La inseguridad ya no distingue colores políticos. Cuando las estadísticas del delito se mezclan con la percepción cotidiana de los vecinos, los intendentes dejan de discutir teoría y empiezan a administrar urgencias. Bajo esa lógica, el gobierno de Axel Kicillof reunió en Ituzaingó a los representantes de los 24 municipios de la Primera Sección Electoral para comenzar a delinear una reforma de la Ley de Seguridad que busca adecuar una norma de casi treinta años a una realidad completamente distinta.
No fue un encuentro más. La Primera Sección concentra buena parte del Conurbano Norte y Oeste, una región donde viven millones de bonaerenses y donde la presión sobre los municipios por la inseguridad se transformó en una demanda permanente. La política puede discutir competencias durante horas, pero cuando ocurre un robo, el primer reclamo casi siempre golpea la puerta del intendente.
Municipios con más responsabilidades y una ley que quedó atrás
El foro fue encabezado por autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense dentro de la ronda de consultas que la Provincia impulsa antes de enviar el proyecto a la Legislatura. La intención oficial es modernizar la Ley 12.154 para incorporar formalmente funciones que los municipios ya vienen desarrollando desde hace años sin un respaldo legal específico.
El anfitrión fue el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, acompañado por jefes comunales de distintos signos políticos como Ariel Sujarchuk, de Escobar; Federico Achával, de Pilar; Damián Selci, de Hurlingham; Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas; Ramón Lanús, de San Isidro; Lucas Ghi, de Morón; Ricardo Curutchet, de Marcos Paz; Jaime Méndez, de San Miguel y Juan Luis Mancini, de Suipacha, entre otros representantes municipales.
La foto también tuvo un mensaje político. En tiempos de fuerte polarización nacional, oficialistas y opositores compartieron la misma mesa para discutir un problema que atraviesa a todos los distritos. La seguridad dejó hace tiempo de ser solamente una responsabilidad provincial. Los municipios invierten millones en cámaras, centros de monitoreo, patrullas preventivas, corredores escolares, botones de alerta y asistencia a víctimas, aunque muchas de esas herramientas aún funcionan sin un reconocimiento expreso dentro de la legislación vigente.
La reforma busca precisamente cubrir ese vacío. El proyecto prevé incorporar a los municipios como actores formales dentro del sistema provincial de seguridad, crear mesas permanentes de coordinación, fortalecer el vínculo operativo con la Policía Bonaerense y darle respaldo jurídico a los dispositivos de prevención que ya existen en la práctica.
La discusión también tiene una lectura de poder. Cuanto mayor es el protagonismo municipal en seguridad, mayor es también la necesidad de establecer responsabilidades claras entre Provincia y comunas. Nadie quiere quedar expuesto cuando los índices delictivos suben, pero tampoco resignar capacidad de decisión sobre una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Por eso el Ejecutivo bonaerense decidió recorrer previamente todas las secciones electorales antes de enviar el proyecto. Ya hubo encuentros con representantes de la Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Sección, mientras que la reunión de Ituzaingó tuvo un peso especial por el volumen demográfico y político que representa la Primera.
La nueva ley todavía deberá atravesar el debate legislativo, pero el mensaje que dejó la reunión fue claro. La inseguridad ya no admite respuestas aisladas ni disputas de jurisdicción. Mientras el delito cambia de modalidad y se vuelve más complejo, la política intenta actualizar reglas escritas para otra época. Porque en el conurbano, cuando la realidad corre más rápido que las leyes, el problema nunca espera a que termine la discusión parlamentaria.
