Un grupo de unas veinte personas irrumpió en el edificio judicial de San Martín, donde funciona el Juzgado de Garantías N°5 a cargo del juez Nicolás Schiavo, exigiendo la liberación de detenidos vinculados a causas por delitos graves.
Región 05/02/2026
Un confuso y grave episodio se registró en el mediodía del miércoles en el edificio judicial ubicado en Pueyrredón y Cerrito, en San Martín, donde funciona el Juzgado de Garantías N°5 a cargo del juez Nicolás Schiavo. Según denunció el propio magistrado, un grupo de alrededor de veinte personas irrumpió en la mesa de entradas portando armas blancas y exigiendo la liberación de detenidos vinculados a causas de narcotráfico.
El hecho generó inmediata preocupación institucional. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense emitió un comunicado expresando su “enérgico repudio y preocupación”, advirtiendo que la situación expuso “la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones” quienes trabajan en los tribunales y reveló “la insuficiente protección de los edificios judiciales” en el marco del impacto operativo de la desfederalización del narcomenudeo.
De acuerdo a fuentes consultadas, el episodio estaría relacionado con un procedimiento realizado el 22 y 23 de enero en la Villa Loyola, que derivó en once detenidos —tres menores y ocho adultos— a quienes se les secuestraron un fusil calibre 12/70, una pistola 9 mm, chalecos antibalas de distintas fuerzas, más de 120 balas y una moto. Ocho de ellos quedaron bajo la órbita del Juzgado N°5 de Schiavo por delitos conexos, aunque sin imputación directa por narcotráfico.
En tribunales, algunas versiones apuntan a que los manifestantes responderían a sectores vinculados a Max Alí Alegre, alias “Alicho”, uno de los capos narco de San Martín y rival histórico de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba. No obstante, fuentes de la Justicia federal relativizan esa hipótesis: “Son soldaditos que van al mejor postor. No se puede afirmar lealtad a una banda u otra”.
Incluso dentro del ámbito judicial hubo discrepancias sobre la magnitud del incidente. Un reporte policial sostiene que se trató de “una manifestación pacífica” de veinte personas que se retiró sin provocar daños, aunque en otra parte del mismo documento se menciona la sospecha de que habrían ingresado al juzgado. Esta contradicción alimentó la discusión interna sobre lo ocurrido y sobre la seguridad del edificio, que no cuenta con cámaras exteriores ni interiores.
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