De manera holgada, el oficialismo sumó otro triunfo legislativo al aprobar el proyecto de ley impulsado desde el Poder Ejecutivo. La medida busca darle solución a las más de 800 mil armas que están en una situación irregular en todo el territorio nacional.
Actualidad03/10/2024
La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para la regularización de armas y la prórroga del programa de Entrega Voluntaria por el período de un año. La votación resultó con 142 votos a favor, 89 en contra y una abstención.
La iniciativa presentada en mayo ahora pasa al Senado. La misma plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.
Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.
Sobre tablas, el bloque opositor Unión por la Patria propuso modificar el artículo 2 para que la ANMaC retenga las armas hasta que se apruebe la regularización. En caso de que no sea así proponía la destrucción de la misma. El pedido no prosperó en el recinto.
Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”. Esto último, el Poder Ejecutivo lo explicitó en los fundamentos.
Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.
Más armas en manos de civiles ¿Menos inseguridad?
América latina concentra el 9% de la población mundial y es la región donde se comete el 35% de los homicidios del mundo. Las encuestas en Argentina exhiben desde hace varios años que la inseguridad es una de las demandas sociales principales.
Si bien investigaciones de organizaciones internacionales como la ONU y la OEA muestran que la tasa de homicidios ubica a la Argentina dentro del grupo de países con indicadores más bajos de América latina, no es menos cierto que la tasa de robos del país duplica la del promedio hemisférico.
La evidencia empírica revela que la libre portación de armas no disminuye la cantidad de homicidios. Al contrario, expone que existe una relación proporcional: a mayor cantidad de armas en la sociedad civil, mayor cantidad de muertes, ya sea por homicidios, suicidios, femicidios o accidentes.
Los programas de desarme como herramienta de prevención de la violencia arrojaron resultados positivos en Argentina. El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones consiste en posibilitarle a la sociedad entregar de manera anónima y voluntaria armas de fuego y municiones a cambio de un estímulo económico.
La puesta en práctica de este programa permitió sacar de circulación más de 200 mil armas de fuego en el período 2007-2022. Las armas que entregan los civiles son destruidas en un horno de elevada temperatura.
Lo expuesto derrumba la peligrosa fantasía que busca instalar que una sociedad armada reduce la cantidad de homicidios por el incremento del riesgo que implica para el delincuente encontrarse con una persona armada que puede defenderse y herirlo o matarlo.
El problema de “regularizar”
El proyecto aprobado estimula la registración de armas en situación “irregular”, eximiendo de responsabilidad penal a los poseedores ilegales y habilitando la posibilidad de transferencias de esas armas a otros legítimos usuarios si el declarante no es reconocido como tal.
Esto podría abrir un nuevo mercado para lo que podrían ser alrededor de 1.700.000 armas no registradas.
Por otro lado, prorroga el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, único punto realmente virtuoso del proyecto, ya que va dirigido hacia la reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales y la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil. Justamente este punto hace más notoria la incongruencia de una pretensión de “regularización” como la mencionada en el párrafo anterior.
Enfocados en las resoluciones administrativas ya vigentes, la Resolución ANMaC N°20/2024, convierte en ilusorio el Control Ciudadano previsto en el sistema, que se operativizaba mediante la exigencia de publicación de todas las solicitudes de obtención de condición de legítimo usuario de armas de fuego.
Dicha resolución, al suspender la publicación de las solicitudes de tenencia y portación de usuarios civiles, elimina un mecanismo crucial para el control, que permitía a la sociedad conocer quiénes solicitaban permisos para portar armas y actuar como una medida de transparencia y supervisión. En combinación con el proyecto de ley, esta suspensión podría facilitar la regularización masiva de armas sin un adecuado escrutinio ciudadano, aumentando los riesgos de tráfico de armas y uso indebido de ellas.
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