Tras la detención del sospechoso, un investigador dijo: “Le descubrimos cuentas exchange de criptomonedas. Por los movimientos, no descartamos que haya recibido un pago por el intercambio del material”.
Policiales 05/04/2024
Pedro Petazze había sido detenido a fines de agosto pasado por detectives de la Policía de la Ciudad y de la policía bonaerense en su departamento de Palermo. Lo acusaban de haber sido el autor de una amenaza de bomba dirigida al colegio Los Molinos, un exclusivo establecimiento educativo de Vicente López. Pero había más.
El sospechoso escondía un rostro todavía más siniestro: el de un pedófilo que hacía seguimiento de adolescentes. Los resultados de su “estudio de campo” eran guardados en los blocks de notas de sus dispositivos electrónicos, donde, además, le descubrieron archivos con material de situaciones de abusos sexuales de menores de edad. Ahora, siete meses después, la Justicia sobreseyó al imputado, pero dispuso su internación involuntaria en la Unidad Neuropsiquiátrica N°34 de Melchor Romero del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
“Fijar el tope máximo de duración de la internación de Petazze, dispuesta como medida de seguridad, por el plazo máximo de dos años, salvo que con anterioridad al plazo establecido se haya comprobado la desaparición de las condiciones que lo tornaren peligroso para sí o para terceros”, sostuvo el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, magistrado que interviene en el expediente, al disponer la internación involuntaria.
La investigación que derivó en la internación de Petazze comenzó el 23 de agosto del año pasado. Ese día, a las 9.35, se produjo la amenaza de bomba. “Es un establecimiento escolar, y en este momento, hay una bomba”, fue la llamada recibida en el número de emergencia 911. La comunicación tuvo una duración de 28 segundos. La voz intimidante dijo la dirección del establecimiento donde, supuestamente, estaba el artefacto explosivo.
En cuestión de minutos, se activó el protocolo de seguridad y prevención: 920 alumnos y 150 empleados de una exclusiva institución educativa de zona norte debieron ser desalojados.
Pronto se comprobó que había sido una falsa denuncia. Tras una rápida investigación, en menos de 48 horas, se logró identificar al presunto autor de la amenaza, que fue detenido e imputado del delito de intimidación pública.
En su momento, además de la acusación por intimidación pública, el sospechoso fue imputado por el fiscal Alejandro Musso, a cargo de Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, funcionario a cargo de la investigación, por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).
El fin de semana pasado, Morón se vio conmocionado por un nuevo episodio de violencia policial que volvió a exponer graves falencias en materia de seguridad. Un efectivo de la Policía de la Ciudad atropelló a un motociclista, huyó del lugar y, horas después—cuando fue identificado por familiares del herido—abrió fuego y mató a un joven de 19 años, primo de la víctima.
Casi a la misma hora, un sargento recibe un balazo en el brazo al parar a ayudar a un supuesto herido y un cabo pierde la mochila bajo amenaza de pistola. Ambos iban de civil rumbo al turno.
La Subsecretaría de Seguridad del Municipio de Merlo realizó en las últimas horas un amplio operativo de saturación en la localidad de Mariano Acosta, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en las calles y prevenir delitos en zonas estratégicas del distrito.
El hecho ocurrió a plena luz del día en Parque San Martín. Dos motochorros frenaron sobre la calle Mario Bravo y Beruti, y en cuestión de segundos se llevaron el techo del vehículo. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.
En Villa Tesei, partido de Hurlingham, una pelea entre amigos terminó en tragedia. Tres jóvenes se encontraban en la vía pública, en la esquina de Eduardo Bradley e Inés de Pons, cuando dos de ellos comenzaron a discutir.
El juez Alejandro Litvack sobreseyó a Cristian Graf en la causa por el presunto encubrimiento del asesinato de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984 y hallado en 2025 en una casa de Coghlan. El magistrado consideró que no hubo delito, aunque la investigación por su muerte continúa abierta.
Un fuerte rechazo por parte de supermercadistas, comerciantes y consumidores se desató en Pilar tras la modificación de la Tasa de Protección Ambiental, que pasó de ser un monto fijo por transacción a un recargo del 2% sobre el total de cada compra.
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El IPC de noviembre volvió a ubicarse en 2,5% y el Gobierno lo exhibe como señal de control. Sin embargo, detrás del dato conviven seis meses de aceleración inflacionaria, una industria que opera al 61% de su capacidad, 126.000 empleos fabriles perdidos y una pobreza multidimensional que ya alcanza al 67% de la población.
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