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El Presidente buscó llevar calma a sus funcionarios frente a la escalada del dólar. Junto a Caputo, descartó una devaluación y prometió sostener el rumbo económico.
La empresa chilena lo despidió de su sucursal de Pilar antes de las elecciones a delegados. Pero fue reincorporado y ganó. Ahora no lo dejan entrar a trabajar y más de 200 empleados están desprotegidos sindicalmente. Fue al Congreso Nacional a contar su lucha y tuvo el apoyo de diputados.
Política 06/08/2024Sin embargo, no pudo darse el lujo de apreciar cada detalle como lo haría un turista. Diputados del Frente de Izquierda Unidad y de Unión por la Patria lo esperaban en el salón Auditorio del Anexo de la Cámara baja. Había sido convocado junto a otros trabajadores y sindicatos que peleaban por la reincorporación de los miles que en los últimos meses quedaron en la calle.
Sintió un temblor nervioso recorriendo sus piernas y manos cuando se acercó al atril que había sido colocado para que los invitados contarán sus experiencias. La facilidad con la que hablaba en las asambleas y plenarios de su militancia sindical y política lo había abandonado. Frente a la mirada de los representantes elegidos por el voto popular, afrontó la situación y describió una de las luchas más cruciales de su vida.
El correo golpeó la puerta de su casa en Garín la mañana del 16 de enero de este año. En sus manos recibió un telegrama de despido de la sucursal pilarense de Jumbo, el hipermercado donde trabajó los últimos catorce años. El documento notificó que era desvinculado sin causa alguna, pero él sabía el motivo de fondo: “Yo siempre defendí los derechos de mis compañeros y me iba a postular para las elecciones de delegados”, declaró a este medio.
Entre 2014 y 2022 fue delegado y el pasado diciembre notificó a la empresa y al Sindicato de Comercio que iba a postularse para volver a representar a sus compañeros. Al igual que le ocurrió a sus dos compañeros que fueron delegados con él, Jumbo lo despidió el día posterior al que se le vencieron los fueros gremiales, una protección que tienen los ex delegados durante un año cuando se terminan sus mandatos.
Para la empresa perteneciente al grupo Cencosud, la presencia de Jesús era un gran inconveniente: “Durante mi mandato, logramos efectivizar a trabajadores y, en pandemia, conseguimos hisopados para todo el personal, y clausurar el supermercado cuando hubo el primer caso positivo de Covid-19. En los últimos dos años, mis compañeros me consultaban sobre sus derechos y hablaba con ellos sobre política y sindicalismo. A la patronal les molesta que los incentive a defender sus derechos y organizarse para cambiar la realidad”, señaló el despedido.
Giménez junto a su abogado Gonzalo Amarilla, cual pertenece al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, decidieron presentar el 3 de febrero en el Juzgado Nacional De 1ra Instancia Del Trabajo Nro. 72 una medida cautelar para exigir su reincorporación.
Para demostrar que su despido era antisindical y discriminatorio, se usó no sólo el telegrama que envió al sindicato en diciembre, sino también declaraciones testimoniales de empleados donde expresaban que la relación con el departamento de recursos humanos era tensa y que contaba con el apoyo de las bases. Sus compañeros resaltaron que, aunque no era delegado, le consultaban sobre paritarias y le llevaban sus dudas sobre recibos de sueldo. Se justificó que había un peligro colectivo si se lo alejaba a Giménez de sus actividades sindicales y que faltaban muy pocos días para las elecciones de delegados.
Con todos estos argumentos, el Juzgado ordenó su reinstalación el 8 de febrero de este año. A partir de allí comenzó una carrera para lograr que él pueda participar de la elección de delegados.
El mismo día que la Justicia ordena su reinstalación, presentó su lista para las elecciones a delegados que iban a realizarse el 15 de ese mes. Con su abogado y un escribano fueron a Jumbo a notificar que había sido reincorporado, pero la empresa se negó. Para Amarilla, esto tenía un propósito: “El supermercado aprovechó el feriado de carnaval para que Jesús haga la campaña por fuera y que no esté en condiciones iguales como los otros candidatos a delegados que podían hablar dentro del lugar”.
Sin embargo, los resultados para la empresa que tiene como logo un alegre elefante no fueron los esperados. Jesús y su compañera de lista, Joanna Herrera, se convirtieron en delegados con el 54% de los votos. De 230 votantes, 124 los habían elegido a ellos. El 19 de febrero, Cencosud aceptó la medida cautelar y él ingresó a trabajar. Sin embargo, un par de meses después, esta victoria se vio opacada por un revés legal.
“En mayo, la Cámara de Apelaciones revocó esa cautelar. Obviamente, es una cámara muy a tono con el gobierno actual, el cual está atentando contra los derechos de los trabajadores, quiere prohibir las asambleas en lugares de trabajo y las reincorporaciones de los trabajadores despedidos de manera discriminatoria”, explicó Giménez.
Al revocarse la cautelar, volvió a ser despedido. Para entender por qué se dio esta situación, hay que tener en cuenta que las medidas cautelares resuelven de manera provisoria un conflicto. No es una resolución definitiva, ya que debe haber un juicio de fondo que determiné el veredicto final En el caso Giménez, la Sala 10 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo falló a favor de Cencosud porque consideró que entraría en un prejuzgamiento si tuviera que resolver el caso.
Ante esta ofensiva, la estrategia de Jesús Giménez y su abogado fue recurrir a un recurso in extremis contra este fallo judicial de la Cámara de Apelaciones. Esta herramienta es utilizada para revocar un procedimiento judicial que haya incurrido en una injusticia.
Para los demandantes, la medida de la Cámara estaría violando el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, la 23551, que establece que los delegados no pueden ser despedidos ni suspendidos. A su vez, se pasa por encima el art. 14 bis de la Constitución Nacional que dice que “los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.
Los demandantes consideran que el fallo no respeta la libertad sindical y vulnera el derecho democrático de la mayoría de los empleados de Jumbo a elegir sus representantes y ser defendidos por ellos. El despido de Jesús los dejaría en un estado de vulneración y de desigualdad ante el empleador, al no tener a su delegado.
Estos argumentos no le importaron a la Fiscalía General de la Cámara, la cual el pasado 28 de junio dictaminó el rechazo del recurso in extremis porque no estaría ocurriendo ningún hecho “grave o grosero”.
Jesús Giménez es consciente de que la Justicia y el gobierno no están de su lado. La audiencia en el Congreso fue su oportunidad para recolectar apoyos de diferentes referentes del ámbito político, sindical y de derechos humanos. El petitorio por su reinstalación cuenta con la firma de Sergio Palazzo, Mario Manrique, Hugo Yasky, Nicolás del Caño, Pablo Michelli y la Dra. Mariana Katz (SERPAJ).
Para él, la vía legal es solo una parte de la estrategia para volver a estar con sus compañeros. Afirmó que la clave está en “la unidad de todos los trabajadores” para enfrentar a los grupos empresarios y al gobierno: “Si peleamos todos juntos, nuestros reclamos tendrían mucha más fuerza”.
A pesar de no tener para llevar el pan a su familia, Giménez no baja los brazos. Recorre universidades, terciarios y lugares de trabajo para visibilizar su historia de lucha y resistencia y prevenir a otros para que no les pase lo mismo que él. “Quiero volver por mi derecho a trabajar y para respetar el derecho de mis compañeros a que los represente”, dijo, convencido de que "somos los trabajadores quienes escribimos la historia".
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