Hay una manera bastante precisa de medir cuánto se precarizó el trabajo sin mirar solamente salarios o estadísticas de desempleo: contar cuánta gente perdió la obra social junto con su puesto registrado.
Desde noviembre de 2023, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios. Y el golpe adquiere otra dimensión en el Gran Buenos Aires, donde la población que depende exclusivamente de la salud pública creció 18,49% durante la gestión de Javier Milei. El dato surge de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) elaborado sobre registros de la Superintendencia de Servicios de Salud, el SIPA y el INDEC.
No es simplemente una crisis de las obras sociales. Es la fotografía sanitaria de una transformación del mercado laboral. Porque detrás de cada afiliación que desaparece puede haber un trabajador que perdió un empleo registrado, pasó a la informalidad, se convirtió en monotributista o dejó de poder sostener una cobertura privada.
El IAG calcula que alrededor de 1,25 millones de personas perdieron cobertura de obra social o medicina prepaga desde el cambio de gobierno. En paralelo, estima una destrucción de 329.600 puestos de trabajo públicos y privados. El monotributo creció, pero no lo suficiente para compensar la pérdida del empleo formal.
Y ahí el Conurbano queda en el centro de la tormenta.
No porque el fenómeno sea exclusivamente bonaerense. El Nordeste continúa mostrando la proporción más alta de población sin obra social, con 46,3%. El problema del Gran Buenos Aires es otro: concentra millones de trabajadores económicamente activos y una enorme infraestructura laboral, comercial e industrial. Cuando el empleo registrado retrocede allí, el impacto sanitario adquiere escala metropolitana.
El mecanismo es brutalmente sencillo. El trabajador pierde el recibo de sueldo y detrás del recibo se va también una parte del sistema de protección que venía incorporada al empleo. Puede seguir trabajando al día siguiente. Incluso puede trabajar más horas. Lo que cambió es la calidad de ese vínculo.
Puede pasar de una fábrica a repartir paquetes, de un comercio registrado a facturar como monotributista o de un empleo estable a encadenar changas. Para la estadística seguirá siendo una persona ocupada. Para su familia, en cambio, desaparecieron aportes previsionales, estabilidad y muchas veces la obra social.
Cuando la precarización termina en la guardia del hospital
La lista de entidades que perdieron afiliados muestra que no estamos frente al derrumbe de un único oficio. Entre las afectadas aparecen OSECAC, vinculada a empleados de comercio; OSPRERA, de trabajadores rurales; OSPCN, del personal civil estatal; OSPECON, de la construcción, y OSPE, del sector petrolero.
Hay una excepción que resulta casi una radiografía del cambio laboral: OSDEPYM, orientada a empresarios, profesionales y monotributistas, aumentó sus beneficiarios. Mientras retroceden coberturas vinculadas al empleo asalariado tradicional, crece una relacionada precisamente con una modalidad laboral que viene expandiéndose.
Eso explica por qué la discusión excede a las obras sociales. El costo de la precarización termina aterrizando en hospitales provinciales, centros municipales de salud y salas barriales.
Es decir, al hospital público no llega solamente quien perdió la obra social. También empieza a regresar quien todavía conserva una credencial pero encuentra dificultades concretas para convertirla en atención.
Ese movimiento altera silenciosamente el reparto de costos dentro del Estado. La Nación puede reducir gastos o desentenderse de determinadas prestaciones, pero la enfermedad no desaparece con una planilla presupuestaria. El vecino sigue teniendo fiebre, necesita un pediatra, medicamentos, análisis o una guardia. Si no encuentra respuesta en su cobertura, termina golpeando la puerta del hospital provincial o del CAPS municipal.
Por eso el problema es particularmente delicado para los municipios del Conurbano. Son la última ventanilla de una cadena sobre la que tienen escaso control. No fijan la política macroeconómica, no regulan el mercado laboral nacional ni administran las grandes obras sociales, pero una parte creciente de las consecuencias termina sentándose en sus salas de espera.
El dato laboral más reciente mantiene encendida esa alarma. Según el SIPA, el empleo privado registrado volvió a caer 0,1% en mayo mientras el monotributo avanzó otro 0,1%. Puede parecer una diferencia diminuta. Acumulada sobre millones de trabajadores, describe una transformación bastante más grande.
El Gobierno puede mostrar actividad económica sin que eso implique recuperar empleo asalariado de calidad. Ese es precisamente uno de los puntos centrales señalados por el IAG: una economía puede crecer y, simultáneamente, destruir relaciones laborales registradas.
Y ahí aparece el problema político que se esconde detrás de la estadística sanitaria. El empleo formal argentino nunca fue solamente un sueldo. Construyó alrededor del trabajador una pequeña arquitectura de seguridad: aportes, jubilación, vacaciones, indemnización y cobertura médica. Cuando ese empleo es reemplazado por modalidades más precarias, no desaparece únicamente un casillero del SIPA. Se desarma esa arquitectura.
Más de un millón de bajas en las obras sociales son, entonces, bastante más que un problema administrativo. Son personas. Y cuando esas personas necesitan atención, el sistema descubre una verdad elemental: se puede precarizar el trabajo en una estadística, pero no se puede precarizar una apendicitis. Alguien, en algún hospital, finalmente tendrá que atenderla.
