Reforma penal como carnada emocional en diciembre: endurecer penas y cerrar la puerta giratoria le da al oficialismo la bandera perfecta para aglutinar apoyo público y negociar con gobernadores los votos que le faltan para aprobar el Presupuesto 2026 sin sobresaltos.
Política 05/12/2025
Milei, astro político de capitalizar bronca
El Gobierno oficializó el llamado a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre. En la superficie, el objetivo prioritario es aprobar el Presupuesto 2026, la hoja de ruta que Milei necesita para sostener su narrativa de orden fiscal. Pero debajo de esa formalidad late otra jugada. La reforma penal, presentada como cruzada contra la impunidad, aparece estratégicamente ubicada para ocupar la conversación pública y, al mismo tiempo, lubricar acuerdos legislativos que el oficialismo todavía no tiene garantizados.
La dupla Adorni-Santilli viene trabajando desde noviembre con los gobernadores para tallar los votos necesarios. Y mientras el oficialismo festeja haberse convertido en primera minoría en Diputados, sabe que los números siguen siendo ajustados. En ese marco, la reforma penal funciona como un imán emocional que, bien usado, convierte escépticos en aliados. La política se mueve con pasiones que la técnica no domina y pocas pasiones son tan eficaces como el punitivismo cuando la calle pide castigo.
Por eso el Gobierno deja que la reforma penal, aún en borrador, circule como símbolo de autoridad. Aumentos de penas, imprescriptibilidad de delitos graves, restricciones a beneficios, ejecución inmediata de condenas, mayor peso para las víctimas. Todo está planteado para ofrecer un mensaje que la Casa Rosada entiende que tiene recepción garantizada: el delincuente pierde derechos, el Estado recupera poder. Nadie en Balcarce 50 desconoce el clima. Lo usan. Lo administran. Lo capitalizan.
La explotación del mercado del enojo
La reforma penal no es solamente una iniciativa jurídica. Es un instrumento de negociación. Un gesto hacia los gobernadores que enfrentan territorios golpeados por delitos de alto impacto. Una bandera que no divide a la opinión pública, sino que la aglutina. En un país donde la frustración social es el combustible más fácil de encender, endurecer las penas opera como un mensaje de control. Y ese mensaje vale votos.
El Gobierno sabe que donde hay bronca, hay oportunidad. Por eso abrió el juego en diciembre, un mes siempre cargado de tensión política, cuando cualquier señal de orden suma. El Presupuesto puede ser una negociación áspera. Nadie se juega el capital político por un Excel. Pero por una reforma penal que promete “terminar con la puerta giratoria”, sí. El oficialismo lo entendió rápido. Sabe que un debate punitivo permite ordenar filas, disciplinar aliados y aislar opositores incómodos.
La Casa Rosada proyecta extender las extraordinarias a febrero. El calendario no es casual. La discusión penal sirve como plataforma para avanzar más adelante con la reforma laboral y tributaria. Para cuando esos proyectos entren en escena, el clima ya estará condicionado por el mensaje inicial. El truco es simple: primero se captura el sentido común, después se capturan los votos.
La figura de Patricia Bullrich es clave en esta ingeniería. El Gobierno la imagina como ariete legislativo en el Senado, un territorio donde Villarruel perdió toda gravitación. Bullrich encarna una idea de orden que resulta funcional al oficialismo y que se complementa con la narrativa presidencial. Es la pieza que necesitan para convertir la reforma penal en un triunfo político que arrastre el resto del paquete.
La pregunta de fondo es si el Congreso debatirá una política criminal o una estrategia de supervivencia gubernamental. Porque detrás de cada artículo del anteproyecto hay un cálculo claro: donde la sociedad expresa hartazgo, el Gobierno instala una medida dura que deja descolocadas a las oposiciones. Es difícil oponerse al endurecimiento de penas cuando el clima social pide mano firme. Es ahí donde opera la astucia del momento elegido.
El Presupuesto 2026 es el objetivo real. La reforma penal es la llave narrativa. Y el enojo social, el combustible. Lo que se discute no es solamente un código. Lo que se discute es quién captura el pulso del descontento antes que otro lo haga. En ese juego, Milei apuesta a que cada gesto de dureza le permita avanzar con reformas que, bajo otras circunstancias, serían políticamente impensables.
La política argentina siempre encontró formas de convertir el miedo en gobernabilidad. La novedad es que ahora la estrategia es explícita. El Gobierno no esconde que su prioridad es fiscal, pero sabe que ningún número cierra si no cierra antes la conversación pública. Por eso la reforma penal no es un desvío del Presupuesto. Es su escolta. Su cobertura emocional. Su blindaje.
Al final, en la ingeniería del poder pesa menos el contenido jurídico que la capacidad de instalar un clima. El oficialismo puede no tener todas las bancas, pero tiene algo igual de valioso: la intuición de que, en un país cansado, endurecer penas rinde más que ajustar partidas. Y mientras ese equilibrio funcione, podrá avanzar. Hasta que el Congreso, o la calle, marque otro límite.
La reforma penal se convirtió en el movimiento emocional que el Gobierno necesita para ordenar votos y blindar el Presupuesto 2026.
Donde el malestar social arde, el oficialismo instala una medida dura que transforma el enojo en capital político.
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