La escena tiene algo de paradoja y bastante de síntoma político. Los empresarios que durante décadas fueron presentados como los "capitanes de la industria" ya no discuten el rumbo general del modelo económico ni exigen una estrategia integral de desarrollo. El pedido que hoy llevan al Congreso es mucho más modesto: que una parte de los negocios generados por el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) quede en manos de proveedores argentinos.
La propuesta impulsada por la Unión Industrial Argentina busca establecer que al menos el 20% de las compras vinculadas a los proyectos aprobados bajo el RIGI corresponda a bienes con valor agregado local. No se trata de una exigencia extraordinaria. De hecho, el porcentaje replica el mismo piso de inversión que el propio régimen exige a quienes ingresan al programa. Sin embargo, el planteo refleja hasta qué punto cambió la relación de fuerzas entre el Gobierno y el sector manufacturero.
Mientras el oficialismo celebra la llegada de grandes inversiones vinculadas a energía y minería, la industria tradicional atraviesa una realidad mucho menos auspiciosa. Según datos de la propia UIA, la actividad fabril se encuentra aproximadamente un 10% por debajo de los niveles de 2022 y en algunas ramas las caídas oscilan entre el 25% y el 30%.
Dos modelos productivos que avanzan a velocidades distintas
La discusión alrededor del RIGI expone una tensión de fondo. Por un lado, el Gobierno apuesta a consolidar un esquema basado en sectores altamente competitivos a nivel internacional, especialmente minería, hidrocarburos y energía. Por otro, la industria manufacturera observa que buena parte de esas inversiones corre el riesgo de convertirse en enclaves con escasa integración local.
Los números muestran la magnitud del fenómeno. Las inversiones presentadas bajo el régimen ya superan los US$133.000 millones y más del 22% obtuvo aprobación oficial. Sin embargo, más del 99% de esos desembolsos se concentra en minería y energía.
La preocupación industrial no es solamente económica. También es política. Las fábricas buscan evitar que los grandes proyectos importen maquinaria, equipamiento, insumos y componentes sin generar un efecto multiplicador sobre el resto de la economía.
Por eso proponen mecanismos de integración progresiva y sistemas de verificación para determinar cuándo existen proveedores nacionales capaces de ofrecer productos en condiciones competitivas de precio y calidad.
El problema es que mientras los grandes jugadores negocian porcentajes dentro del RIGI, el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), diseñado específicamente para pymes, permanece virtualmente paralizado.
El Gobierno reglamentó formalmente el esquema en abril mediante el Decreto 242/26. Sin embargo, más de dos meses después el sistema operativo necesario para presentar proyectos sigue sin estar habilitado. En los hechos, el instrumento existe en los papeles pero no puede utilizarse. La diferencia es significativa. Mientras el RIGI apunta a inversiones multimillonarias, el RIMI fue pensado para proyectos que van desde US$150.000 hasta US$9 millones, con beneficios fiscales destinados a pequeñas y medianas empresas.
La fotografía final resulta reveladora. Los grandes proyectos avanzan, los incentivos para las pymes esperan y la principal organización empresaria del país concentra sus esfuerzos en garantizar una participación mínima dentro de inversiones que ni siquiera controla.
Quizás allí aparezca la señal más profunda del momento económico argentino. Una burguesía industrial que alguna vez discutió modelos de desarrollo, política cambiaria y estrategias de industrialización hoy parece haber reducido sus expectativas a asegurar una porción de negocios generados por un esquema diseñado por otros. Ya no pelea por conducir el proceso. Apenas intenta no quedar afuera de la foto.
