La inflación parece acercarse a un nuevo umbral psicológico. Las principales consultoras privadas coinciden en que el Índice de Precios al Consumidor habría cerrado junio por debajo del 2% mensual, una marca que el Gobierno persigue desde hace meses como demostración de que el proceso de desinflación comienza a consolidarse. Sin embargo, detrás de ese dato aparece una variable capaz de alterar el tablero en cuestión de semanas: los combustibles.
La paradoja es evidente. Mientras el precio internacional del petróleo ya retrocedió hasta niveles similares a los registrados antes de la escalada bélica en Medio Oriente, nadie puede asegurar que esa baja se traslade a los surtidores argentinos. En un mercado desregulado y con YPF concentrando más de la mitad de las ventas minoristas, la decisión ya no depende únicamente del valor internacional del crudo sino también de la estrategia económica del Gobierno y de la principal petrolera del país.
El dilema entre la desinflación y el negocio energético
Durante el conflicto en Medio Oriente, el Gobierno optó por contener parcialmente el traslado de la suba internacional del petróleo al mercado interno. Ese congelamiento evitó un impacto inmediato sobre la inflación, pero también generó un desfasaje que ahora condiciona cualquier decisión futura.
Los analistas de la consultora 1816 calcularon que, tomando únicamente la evolución del Brent y del tipo de cambio oficial, el precio de la nafta debería ubicarse alrededor de un 16% por debajo de los valores actuales. Una corrección de esa magnitud tendría un efecto directo sobre el IPC cercano a 0,65 puntos porcentuales, sin considerar los efectos indirectos que el combustible ejerce sobre el transporte, la logística y buena parte de la estructura de costos de la economía.
Sin embargo, el panorama está lejos de ser lineal. El congelamiento previo dejó un "colchón" que, según los especialistas, permitió que refinadoras y estaciones de servicio absorbieran parte del impacto del aumento internacional del petróleo. Ahora el Ejecutivo enfrenta una decisión política antes que técnica.
Puede optar por mantener los precios actuales durante varios meses para compensar ese atraso y preservar la rentabilidad de la cadena energética. O puede acelerar el proceso de desinflación permitiendo una reducción parcial en los surtidores que fortalezca la desaceleración de los precios de cara al calendario electoral.
La discusión no es menor porque YPF posee una participación superior al 50% del mercado minorista. Cada movimiento que realiza la petrolera estatal termina funcionando como referencia para el resto de las compañías.
Otras consultoras también mantienen el foco sobre este punto. Grupo SBS advirtió que la evolución de los combustibles será una de las principales variables a seguir durante el segundo semestre, justamente por el impacto inmediato que tiene sobre el índice de inflación.
Mientras tanto, el resto de los componentes del IPC ofrece señales mixtas. Los alimentos mostraron una desaceleración significativa durante junio, ayudando a empujar el índice hacia abajo. En sentido contrario, continuaron presionando algunos precios regulados, como energía y tabaco, además de productos estacionales vinculados a verduras y servicios propios de la temporada invernal.
También aparece otro interrogante para julio. Las vacaciones de invierno suelen generar aumentos en actividades relacionadas con el turismo, un componente estacional que podría limitar parte de la desaceleración observada durante junio.
La inflación parece haber encontrado un ritmo más lento. Pero todavía no alcanzó una estabilidad definitiva.
