Tras la detención del sospechoso, un investigador dijo: “Le descubrimos cuentas exchange de criptomonedas. Por los movimientos, no descartamos que haya recibido un pago por el intercambio del material”.
Policiales 05/04/2024
Pedro Petazze había sido detenido a fines de agosto pasado por detectives de la Policía de la Ciudad y de la policía bonaerense en su departamento de Palermo. Lo acusaban de haber sido el autor de una amenaza de bomba dirigida al colegio Los Molinos, un exclusivo establecimiento educativo de Vicente López. Pero había más.
El sospechoso escondía un rostro todavía más siniestro: el de un pedófilo que hacía seguimiento de adolescentes. Los resultados de su “estudio de campo” eran guardados en los blocks de notas de sus dispositivos electrónicos, donde, además, le descubrieron archivos con material de situaciones de abusos sexuales de menores de edad. Ahora, siete meses después, la Justicia sobreseyó al imputado, pero dispuso su internación involuntaria en la Unidad Neuropsiquiátrica N°34 de Melchor Romero del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
“Fijar el tope máximo de duración de la internación de Petazze, dispuesta como medida de seguridad, por el plazo máximo de dos años, salvo que con anterioridad al plazo establecido se haya comprobado la desaparición de las condiciones que lo tornaren peligroso para sí o para terceros”, sostuvo el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, magistrado que interviene en el expediente, al disponer la internación involuntaria.
La investigación que derivó en la internación de Petazze comenzó el 23 de agosto del año pasado. Ese día, a las 9.35, se produjo la amenaza de bomba. “Es un establecimiento escolar, y en este momento, hay una bomba”, fue la llamada recibida en el número de emergencia 911. La comunicación tuvo una duración de 28 segundos. La voz intimidante dijo la dirección del establecimiento donde, supuestamente, estaba el artefacto explosivo.
En cuestión de minutos, se activó el protocolo de seguridad y prevención: 920 alumnos y 150 empleados de una exclusiva institución educativa de zona norte debieron ser desalojados.
Pronto se comprobó que había sido una falsa denuncia. Tras una rápida investigación, en menos de 48 horas, se logró identificar al presunto autor de la amenaza, que fue detenido e imputado del delito de intimidación pública.
En su momento, además de la acusación por intimidación pública, el sospechoso fue imputado por el fiscal Alejandro Musso, a cargo de Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, funcionario a cargo de la investigación, por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).
Cuatro personas fueron detenidas en el marco de la investigación que se lleva adelante por el ataque vandálico que sufrió el diputado nacional José Luis Espert en su domicilio de San Isidro. Uno de los allanamientos se realizó en la localidad de Florida, partido de Vicente López.
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