La disputa dentro de Atucha volvió a escalar. Pero esta vez el conflicto no gira solamente alrededor de salarios, presupuesto o inversiones. El nuevo frente de batalla pasa por la información. O, mejor dicho, por quién puede contar lo que ocurre puertas adentro de una de las instalaciones estratégicas más importantes del país.
La polémica estalló luego de que trabajadores de Nucleoeléctrica Argentina S.A. recibieran un nuevo Código de Conducta que, según denuncian desde el sindicato Luz y Fuerza Zárate, incorpora mecanismos de control sobre la actividad de los empleados en redes sociales y endurece las restricciones para difundir información vinculada al funcionamiento de la empresa.
Desde la conducción gremial sostienen que la medida excede ampliamente la obligación de preservar información sensible, una práctica habitual en cualquier instalación vinculada a la actividad nuclear. El cuestionamiento apunta a otra dirección: aseguran que el documento instala un esquema de vigilancia y amedrentamiento que busca desalentar denuncias internas y evitar que trasciendan conflictos que hoy atraviesan a la compañía.
Entre la confidencialidad y el derecho a denunciar
El conflicto comenzó a tomar forma el pasado 14 de abril, cuando el personal recibió por correo electrónico la circular interna con las nuevas pautas de conducta. Para la empresa, el objetivo sería ordenar el manejo de información estratégica en un contexto de mayor exposición pública.
Sin embargo, la interpretación del sindicato es muy distinta. "Se trata de un verdadero cerrojo informativo", sostienen desde Luz y Fuerza Zárate, donde consideran que el código podría aplicarse de manera discrecional para limitar las expresiones de los trabajadores, incluso en ámbitos personales como sus propias redes sociales.
La discusión no es menor. Atucha administra infraestructura considerada crítica para el Estado argentino y buena parte de su operación está protegida por normas de confidencialidad. Pero los representantes gremiales advierten que ese principio no puede convertirse en una herramienta para silenciar reclamos laborales o denuncias vinculadas con presuntos desmanejos administrativos.
En ese punto aparece el trasfondo político del conflicto. Durante los últimos meses distintas filtraciones expusieron denuncias sobre la gestión de la empresa y presuntas irregularidades administrativas. Para los trabajadores, el nuevo esquema disciplinario llega justamente después de esa exposición pública, motivo por el cual sospechan que el objetivo real sería cerrar las vías de circulación de información hacia afuera de la central.
La preocupación también alcanza el plano operativo. Desde el gremio aseguran que la situación laboral viene deteriorándose de manera sostenida y que esa pérdida de condiciones de trabajo termina impactando sobre la capacidad de funcionamiento del complejo. Hablan de salarios rezagados, incertidumbre interna y un clima que, lejos de fortalecer una actividad de alta especialización técnica, genera mayor tensión entre el personal.
"No seremos cómplices. Vamos a defender los puestos de trabajo, salarios dignos y condiciones seguras", señalaron desde la organización sindical al ratificar que continuarán realizando denuncias públicas cuando consideren que existen situaciones que afectan a la empresa o al interés nacional.
El conflicto vuelve a colocar a Atucha en el centro de una discusión incómoda. Nadie discute que una central nuclear necesita resguardar información sensible. La pregunta es otra: dónde termina la confidencialidad que exige una infraestructura estratégica y dónde comienza un sistema que, según denuncian sus propios trabajadores, puede transformarse en un mecanismo de control sobre quienes levantan la voz.
Porque cuando en una instalación clave para la soberanía energética el debate deja de concentrarse en cómo fortalecer su capacidad tecnológica y empieza a girar alrededor del miedo a hablar, el problema ya no es solamente gremial. También pasa a ser político e institucional.
