a poner sobre la mesa un vacío legal que hasta ahora había permanecido lejos del debate político. La causa, que tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, terminó abriendo una discusión mucho más amplia: qué herramientas tiene hoy el Estado para impedir que ciudadanos argentinos sean captados por estructuras militares privadas que operan fuera de cualquier control institucional.
El Congreso busca cerrar un vacío legal
En ese contexto, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, presentó un proyecto para incorporar al Código Penal el delito de reclutamiento de mercenarios y sancionar la creación, organización, financiamiento e integración de grupos armados privados ilegales.
La iniciativa llega pocos días después de la detención de Griselda Inés Ortiz en Tigre. La ex policía está acusada de integrar una organización que, según la investigación judicial, captaba personal proveniente de las Fuerzas Armadas y de seguridad argentinas para incorporarlo como combatientes pagos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El expediente continúa avanzando bajo jurisdicción federal.
El proyecto propone definir como mercenario a toda persona que preste servicios militares a cambio de una remuneración fuera de los supuestos admitidos por el Derecho Internacional o por la legislación argentina. Pero el foco no queda limitado al combatiente individual. También apunta contra quienes organicen, financien o faciliten este tipo de estructuras privadas.
Para Gutiérrez, el objetivo central consiste en preservar el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza y proteger bienes considerados estratégicos, entre ellos la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional.
La propuesta incorpora además agravantes cuando las organizaciones recluten menores de edad o faciliten la comisión de crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o terrorismo.
Al mismo tiempo, el texto deja expresamente fuera de su alcance a las Fuerzas Armadas y de seguridad que actúan en funciones oficiales, a las misiones autorizadas por Naciones Unidas, a las empresas privadas de seguridad habilitadas por la legislación vigente y al personal sanitario y humanitario.
Uno de los aspectos novedosos del proyecto es que incorpora una mirada adaptada a los conflictos contemporáneos. Ya no se trata únicamente de grupos armados tradicionales, sino de redes transnacionales que utilizan financiamiento privado, plataformas digitales, logística internacional y mecanismos de reclutamiento cada vez más sofisticados.
Según el diputado, la legislación argentina todavía carece de herramientas específicas para enfrentar estas modalidades. En los fundamentos de la iniciativa advirtió que detrás del negocio de la guerra privada operan organizaciones que captan personas mediante promesas económicas y terminan enviándolas a escenarios bélicos donde muchas veces desaparecen sin protección jurídica ni respaldo estatal.
La causa iniciada en Lomas de Zamora convirtió un expediente judicial en una discusión política. Porque detrás de un caso puntual aparece una pregunta más profunda: hasta dónde puede llegar la privatización de la guerra antes de convertirse también en un problema de seguridad nacional.
