La Justicia volvió a intimar al ministerio de Capital Humano para que presente un informe final sobre la distribución final de los alimentos a sectores vulnerables. El hambre aumento y la comida está a punto de vencerse.
Política 01/08/2024
El juez federal Sebastián Casanello le dio al ministerio que conduce Sandra Pettovello 72 horas para que cumpla en presentar “un informe sobre el destino final de la distribución de alimentos realizada en el marco del convenio suscripto con la Fundación Conin, junto con sus respectivos remitos firmados por los beneficiarios”.
No es la primera intimación que cursa Casanello, pero todas las decisiones judiciales son apeladas por el ministerio.
En junio pasado el juez intimó a Pettovello a que presente un plan de distribución de los productos que todavía se encuentran almacenados en los depósitos de Villa Martelli (Provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán).
En aquella oportunidad el ministerio informó que procedió a firmar un convenio con la Fundación Conin y dijo que los alimentos se distribuirían en coordinación con el Ministerio de Defensa.
El juez Casanello le exigió al ministerio que presente un informe del estado de distribución de “la leche en polvo marca Cotar y de las “pasas de uva habidas en el depósito de la localidad de Villa Martelli, PBA, productos que estarían próximos a expirar”.
En su nueva resolución, el juez pidió a Pettovello que presente copia de los convenios suscriptos con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires vinculados al plan de distribución de alimentos.
Ello de acuerdo a lo que informó el ministerio en su presentación del 1 de julio pasado. En caso de que hubiese comenzado su ejecución, le pidió que “remita un informe sobre su avance”.
En la misma resolución, el magistrado requirió los remitos correspondientes a la entrega de alimentos informado a fines de mayo y el remito de 4.430 kilos de harina de maíz entregados a la organización Conín de la localidad de Capital Sarmiento.
Durante la feria judicial de invierno la cartera que encabeza Pettovello fue intimada en dos oportunidades por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, para que cumpla con una cautelar y garantice el derecho a la alimentación.
Se trata del expediente que impulsa el CELS y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Esta causa tramita en paralelo a la denuncia penal que está a cargo de Casanello y la fiscal Paloma Ochoa en una denuncia que realizó el dirigente social Juan Grabois.
“Mesa de diálogo”
El flameante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encabezaron "la primer mesa de diálogo social" dónde incluyeron representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sectores productivos y legisladores nacionales. ¿Quienes estuvieron presentes?
En la reunión no estuvieron presentes formalmente representantes sindicales.
"Cuenta con la presencia de representantes de los diferentes actores del mundo del trabajo de Argentina", indicaron desde Capital Humano a través de un comunicado.
Tras la reglamentación del impuesto a las Ganancias que reimplantó la cuarta categoría, la CGT declinó su participación de la convocatoria formal que le realizó la Secretaría del Trabajo para la reunión de la mesa tripartita junto a los empresarios.
Aún así, hasta ayer estaba confirmado que irían representantes legales de tres sindicatos importantes. En este sentido, se había confirmado la presencia de Marta Pujadas (UOCRA), Federico West Ocampo (Sanidad) y Alberto Tomassone (Comercio).
A pesar de ello, no fue confirmada su presencia en el comunicado que publicó el ministerio con todos los nombres de las personas que participaron de la reunión.
Al finalizar el encuentro, Cordero destacó que pudieron "avanzar en temas concretos" y los actores presentes "se comprometieron a recabar información en sus sectores y acercar propuestas tanto de redacción como de contenido".
"La mesa permanecerá abierta para que todos puedan seguir aportando ideas en esta misma línea; donde la gestión, como nunca antes, se nutra de las visiones de diferentes sectores para promover condiciones que generen empleo genuino y de calidad en el país", completó.
La medida fue presentada por Lucas Goldaracena y Noelia Barrientos, abogados graduados de la Universidad Nacional de José C. Paz, y se convirtió en la primera resolución judicial favorable de un trabajador despedido del Estado Nacional en el gobierno de Javier Milei.
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