La estabilización de algunas variables macroeconómicas convive con un dato mucho menos visible, pero decisivo para entender el comportamiento de la economía real: el fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores. Sin capacidad de compra, el mercado interno pierde dinamismo y el impacto termina trasladándose a la producción, el comercio y el empleo.
Esa es la principal conclusión de un informe elaborado por el centro de estudios MATE (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía), con sede en Rosario, que calculó el costo económico que tuvo la pérdida salarial acumulada durante los primeros treinta meses de la administración de Javier Milei.
Según el relevamiento, la transferencia de ingresos provocada por el deterioro de los salarios asciende a 93,5 billones de pesos medidos a valores actuales, una cifra equivalente a aproximadamente US$62.000 millones.
La caída del salario vació el mercado interno
El estudio sostiene que el deterioro comenzó con fuerza durante los primeros meses de gestión, cuando la aceleración inflacionaria provocó un desplome del salario real que todavía no logró recuperarse plenamente.
En el sector privado, el poder adquisitivo retrocedió alrededor de 15 puntos respecto del nivel vigente en el último trimestre de 2023. En el empleo estatal, la caída fue todavía más profunda y alcanzó 25 puntos durante los primeros meses del nuevo gobierno.
Posteriormente apareció una recuperación parcial impulsada por la desaceleración de la inflación. Sin embargo, esa mejora nunca logró compensar completamente el golpe inicial y, durante el último año, los salarios volvieron a evolucionar por debajo del aumento de los precios.
Como resultado, los trabajadores privados conservan actualmente un salario real 8 puntos inferior al existente antes del cambio de gobierno, mientras que los empleados estatales acumulan una pérdida cercana a 22 puntos.
El informe traduce esa caída en dinero concreto. Cada trabajador estatal resignó, en promedio, 14,1 millones de pesos de poder adquisitivo acumulado desde diciembre de 2023. En el sector privado, la pérdida promedio alcanza 2,5 millones de pesos por trabajador. Si se consideran únicamente los ingresos laborales, la reducción acumulada llega a 67,1 billones de pesos.
Pero el efecto económico no termina en los hogares. La caída salarial también redujo los aportes vinculados al empleo formal y debilitó otras fuentes de financiamiento.
MATE calcula que el Estado dejó de percibir 17,4 billones de pesos por menores recursos destinados a la seguridad social. A eso se agregan 7,3 billones menos para las obras sociales y 1,7 billones menos para los sindicatos, conformando un impacto adicional de 26,4 billones de pesos.
La suma de ambas pérdidas explica la estimación global de 93,5 billones de pesos transferidos desde los ingresos del trabajo hacia otros sectores de la economía.
Desde la óptica del centro de estudios, el fenómeno no constituye solamente una redisución del ingreso. También altera el funcionamiento del aparato productivo porque los salarios poseen una característica central: vuelven rápidamente al circuito económico mediante el consumo cotidiano.
Cuando ese flujo se reduce, el comercio vende menos, la industria produce menos y la recaudación también pierde dinamismo. El ajuste deja entonces de ser únicamente un fenómeno fiscal para convertirse en un proceso que modifica el funcionamiento de toda la economía real.
