Guazú Nambí: el barrio del Delta de Tigre que se niega a ser vendido

Los vecinos defienden sus hogares y el acceso al agua en una lucha que enfrenta naturaleza y especulación inmobiliaria. Un decreto de Massa y el corazón del Delta en disputa.

Por Rodrigo Lescano

Por ser colindante al Río Luján, el barrio Guazú Nambi se despierta cada mañana con una sinfonía de graznidos, trinos y aleteos, acompañada de un coro de grillos que se mezcla con las melodías formadas por el chapoteo de algún pez y los crujidos de árboles y juncos agitados por el viento. Atravesado por el arroyo que lleva el mismo nombre que el barrio, esta isla es una de las pocas joyas naturales en la localidad tigrense de Rincón de Milberg que no han sido robadas por los dueños de los countries y sus yates. Hasta hace unos días.

El silencio que sólo podía romperse por el motor lejano de una lancha o la voz de algún pescador dejó de existir. Un grupo de hombres llegó al lugar y empezó a talar árboles. Con herramientas para una obra en construcción, prosiguieron en demoler un muelle de hormigón de más de 40 años. En su lugar, pusieron rollos de alambre de púa filosos. Un símbolo que indicaba que, desde ese momento, solo algunos iban a ser los dueños del río.

Como una chispa en pasto seco, la preocupación y el miedo se propagó rápidamente, incendiando los pensamientos y las miradas de todos los vecinos. La visita al lugar de Mario Zamora, hermano del intendente y ex secretario de gobierno del municipio, solo echó más leña al fuego. Reunido con los vecinos semanas atrás, les notificó que serían privatizados las calles del barrio y el acceso al arroyo que lo atraviesa para dar lugar a un mega proyecto inmobiliario. Las familias y los isleños que recorren día a día ese lugar no solo perderían lo único que los conecta con el agua potable. En algunos casos, hasta sus hogares.

El río no se vende

El área en cuestión se trata de más de 24 mil metros cuadrados y se encuentra entre las calles Mariscal Antonio José de Sucre y la Avenida Dellepiane. Incluye un puente y un muelle en la desembocadura del arroyo. Estos últimos tienen una gran utilidad pública porque son la entrada y salida a las islas del Delta, en especial a la zona correspondiente a los arroyos Caraguatá y alrededores. Por allí, vecinos, estudiantes, comerciantes y turistas llegan al muelle y suben al puente para circular por la calle Sucre. Ésta los lleva a la avenida y desde allí pueden alcanzar la ruta nacional 27 que los conecta con el centro de Tigre.

Mariela, integrante de la Asamblea Isleña y una de las afectadas, relató las trágicas consecuencias que podría traer esta construcción: “Sin el muelle ni el puente, no tendríamos un acceso seguro al continente. Tampoco podríamos abastecernos de agua potable. A su vez, si se cierra la calle Sucre, más de 200 familias del barrio van a ser desplazadas a zonas más alejadas”. El aislamiento al que se expondrán los afectados se agrava porque una de las desembocaduras del arroyo está ocupada por el barrio cerrado Santa María de Tigre y la salida pública al Río Luján que tiene la Avenida Dellepiane también entra dentro del emprendimiento.

Los isleños argumentan que no se pueden demoler el muelle y el puente porque son de carácter público, ya que fueron construidos con fondos nacionales durante la última dictadura militar. A su vez, el río, el arroyo, la línea de la ribera y el camino de sirga (la franja de un terreno que el propietario debe dejar libre cuando éste limita con el cauce de un río) son bienes de dominio público establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Decretos dictados “entre gallos y medianoche”

“Se sospecha que el proyecto inmobiliario consiste en la puesta de 14 torres con una bahía artificial sobre nuestro arroyo”, exclamó Mariela. Grupo Media Tres pudo acceder a los expedientes de la obra y constató que fueron presentados como decretos municipales entre 2010 y 2011. Están firmados por el entonces intendente de Tigre, Sergio Massa.  Los expedientes quitan el carácter público del área afectada para venderlas a Adrián Gustavo Súcari, Martín Horacio Súcari y Marcelo Roberto Sielecki. Ellos la compraron por un valor de $115.916.

A cambio, el municipio les obligó a presentar en Secretaría de Inversión Pública y Planeamiento Urbano los proyectos para construir la obra vial, hidráulica y un puente del emprendimiento, como así también mantener los el camino y el puente existente en buen estado de funcionamiento.  Los vecinos afirmaron que nada de esto se cumplió a lo largo de estos años, lo que provocaría que “los privilegios obtenidos en los decretos se pierdan por inacción de los beneficiarios”.

Además, los damnificados consideran que los decretos son nulos porque no se presentaron las autorizaciones de las autoridades municipales, provinciales y nacionales para construir una urbanización cerrada y privada en la cuenca del río Luján, como así tampoco estudios de impacto ambiental y social. A su vez, no se convocaron a audiencias públicas y los decretos municipales fueron dictados “entre gallos y medianoche” sin haberle dado intervención al Concejo Deliberante tigrense ni a las autoridades federales y provinciales.

Otra de las causas de nulidad se da porque Sergio Massa cometió la irregularidad de vender bienes públicos sin llamar a “una licitación pública ni una privada y ni siquiera una contratación directa con una compulsa previa, sino que directamente decidió adjudicarlos a determinadas personas físicas privadas”. Los intendentes no tienen competencia respecto de bienes públicos nacionales y provinciales, así como tampoco en las materias que son de competencia regulatoria federal y provincial, y específicamente porque no existe una causa de interés público para transferirlos a particulares.

El fantasma de Nordelta

La instalación del emprendimiento inmobiliario sobre el arroyo no debe tomarse como un caso aislado sino como parte del fenómeno urbanístico que expresan Nordelta y los grandes barrios cerrados. Para Sonia Vidal-Koppman, investigadora del Conicet y docente-investigadora en el Centro de Información Metropolitana (CIM) de la FADU de la UBA  son “productos inmobiliarios que emulan la ciudad abierta y que ofrecen condiciones de confort urbano, de seguridad y de calidad de vida superiores, pero que ocupan la casi totalidad de los humedales, lo que provoca un importante impacto ambiental ocasionado”.

Los isleños y vecinos del barrio Guazú NambÍ son conscientes de que, al igual que ocurrió con Nordelta, la pretendida urbanización elevará en su égido el nivel del suelo 2,5 metros de altura para evitar que se inunde con las crecidas. Sin los drenajes adecuados, el barrio estaría expuesto a inundaciones.  Los humedales que fueron rellenados durante la construcción del barrio propiedad de Costantini dejaron de cumplir la función de esponja e inundaron barrios populares como Las Tunas. “Te quieren vender naturaleza, pero lo primero que hacen es talar y contaminar los ríos. Quieren la costa para sus lanchas pero no se contactan con los lugareños. En realidad, es naturaleza cero”, agregó Mariela.