ILVA, un año después: 300 familias siguen sin cobrar sus indemnizaciones en Pilar

ILVA cerró su planta del Parque Industrial de Pilar el 29 de agosto de 2025 y dejó 300 trabajadores afuera. Más de un año después, el conflicto de las indemnizaciones de esas 300 familias sigue abierto. Este lunes, los despedidos volvieron a bloquear parcialmente el acceso a la fábrica. Detrás de la protesta hay una historia mayor: una empresa cerrada, un concurso preventivo, créditos laborales pendientes y un patrimonio cuyo destino ahora también importa.

El cierre no terminó cuando se apagaron las máquinas. ILVA se presentó en concurso preventivo el 16 de octubre de 2025 y el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 12, a cargo de Hernán Papa, abrió el proceso el 24 de octubre. El expediente 20.110/2025 puso acreedores, activos y deudas bajo las reglas concursales. Cobrar pasó a depender también de los tiempos y decisiones de la Justicia.

Los créditos laborales cuentan con un régimen especial y el pronto pago busca evitar que el trabajador tenga que esperar todo el proceso. En el caso ILVA, la discusión llegó a la Cámara Comercial. El 30 de marzo de 2026, la Sala B ordenó intimar a la empresa para que deposite el 3% de sus ingresos brutos para atender los créditos laborales alcanzados.

Para calcular ese 3%, la Cámara consideró que deben computarse los ingresos de la concursada y los provenientes de la venta de bienes de uso o inversiones.

Una fábrica cerrada que todavía tiene una economía adentro

Ahí adquiere otra dimensión lo que ocurre detrás del portón. Los trabajadores sostienen que continúan saliendo camiones de la planta y el bloqueo del lunes buscó impedir esos movimientos. Todavía falta establecer qué transportan, quién dispone cada salida y si esas operaciones generan ingresos para la concursada. La resolución obliga a seguir el dinero que ingresa a ILVA, incluso desde determinados bienes.

La Justicia también puso la mirada sobre el patrimonio. La sindicatura informó actuaciones para constatar e inventariar bienes de la planta. El interrogante serio es saber qué quedó, sin hablar de vaciamiento sin pruebas. Una fábrica cerrada puede conservar tierra, galpones, hornos, líneas de producción, máquinas, materias primas, mercadería y créditos. En un concurso, saber qué existe y qué puede convertirse en dinero define cuánto recuperarán los acreedores.

La trama patrimonial tampoco termina en ILVA S.A. En febrero de 2026 se abrieron ocho concursos preventivos correspondientes a personas y una sociedad identificadas judicialmente como garantes y codeudores de obligaciones de la compañía, entre ellos integrantes de las familias Zanon y Bocci e INVICO S.A. La pregunta se amplía: qué patrimonio responde y cuánto puede llegar a los trabajadores.

La dimensión productiva explica por qué el caso excede 300 telegramas. Antes del cierre, ILVA integraba el reducido grupo de fabricantes que concentraba alrededor del 95% de la producción argentina de pisos y revestimientos cerámicos.

El dato sectorial importa por otra razón: ILVA no era una unidad marginal. Su salida retiró de Pilar una planta integrada a un mercado concentrado y convirtió una crisis empresaria en pérdida de capacidad productiva y empleo industrial real.

Pero el mercado también estaba cambiando. Durante el primer semestre de 2025, las importaciones de revestimientos cerámicos crecieron 25% y alcanzaron USD 59,5 millones. El porcelanato explicó USD 35,4 millones, alrededor del 60% de esas compras externas.

ILVA alegó una fuerte caída de las ventas y utilizó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para plantear indemnizaciones reducidas. Los trabajadores rechazaron esa explicación y señalaron que la compañía había incorporado maquinaria poco antes del cierre. El dato posterior es otro: la planta cerró, los 300 puestos desaparecieron y la empresa terminó ingresando en concurso preventivo.

El golpe tampoco fue abstracto. La dotación estaba integrada por 292 hombres y ocho mujeres, con antigüedades que iban aproximadamente de cinco a 23 años. En junio de 2026, representantes del acampe calculaban que unos 150 despedidos todavía participaban del reclamo. Algunos habían conseguido otro empleo y otros habían iniciado demandas individuales. A fines de agosto, el núcleo que permanecía de manera estable frente a la fábrica se había reducido a poco más de 40 personas.

Una indemnización no es solamente una deuda contable: para quien pierde el empleo funciona como capital de transición mientras busca trabajo, reorganiza gastos o enfrenta meses sin salario. Cuando el cobro se demora un año, se consume ese margen. El conflicto laboral se transforma así en un problema financiero para cada hogar.

La protesta del lunes devuelve ILVA al punto de partida, pero la discusión ya cambió. En agosto de 2025 estaban en juego 300 puestos. Hoy hay que saber quién cobra, cuándo cobra y con qué patrimonio se pagará. La Cámara fijó que una porción de los ingresos debe alimentar los créditos pronto pagables, el concurso sigue abierto y los trabajadores reclaman mientras observan movimientos dentro de una planta que ya no produce.

ILVA dejó de fabricar porcelanatos en Pilar hace más de un año. La economía de esa fábrica no terminó con el último turno. Quedaron bienes, acreedores, un concurso abierto y 300 familias atravesadas por indemnizaciones todavía pendientes. Las máquinas se apagaron el 29 de agosto de 2025. La cuenta sigue corriendo.