Ocho detenidos, más de 2.800 dosis de cocaína, armas y vehículos incautados en un operativo que desarmó la estructura criminal que manejaba puntos de venta en Villa Curita. El caso expone la frontera difusa entre la economía popular y el control narco en el conurbano.
Policiales 11/08/2025
En Villa Curita, José León Suárez, la rutina tiene sus propios relojes: el silbido de los bolseros, el andar pausado de los soldaditos, las motos que no hacen delivery sino “control de zona”. Desde noviembre, un grupo de investigadores seguía ese pulso invisible que late entre las calles de tierra y el predio del CEAMSE. Allí, entre montañas de basura y galpones de chapa, operaba “La Gorda Laura”, la mujer que, según la causa, dirigía una red que mezclaba reciclaje, asistencia social y venta de droga al menudeo.
La planta “Firmes al pie de la montaña” no figuraba en los manuales del narco glamoroso. Era una cooperativa recicladora que funcionaba como pantalla: allí se clasificaban botellas y cartones, pero también se coordinaban entregas, pagos y seguridad. Junto a esa base había otras dos “fachadas” —otra planta, un comedor comunitario y un corralón— donde familiares y allegados organizaban los puntos de venta.
La modalidad era conocida: bolseros con mercadería fraccionada, custodiados por jóvenes armados, y “satélites” vigilando esquinas para avisar de cualquier movimiento policial. La investigación, que incluyó la intervención de cinco líneas telefónicas, reveló cómo el código cambiaba la cocaína por “detergente” y la marihuana por “fideos” en las conversaciones. Entre los compradores mayoristas apareció un nombre clave: “El Pelado”, con base en San Martín y vínculos en Morón.
Veinte allanamientos y un botín de pruebas
El operativo final, autorizado por el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, desplegó 20 allanamientos simultáneos. El saldo: ocho detenidos, 20 personas aprehendidas —incluidos dos menores—, 2.853 dosis de cocaína listas para la venta, marihuana, dos pistolas calibre 9 mm, un revólver calibre .38 sin numeración y más de un centenar de municiones. También incautaron 25 celulares, $900 mil en efectivo, 20 autos, tres motos y autopartes con pedido de secuestro.
Para las autoridades, fue “un golpe significativo” a la logística y finanzas de la organización. En la práctica, significa que durante un tiempo el mapa del narcomenudeo en Villa Curita se reconfigurará. Pero la experiencia en el conurbano muestra que el vacío de poder suele llenarse rápido.
El caso abre, además, un capítulo incómodo: cómo ciertas estructuras de la economía popular —en este caso, una cooperativa de reciclaje— pueden convertirse en refugio o plataforma para actividades ilegales. No es nuevo, pero cada vez que se destapa, pone en tensión a quienes militan y trabajan genuinamente en esos espacios, que quedan bajo sospecha generalizada.
En lo judicial, la causa avanza con pruebas sólidas: escuchas, seguimiento de vehículos, incautaciones y testimonios. Sin embargo, en barrios como Villa Curita, la dimensión real del daño no se mide en expedientes sino en lo cotidiano: jóvenes reclutados por un sueldo rápido, vecinos que aprenden a no mirar y familias que conviven con el miedo como norma.
La historia de “La Gorda Laura” es también la de un territorio donde el Estado aparece con fuerza solo cuando hay un operativo, pero no cuando faltan oportunidades. Y ahí está el núcleo del problema: desarticular una banda es un logro policial; evitar que surja la próxima, es una deuda política. Mientras tanto, el barrio sigue aprendiendo a vivir entre las sombras y los flashes de los allanamientos, con la certeza de que, en el conurbano, el silencio también es una forma de supervivencia.
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