Por Rodrigo Lescano
Desde hace casi dos décadas, el cruce de la Ruta 197 y la calle René Favaloro dejó de ser solo un lugar de tránsito de paceños que van hacia el centro comercial de la ciudad o se dirigen hacia sus trabajos en las industrias ubicadas en el norte del conurbano bonaerense. A menudo, el bullicio que generan las más de cinco líneas de colectivo que circulan por allí se reemplaza por el sonido de los golpes de bombos y los aguerridos discursos amplificados por megáfono de los trabajadores del hospital provincial que se encuentra a dos cuadras del lugar.
Cuando los profesionales de la salud del Hospital Domingo Mercante sufren injusticias, ellos hacen propio este cruce de calles y lo transforman en un espacio de denuncia y resistencia. Así lo sostuvieron el pasado lunes cuando reclamaron contra la persecución sindical que sufren los activistas y delegados por parte de la gestión del nosocomio, la precarización laboral y la falta de insumos.
Con el apoyo de organizaciones sociales y políticas, exigieron que se dé marcha atrás con las sanciones disciplinarias a cuatro activistas que pertenecen a la Lista Negra en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), opositores a la conducción provincial de Claudio Arévalo. Los casos más graves son los de las enfermeras Paola Trejo y Silvia Mistchenco. La primera es delegada y la segunda terminó su mandato en el cuerpo gremial recientemente. Denunciaron que el director del hospital, Juan Canela, pidió sus traslados al Hospital Petrona V. de Cordero (localizado en San Fernando) como parte de una política de debilitamiento de la organización de los trabajadores.
Para Trejo, las medidas disciplinarias responderían a que “la dirección busca acallar a los activistas y delegados y, al igual que ocurre en los lugares donde dirige la Verde de ATE, hacer caso omiso a los reclamos y hacer a su antojo lo que quieran con los profesionales y los pacientes”.
Por su parte, uno de los delegados sancionados, Diego Gonet, sostuvo que la causa de los procesos sumariales se encuentra en que ellos han denunciado las “paupérrimas condiciones del hospital como el hacinamiento en las salas, las paritarias de ‘hambre’ y los 200 compañeros precarizados que no tienen aguinaldo y aportes jubilatorios por pertenecer a planes provinciales”. “La burocracia sindical y la dirección quiere un hospital sometido”, arremetió.
Protecciones
El cuerpo de delegados del Hospital Mercante sostiene que el proceso sumarial al que están sometidos los activistas es ilegal porque no hay pruebas de que hayan violado normas del establecimiento. A su vez, considera que es ilegal trasladar a las enfermeras porque ambas tienen fueros gremiales.
La Ley de Asociaciones Sindicales (Ley 23.551) establece que los dirigentes sindicales gozan de garantías que los protegen. No pueden ser despedidos ni sancionados sin justa causa mientras dure su mandato como representantes sindicales y hasta un año después de finalizado este, siempre y cuando no exista una causa judicialmente comprobada que justifique su cese. Además, la ley expresa que no pueden ser trasladados a otros establecimientos sin su consentimiento durante el período de su mandato.
Tensiones
La relación entre los delegados y el director Canela siempre se ha caracterizado por ser tensa y, en algunas ocasiones, violenta. En una asamblea de trabajadores realizada a fines de agosto del año pasado en el hall de hospital, el funcionario intentó interrumpirla al querer arrebatar el megáfono a una delegada.
Para Gonet, la base de esta violencia institucional radicaría en que el director no cuenta con el apoyo de la mayoría de los trabajadores: “En el hospital teníamos la modalidad del consenso donde los empleados votaban algún médico y quedaba de director. Esto no fue respetado y desde el Ministerio de Salud bonaerense impusieron a Canela. El 90 por ciento de los trabajadores reunidos en asamblea lo recibió mal y no querían saber nada con él. Por eso, le duele el rechazo que hasta el día de hoy continúa”.
Indignación
Paola Trejo siente indignación. No solo porque siente que se vulneran sus derechos laborales y que la seccional paceña de ATE no atiende sus reclamos, sino también porque su traslado al hospital provincial sanfernandino interrumpe su desarrollo profesional. Lleva más de dos décadas ejerciendo como enfermera en el Mercante y ha dedicado toda su vida a este hospital. Ella siente que no pertenece a San Fernando y que debe seguir en el área de pediatría, donde actualmente se desempeña.
Al igual que sus compañeros de agrupación, opina que es víctima de un “despido encubierto” y está convencida de que “la lucha debe continuar tanto en la calle como a nivel legal".
